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El Gobierno de Johnson rebaja sus amenazas en vísperas de la reunión con la UE sobre el futuro del acuerdo del Brexit

Bruselas advierte de represalias si Londres suspende unilateralmente en el encuentro de este viernes lo pactado sobre Irlanda del Norte

Maros Sefcovic (a la izquierda) y David Frost (derecha), durante una reunión en Londres el 9 de junio.
Maros Sefcovic (a la izquierda) y David Frost (derecha), durante una reunión en Londres el 9 de junio.POOL (Reuters)
Rafa de Miguel

El arte de la negociación británica consiste en utilizar cada movimiento para afianzar la propia ventaja. Incluso el movimiento de repliegue. Los representantes del Reino Unido y de la UE vuelven a reunirse este viernes para intentar desencallar las conversaciones en torno al protocolo de Irlanda del Norte. El tono de ambas partes se ha vuelto más agresivo en las últimas semanas, y Bruselas advierte ya de posibles represalias si Londres decide finalmente suspender de modo unilateral el acuerdo. Pero el ministro de Boris Johnson para el Brexit, David Frost, ha rebajado el tono de su inminente amenaza de invocar el artículo 16 del protocolo, la piedra de toque que permitió una salida pactada del Reino Unido de la UE.

Frost y Sefcovic se verán de nuevo las caras en Londres este viernes. Nadie contempla que Frost anuncie ya la aplicación del artículo 16. Se espera en cambio, que sea el día en que Bruselas dé un puñetazo en la mesa y muestre que su paciencia se ha agotado. “Les pido amablemente que mantengan la calma y que respondan de un modo proporcional”, decía el negociador británico en su comparecencia en la Cámara de los Lores, antes de anunciar su enésimo repliegue. Por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, Thomas Byrne, criticó en una entrevista radiofónica la actitud del Reino Unido de “tipo duro”, que calificó de “contraproducente” y, aseguró, “conducirá al desastre”.

“Bajo mi punto de vista, este proceso de negociaciones no ha llegado a su final. Aunque llevamos casi cuatro semanas hablando, hay planteamientos, muchos de ellos sugeridos por nosotros, que no han sido examinados seriamente”, explicó Frost el miércoles en la Cámara de los Lores. “No renunciaré a este proceso hasta que no quede absolutamente claro que no se puede hacer nada más. Y todavía no hemos llegado a ese punto”, admitía el ministro, que, sin embargo, mantenía la amenaza del artículo 16, que implica la suspensión del protocolo, como “la única opción” si las negociaciones fracasan.

¿Qué ha pasado esta vez? ¿Se trata de nuevo del habitual órdago negociador de Londres, tan exprimido durante todas las negociaciones del Brexit? Frost anunció solemnemente el pasado 4 de octubre, durante el congreso del Partido Conservador en Mánchester, que las condiciones para invocar el artículo 16 ya existían, y creó una sensación de inevitabilidad al anunciar que el Gobierno de Johnson se daba tres semanas para concluir si era posible llegar a un acuerdo con la UE.

Desde entonces, la presión de los partidos unionistas de Irlanda del Norte, que consideran el protocolo una traición, ha ido en aumento. La violencia y el vandalismo han regresado a las calles de Belfast o Derry, azuzados por las fuerzas paramilitares unionistas. Nunca aceptaron la solución acordada entre Londres y Bruselas para evitar una nueva “frontera dura” en la isla de Irlanda, que pusiera en peligro la paz alcanzada por el acuerdo de Viernes Santo.

Para preservar el mercado interno de la UE, decidieron que Irlanda del Norte permaneciera dentro. Los controles aduaneros y sanitarios de mercancías tendrían una nueva frontera, el mar de Irlanda, la franja de mar que comparte con Gran Bretaña. Fue un tratado firmado por el propio Johnson, pero también una herida ideológica y práctica que no ha dejado de escocer.

