Tibisay Lucena, del Poder Electoral venezolano al Gabinete de Maduro

Tibisay Lucena, durante 12 años directora del Consejo Nacional Electoral y símbolo de la institucionalidad creada por el chavismo, ha sido designada por el Presidente Nicolás Maduro como ministra de Educación Universitaria. El anuncio fue hecho por el mandatario venezolano con relativa discreción en su cuenta de Twitter.

Lucena sustituye en el cargo a César Trompiz. Maduro comentó que Lucena, “con su amplia experiencia y vocación pedagógica, contribuirá a elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional”. Antes de este nombramiento, ejercía de rectora de la Universidad Nacional de las Artes, bajo control estatal.

Aunque no es la primera vez que queda en evidencia la comunión de intereses entre los integrantes de los poderes públicos venezolanos y el oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, el tránsito de Lucena al Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro ha sido todo un matiz, que ha generado una ola de críticas airadas en la opinión pública.

Sectores de la sociedad venezolana consideran a Lucena el “Caballo de Troya”, la “bestia negra” de la institucionalidad oficialista para impedir el acceso al poder de la oposición por la vía electoral, honrando el principio constitucional de la alternabilidad política.

A la cabeza del Poder Electoral desde 2008, Lucena –socióloga con maestría en procesos electorales, de 63 años, egresada de la Universidad Central de Venezuela– se hizo conocida por cultivar un tono neutro y esquivo para anunciar escrutinios y desenlaces de comicios, a veces a altísimas horas de la noche. Rectora suplente del CNE desde 1999, y con indiscutibles conocimientos técnicos, pudo ejecutar con solvencia y rigor las citas comiciales de aquel tiempo, con resultados aceptados por todos y sin producir mayores enconos en su contra.

Hacia 2010, sin embargo, cuando las fuerzas opositoras comenzaron a crecer, y surgieron preocupaciones en el tablero del poder del chavismo, ella –como las también rectoras Tania D´Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas—hicieron valer su mayoría en la directiva del CNE para construir una poderosa barrera reglamentaria que controlara los eventos electorales y favoreciera el status quo: lagunas en el Registro Electoral, migraciones caprichosas de votantes, reconfiguración de circuitos electorales para favorecer las zonas de influencia del chavismo, asimetrías en el acceso a los medios, y en general un estado de permisividad para que la presidencia controlara los recursos necesarios para asegurarse su reelección, mientras, al mismo tiempo, se lo prohibía a sus competidores.

La conducta de Lucena frente al CNE se volvió particularmente polémica a partir de 2016, el año siguiente a la sorpresiva victoria de la oposición en las elecciones legislativas, fecha en la cual el Poder Electoral se negó a tramitar la solicitud de Referéndum Revocatorio contra Maduro que hicieron sectores civiles disidentes. También toleró, en 2018, una elección presidencial muy cuestionada, con altísima abstención, en la cual fueron impedidos de participar partidos y liderazgos opositores, y la propia fecha de la elección fue convocada 8 meses antes de lo pautado de forma inconsulta, para ejecutar luego una microcampaña electoral de 12 días que pudiera aligerar el trámite a Maduro.

El Consejo Nacional Electoral prestó su plataforma técnica y amparo institucional para que Maduro convocara la famosa Asamblea Constituyente de 2017, disuelta el año pasado, que no produjo ningún resultado ni sancionó nada en particular, salvo ser una especie de parlamento chavista en la sombra frente al Legislativo conquistado por la oposición con los votos.

“Es una figura extremadamente controversial, no tiene autoridad ni experiencia frente al mundo académico”, comenta Trino Márquez, analista político, y sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, (UCV). “Fue una pieza clave en el andamiaje chavista para fomentar sospechas sobre las elecciones de estos años. El sistema universitario venezolano es muy complejo y en este momento está en una gran crisis generalizada”, agrega.

Rafael Uzcátegui, también sociólogo, directivo del Programa Avanzado de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, opina que “la designación de Lucena reitera la ausencia de institucionalidad democrática en el funcionamiento del estado venezolano, donde el principal y único criterio para ejercer funciones es la fidelidad política”

Lucena está hoy sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y, algunos países latinoamericanos como Panamá y Colombia, acusada de llevar adelante desde su cargo acciones que socavan la democracia en Venezuela.

La decisión sobre la nueva ministra Lucena es asumida con total naturalidad por el chavismo. El tránsito de funcionarios y políticos desde las zonas del PSUV y al resto de las instancias del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas, es frecuente como mecánica de gobierno: diputados y fiscales que asumen ministerios; gobernadores electos trasladados a embajadas; militares en funciones asumiendo tareas políticas y que se lanzan como candidatos a gobernadores.

El gran antecesor, orientador y protector de Lucena en el intrincado dominio del Consejo Nacional Electoral de los primeros años del chavismo, era otra figura aparentemente independiente y con criterios republicanos, depurado operador político, que también se hizo célebre por sus decisiones tendenciosas: Jorge Rodríguez, hoy uno de los jerarcas del madurismo.

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