Gambia paga su rechazo a repatriar a sus nacionales

La decisión de la Unión Europea de restringir los visados a los países que no cooperan en la repatriación de los inmigrantes irregulares que se encuentran en territorio comunitario –un nuevo mecanismo aprobado por los Veintisiete en marzo pasado– ha recaído sobre Gambia, una pequeña nación africana de menos de 2,5 millones de habitantes fronteriza con Senegal. Y busca, además, ser un toque de atención al resto del continente: “Es una clara señal de nuestro firme compromiso de usar todas las herramientas pertinentes para mejorar la cooperación en materia de readmisión”, declaró entonces Aleš Hojs, ministro del Interior de Eslovenia, el país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

Con la adopción de este instrumento comenzó el escrutinio de la colaboración de terceros países, que se ha centrado en 39 países durante 2019. Según datos de la Comisión Europea, ese mismo año, menos del 30% de las 490.000 personas que recibieron una orden de expulsión salió finalmente de la UE. De ahí que el Ejecutivo comunitario quiera convertir la política de retorno en una de las claves de su nuevo Pacto de Migración. Sin embargo, cuando los países de origen aceptan repatriar masivamente a sus nacionales en situación irregular se enfrentan a consecuencias de índole económica, política y social. Y los vuelos de deportación son para los Gobiernos africanos un tema especialmente sensible, que genera malestar entre la población.

El conjunto de políticas de inmigración europeas es, para Omer Shatz, profesor de Derecho Internacional en Sciences Po Paris, “incoherente y no muestra respeto por el derecho internacional y por el propio derecho europeo”. El también abogado forma parte del grupo de juristas que ha llevado ante los tribunales a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. “Son políticas de contención a cualquier coste, sin tener en cuenta si son legales o legítimas”, apunta en referencia a las expulsiones en caliente que se registran recurrentemente en las fronteras europeas, e incluso en alta mar.

Gambia es el país del África subsahariana que tiene un mayor número de nacionales pendientes de readmisión: más 12.000, según el embajador de la UE en Banjul, la capital de este país africano. Le sigue de cerca Nigeria, por mucho la nación más poblada del continente africano (206 millones de habitantes), con unos 9.600. Con unos 200.000 ciudadanos residiendo en el exterior, Gambia cuenta con una robusta diáspora que envía cada año unos 186 millones de euros en forma de remesas, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM, dependiente de Naciones Unidas), una cantidad que supone aproximadamente la quinta parte de su PIB. “No tenemos ni las infraestructuras, ni el dinero, ni las empresas suficientes para reintegrar a los miles de emigrantes que Europa pretende deportar. Son un riesgo de desestabilización e inseguridad”, afirma Yahya Sonko, activista gambiano residente en Alemania. Más aún para una democracia frágil de apenas tres años de vida tras más de dos décadas de dictadura.

“Gambia está sirviendo de prueba para otros países”, asegura Sonko. “Nuestro sistema político, nuestro gobierno, es débil, esta es la principal razón por la que la UE se permite sancionarnos. La mitad de nuestros proyectos de desarrollo y numerosas iniciativas están subvencionadas por Europa, que se aprovecha de esta dependencia. Pretenden que Gambia baile al son que Bruselas quiere”, añade.

Gambia no es ni mucho menos el único país que rechaza los vuelos de repatriación. En el último año y medio, como consecuencia del repunte migratorio en Canarias, el Gobierno español ha ejercido una gran presión sobre Senegal para que acepte estos vuelos y ese ha sido el tema central de las visitas a Dakar de la entonces ministra de Exteriores Arancha González Laya y el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, dichos vuelos, paralizados desde 2018, no se han reactivado. Otros países africanos, como Somalia, Malí, Camerún, Guinea-Bisáu, Eritrea, Etiopía o la República Democrática del Congo también han sido advertidos por la Unión Europea. Pero hasta ahora, solo Gambia ha sido sancionado.

Consecuencias políticas

En clave nacional, la decisión del Ejecutivo gambiano de no aceptar vuelos de repatriación en este momento está directamente ligada a la celebración de elecciones presidenciales el próximo 4 de diciembre, en las que el presidente Adama Barrow opta a la reelección. “Hay una motivación política”, carga Sonko. “En los últimos años hubo repatriaciones desde Europa. Pero con las elecciones en diciembre el Gobierno ha dicho que no. El presidente sabe que si lo acepta las familias de los repatriados no le van a votar, esta es la verdadera razón”.

El mantra de la UE, que ha firmado acuerdos de readmisión con 18 países (entre los que figuran Turquía, Albania, Cabo Verde o Bielorrusia), es aumentar la ratio de devolución. En unas recientes declaraciones al periódico The Point, Corrado Pampaloni, embajador de la UE en Gambia, acusó a las autoridades de Banjul de incumplir el acuerdo firmado entre ambas partes en 2018. “En Europa tenemos derecho a no aceptar migrantes que hayan agotado las vías para obtener el derecho a la estadía. No es justo decir que Europa está cerrando las fronteras: simplemente quiere aplicar sus propias reglas, tal como hace Gambia en su territorio”.

Al otro lado del teléfono, Shatz cuestiona con dureza la decisión europea: “¿De cuánta gente estamos hablando? Como máximo, 12.000 personas en una Unión de 500 millones de habitantes”. En su opinión, esta no es más que una cortina de humo que oculta una política antiinmigratoria: “Parece haber una guerra contra la inmigración, como en su día fue la guerra contra el terrorismo”.

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