La eutanasia cancelada de Martha Sepúlveda: cuando tu decisión de morir se convierte en debate nacional

Todos los días desde que le cancelaron la eutanasia, Martha Sepúlveda se ha enfrentado a una pregunta recurrente: “¿Sigues segura de tu decisión?”. Sus abogados, que adelantan demandas para que sea autorizado nuevamente el procedimiento de muerte digna, se la repiten para saber si continúan con esos trámites judiciales.

Afuera, en el mundo que ella ya no quería vivir desde que padece la enfermedad degenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), arrecia un vendaval de opiniones, juicios, entrevistas y comunicados, que han intentado aplastar a esta mujer de 51 años, que días antes salió en un reportaje de televisión plena y sonriente esperando su muerte.

Su respuesta –cuenta su abogada Camila Jaramillo– ha sido invariable. “No he cambiado de opinión”, les dice. Lo que sí le ha cambiado es la sonrisa, que ya no la tiene.

La eutanasia que no fue

El domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana, Sepúlveda esperaba morir. A esa hora ya debía haber ido a la clínica Instituto Colombiano del Dolor, Incodol, en Medellín, se habría ubicado en un cuarto donde le habrían preguntado en varias oportunidades si entendía las consecuencias de su decisión y si estaba de acuerdo, y ella habría dicho que sí. Luego le habrían inyectado un sedante con otras sustancias y, sin consciencia, moriría por un paro cardiorespiratorio. “Inconsciente y sin dolor”, agrega Jaramillo.

Luego, como la mujer lo había pedido, se haría una misa y se cremaría su cuerpo, todo el mismo domingo, día importante para una mujer católica como ella. Terminaría así con el sufrimiento que le produce la enfermedad por la que requiere ayuda para caminar.

Nada de eso ocurrió. Misa, cremación y encuentros familiares para recordarla quedaron suspendidos. Un comité científico de personas que ella no conoce, y que ya había autorizado antes su eutanasia, decidió que no sería así.

La noche del viernes 8 de octubre, una carta se deslizó por la puerta de la casa donde viven Sepúlveda y su hijo, Federico Redondo. Les anunciaban que se había cancelado el procedimiento. Ambos pensaron que era una broma de mal gusto, algún fanático religioso molesto por su decisión.

“Cuando le conté que era real yo temblaba y ella, que tampoco lo creía, terminó riéndose. ‘Entonces será cuando Dios quiera’, dijo”, cuenta Camila Jaramillo, que pertenece al Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desclab), que lleva varios casos de eutanasia.

Su caso ha sacudido a Colombia y se ha convertido en tema de conversación entre familias, en cafés y restaurantes en ciudades grandes y también pequeñas y ha generado decisiones políticas y jurídicas. Sepúlveda iba a ser la primera mujer en el país en acceder a la eutanasia –despenalizada en 1997 y reglamentada en 2015– sin tener una enfermedad terminal.

Para ella todo empezó hace tres años cuando sintió un dolor profundo en la mano y le diagnosticaron ELA. Con el tiempo, comenzó a perder movilidad y a necesitar más ayuda para dar pasos, para asearse y eventualmente para comer. Venía mascullando la idea de la eutanasia hace tiempo, discutiéndola con su hijo y con su madre, que no estaba de acuerdo.

Hasta 2021 esa opción estaba disponible en Colombia para pacientes con enfermedades cuyo pronóstico de vida es menor a seis meses. Pero en julio, la Corte Constitucional extendió el derecho a la muerte digna a personas con enfermedades no terminales que por causa de ellas tengan “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables”.

La de Sepúlveda es incurable y como ella ha dicho le causa sufrimiento. Por ello, cuatro días después de conocer la sentencia solicitó a su clínica acceder al procedimiento bajo ese nuevo fallo. La institución médica lo estudió y se lo autorizó, después del análisis de un comité científico basado en su historia clínica. La mujer hizo el duelo, se despidió de los suyos y, el domingo anterior a la fecha prevista para su eutanasia, salió en televisión el domingo en horario de máxima audiencia.

Una sociedad religiosa

Colombia es un estado laico, pero su población es mayoritariamente católica. La misma Martha, que vive en Antioaquia, uno de los departamentos más religiosos del país, la practica. Sus palabras, pero sobre todo su sonrisa ante las cámaras de televisión, causaron polémica y un comunicado de la Iglesia que le pedía replantear su decisión.

Tras el reportaje, en el transcurso de la semana, la clínica llamó a la mujer para una nueva revisión con una neuróloga. La familia creyó que era un trámite más y asistió. Nunca les dijeron que estaban revaluando la decisión. La neuróloga consignó, de acuerdo con el portal La Silla Vacía, que Martha tenía un “mayor deterioro de la marcha” y había perdido fuerza en sus miembros superiores. Por eso la decisión de dar marcha atrás al procedimiento causó desconcierto.

En medio de la avalancha, el gerente de la clínica, Fredy Quintero, aseguró que encontraron que la enfermedad de Martha “no había progresado en los últimos tres meses y tiene una mayor expectativa de vida”. Fernando Redondo explotó en sus redes sociales: “¿De qué mejoría habla (Incodol)? Si en la cita a la que mi mamá se vio obligada a ir por exigencia de Incodol la conclusión de la especialista fue otra radicalmente distinta, ¿el sustento de esto es una valoración que se le hizo a mi mamá por TV?”, denunció en su cuenta de Twitter.

Las lecturas sobre lo que pasó van desde lo jurídico hasta lo político. El representante a la Cámara José Reyes Kuri, del partido Liberal, quien ha presentado tres proyectos de ley de eutanasia, considera que ante el impacto mediático del reportaje, la clínica se asustó porque el Ministerio de Salud no había actualizado la reglamentación sobre el procedimiento de eutanasia bajo las condiciones que aprobó en julio. “Relacionado a eso creo que también influye un Congreso que no ha legislado sobre un derecho tan importante y además, una presión muy fuerte de grupos religiosos que quieren imponerle su visión del mundo al resto de la sociedad”, dijo a EL PAÍS.

El caso de Martha movilizó entonces al Gobierno de Iván Duque, cuyas bases son conservadoras y usualmente contrarias a la eutanasia y el aborto en Colombia. Ante la polémica, el Ministerio se escudó en que el último fallo no se conocía en su integralidad y que ellos no habían sido notificados. Por lo tanto, dijeron, “no se producen los efectos jurídicos derivados de la sentencia”. Sin embargo, desde hace dos décadas, en Colombia estos tienen efectos desde que son comunicados por la Sala Plena del tribunal constitucional.

Un día después, la Corte Constitucional –hoy de mayoría liberal– le respondió al Gobierno, publicó el fallo completo e instó al Congreso a avanzar en la “protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho”.

Martha y su hijo han guardado silencio. Ella, ha dicho el muchacho, volvió a tener un semblante sombrío como cuando empezó a deteriorarse por la enfermedad. Su decisión de morir se convirtió en una discusión nacional que promete no detenerse. Según cuenta su abogada, Sepúlveda decidió retirarse al campo y esperar a que le reprogramen la eutanasia. Se mantiene en su decisión.

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