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Ideológica, porque establecía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sería el organismo que supervisara el correcto funcionamiento del mercado interior en territorio norirlandés. Toda una afrenta —un tribunal extranjero en territorio soberano británico— que los euroescépticos, con Johnson a la cabeza, no podían tolerar. Por eso el Gobierno británico ha incorporado a sus nuevas exigencias que el TJUE desaparezca de Irlanda del Norte, una petición que Bruselas considera inasumible.

Pero también era una herida práctica, porque los controles sanitarios y aduaneros impuestos a las mercancías que fluyen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte han supuesto un quebradero de cabeza para muchas empresas británicas. Fue la llamada “guerra de las salchichas”, porque parte de esos controles afectaban a productos cárnicos destinados a los supermercados norirlandeses. Bruselas quiso mostrar flexibilidad, y ofreció al Reino Unido unos ambiciosos ajustes del protocolo que rebajaban hasta en un 80% los controles. La oferta fue recibida con oídos sordos. Londres había redoblado su apuesta y quería prácticamente una renegociación en profundidad del tratado.

Las consecuencias del artículo 16

El artículo 16 es un mecanismo de salvaguarda pensado para evitar “graves consecuencias económicas, sociales o medioambientales de potencial persistencia” derivadas de la aplicación del protocolo. Londres ha jugado todo este tiempo con la idea de que era una opción legal y hasta razonable, no el “botón nuclear” que muchos analistas han querido ver.

Se convertía así, a ojos del negociador Frost, en un arma negociadora de doble ventaja. Como amenaza, añadía presión a las negociaciones. Y si finalmente se convertía en una realidad, serviría para reiniciar el pulso entre Londres y Bruselas y comenzar a discutir de nuevo. A fin de cuentas, el propio protocolo establece que, antes de suspender nada, la parte que aplica el artículo 16 debe avisar a la parte contraria. Ambas disponen a continuación de hasta un mes de plazo para estudiar la situación en el Comité Conjunto UE-Reino Unido. Y en cualquier caso, la posible suspensión de partes del protocolo debe ser temporal y revisable cada tres meses. Es decir, el escenario idílico para el Gobierno de Johnson: la negociación perpetua.

¿Dónde ha estallado la sorpresa? La obsesión de Johnson, durante el largo proceso de negociación del Brexit, fue cerrar un acuerdo comercial con la UE que no dejara al Reino Unido a la intemperie, evitara aranceles y cuotas y ofreciera seguridad jurídica a las empresas. Primero se negoció el acuerdo de retirada, con el protocolo de Irlanda anejo. Solo un año después se firmó el tratado de libre comercio, que entró en vigor en enero de 2021. La Unión Europea ha pillado esta semana al Gobierno británico con la guardia baja al advertirle de que el protocolo y el acuerdo comercial van de la mano. “Un tratado está supeditado al otro. Si deciden suspender la aplicación de uno de ellos, existe el riesgo de que la UE retire el otro”, anticipaba esta semana el ministro de Exteriores de la República de Irlanda, Simon Coveney.

El mensaje lo lanzaba Dublín, pero lo respaldaba Bruselas. Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la negociación con Frost, planteaba esta semana esa opción en su reunión de trabajo con los embajadores de los Veintisiete y los europarlamentarios. Más allá de la posibilidad de poner en marcha una respuesta jurídica, o incluso acudir a un mecanismo de arbitraje, la amenaza de echar atrás el acuerdo comercial es la más eficaz para torcer el brazo a Londres. El debate entre los diferentes socios oscila entre la aplicación de medidas de presión y respuesta sobre determinados intercambios de bienes o la suspensión general del acuerdo comercial. Y esta segunda opción gana peso, porque evitaría agravios entre diferentes países, informa desde Bruselas Bernardo de Miguel.

El propio acuerdo prevé un plazo de notificación previa de nueve meses a un año antes de dar por terminada su vigencia, lo que de facto abriría la posibilidad de renegociar las partes conflictivas antes de consumar la ruptura definitiva. Esa espada de Damocles volvería a volcar toda la presión sobre Londres, y resucitaría de nuevo el fantasma de un Brexit duro o “salvaje”, que tanto se invocó como conjuro durante las largas negociaciones de 2020.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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