El desacuerdo entre la izquierda abre una crisis política en Portugal

A los socialistas portugueses les costó menos sumar fuerzas de la izquierda para tumbar el Gobierno de Pedro Passos Coelho en 2015 que pactar ahora con los mismos grupos los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Al menos eso se trasluce de las negociaciones a tres días de la primera votación de los presupuestos, prevista para el miércoles día 27. Los contactos mantenidos este sábado entre el primer ministro, António Costa, y los líderes del Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, y el Partido Comunista de Portugal (PCP), Jerónimo de Sousa, no parecen haber aligerado un camino rodeado de zarzas para el Ejecutivo socialista. Tras la reunión del domingo de la mesa nacional del Bloco, Martins anunció que votarán en contra del proyecto presupuestario “si nada cambia”, aunque precisó que seguirán negociando. El Bloco repetiría así la posición negativa que ya mantuvo respecto a las cuentas de 2021.

La decisión del PCP, que también reunió el domingo a su comité central, será anunciada este lunes en una conferencia de prensa ofrecida por De Sousa. En 2021 fueron el PCP y los minoritarios y ecologistas de Los Verdes y Personas, Animales, Naturaleza (PAN) quienes permitieron con su abstención sacar adelante el proyecto presupuestario del Gobierno. En 2020 los socialistas salvaron el trámite gracias a la abstención del PCP y del BE. El Partido Socialista (PS) tiene tan solo 108 diputados en una Cámara de 230 escaños, pero le bastaría el apoyo del Bloco (18 diputados) o del PCP (12) para dar luz verde al Presupuesto.

Lo más paradójico del actual momento político de Portugal es que casi nadie quiere una crisis que conduzca a unas elecciones anticipadas en un año en el que el país recibirá una lluvia de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. No lo desea el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que podría convocarlas si fracasa la aprobación de los presupuestos, pero que hace continuos llamamientos a favor de la estabilidad: “Continúo esperando la posibilidad de que los Presupuestos Generales sean aprobados. Mantengo el mismo deseo y la misma expectativa. Tengo solo un escenario en la cabeza y no voy a especular sobre otros”. Si se aprueba, dijo este fin de semana, ahorraría “muchos costes, muchos problemas y algunas preocupaciones”.

Tampoco desea un adelanto electoral el Partido Socialista, que teme que su pérdida de alcaldías en las últimas elecciones municipales sea el primer aviso de un cambio de ciclo en el país, ni su principal rival, el conservador Partido Social Demócrata (PSD), teórico beneficiario de la crisis socialista, pero que ahora mismo vive tensionado por el proceso de elección de su próximo líder. Tampoco los partidos de la izquierda encaran con tranquilidad un anticipo electoral. Los comicios municipales significaron un retroceso del PCP, una organización con histórica implantación local, y la irrelevancia del Bloco en los ayuntamientos, que apenas logró concejales. A esto se sumaría la incógnita de cuánto les penalizarían en las urnas sus votantes si les responsabilizan del adelanto electoral.

El Gobierno portugués redobló esta semana sus esfuerzos para contentar a la izquierda con la aprobación de medidas en sanidad, empleo, pensiones y cultura, pero no parece que hayan servido para convencer a sus antiguos socios de la llamada geringonça, como se bautizó la alianza entre las tres formaciones que provocó la salida del Gobierno de Passos Coelho en 2015. El jueves, mientras el primer ministro participaba en el Consejo Europeo en Bruselas, un Consejo de Ministros que duró 10 horas aprobó el nuevo Estatuto del Servicio Nacional de Salud, que regula la exclusividad de los profesionales para que no ejerzan en paralelo en el sector privado (en la primera fase se limita a médicos con responsabilidades de servicio), y varias medidas en materia laboral como la mejora de las indemnizaciones por despido en algunas modalidades de contrato (de 18 a 24 días por año) o el aumento de la retribución de las horas extraordinarias que superen las 120 horas extras anuales. Además se dio luz verde al Estatuto Profesional para el sector de la cultura, también reclamado por la oposición de izquierdas, y hace una semana se aprobó otra medida dirigida a satisfacer al PAN: la prohibición de que los menores de 16 años asistan a corridas de toros.

Costa no solo no logró el efecto buscado, sino que además irritó a la patronal hasta el extremo de que han dado un portazo en la Comisión Permanente de Concertación Social, donde se sientan con el Gobierno y los sindicatos. Cuatro organizaciones empresariales anunciaron que suspendían su participación en la comisión después de que el Gobierno aprobase esas reformas, que no estaban previstas en la comisión con los agentes sociales. António Costa se vio obligado a pedir disculpas a los empresarios por el “fallo” en el procedimiento seguido.

Otras de las medidas de calado anunciadas en los últimos días por el primer ministro han sido el anuncio del aumento del salario mínimo en 40 euros para 2022 (se situaría en 705 euros), la mejora de las pensiones y la gratuidad de las guarderías, tres reivindicaciones de los comunistas. El límite de las cesiones socialistas está colocado en mantener “as contas certas” (las cuentas correctas). Esto es, alinear el presupuesto con las cifras que demanda la ortodoxia fiscal de Bruselas. La previsión para 2022 es de un crecimiento de la economía del 5,5%, un déficit del 3,2% y una deuda pública del 123% del PIB. A la vista del previsible fracaso en la votación del miércoles, Costa ha anunciado su disposición a seguir gobernando aunque la decisión de convocar elecciones depende del presidente de la República.

Y crisis a la derecha

Una de las pocas cosas que puede tranquilizar estas semanas a António Costa es que su principal adversario, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), está más pendiente de su crisis de liderazgo interno que de la debilidad socialista. Una convocatoria de elecciones anticipadas en este momento cogería a la formación conservadora con el pie cambiado, teniendo en cuenta que hasta el próximo 4 de diciembre no se sabrá quién será el próximo presidente del partido. A esas elecciones concurren el actual presidente y exalcalde de Oporto, Rui Rio, y el eurodiputado Carlos Rangel. Antiguos aliados de Rio han mostrado ya abiertamente su respaldo a Rangel, así que se prevé para las próximas semanas una carrera poco elegante para cosechar apoyos. “En el corto espacio de tres semanas una incomprensible tendencia autofágica ha originado divisiones internas que el buen sentido aconsejaría evitar en un periodo tan favorable para nuestro partido”, reconoció la semana pasada el propio Rio, cuando anunció su candidatura.

A pesar de que las elecciones municipales celebradas a finales de septiembre dieron inesperadas alegrías al PSD, que arrebató al Partido Socialista las alcaldías de Funchal, Coimbra y Lisboa, su actual líder no ha rentabilizado el triunfo. En lugar de reforzarle, los comicios locales parecen haber erosionado aún más a Rui Rio, incapaz de convertir el inesperado triunfo del excomisario europeo Carlos Moedas en Lisboa después de 14 años de gobiernos socialistas en una victoria propia. A Rio le cuestionan su tibia oposición a los socialistas y apenas le aplauden el acierto estratégico de apostar por coaligarse con otros partidos a la derecha para ofrecer un bloque electoral compacto. La decisión fue clave para sus triunfos en Coimbra, Funchal y Lisboa, donde Moedas también integró a numerosos independientes.

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