La Corte IDH establece que la reelección indefinida no es un derecho humano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que “la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Esta “opinión consultiva” de la Corte ha sido recibida con gran interés y polémica en Bolivia, que sigue afectada por la grave crisis política causada por el rechazo de ciertos sectores de la población a la cuarta postulación presidencial de Evo Morales en 2019.

Para conseguir que Morales se habilitara entonces, pese a que la Constitución lo prohibía, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), logró una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual las reelecciones podían sucederse indefinidamente porque este era un “derecho humano”. Para ello, el Constitucional boliviano se basó en su propia interpretación de la Convención Americana o Pacto de San José. Ahora esta interpretación ha sido refutada por la Corte Interamericana, que es la encargada de dirimir las controversias sobre la Convención.

“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, señala la Opinión Consultiva 28/21. Esta fue solicitada por el presidente de Colombia, Iván Duque, en octubre de 2019, principalmente por lo que entonces sucedía en Bolivia. Sin embargo, Nicaragua y Honduras también se apoyaron en el Pacto de San José para ampliar la reelección de sus gobernantes.

El dictamen se justifica por la necesidad democrática de impedir que las mayorías se queden en el poder a costa de las minorías. “La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”, indica. Y considera que esta prohibición “busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder”.

Las decisión de la Corte Interamericana ha sido blanco de elogios y de ataques desde tres frentes del debate político boliviano. Evo Morales declaró que era “una opinión genérica (...) en ninguna parte del documento se menciona a Evo o a Bolivia”. Además, tuiteó que “la opinión consultiva promovida por Duque, el violador de derechos humanos en Colombia, es un ataque del golpista [Luis] Almagro y sus cómplices de la derecha para desestabilizar políticamente la democracia”. “Como nunca nos pudieron ganar en las urnas, usan a la Corte IDH para justificar sus derrotas”, añadió.

El encono de Morales contra el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se debe a que esta organización auditó los comicios de octubre 2019 (en los que Evo Morales se reeligió por cuarta vez) y determinó la existencia de graves irregularidades. El informe de la OEA condujo a la anulación de esas elecciones y a la convocatoria a una nuevas, en las que Morales ya no pudo postularse.

Por eso el ministro de Justicia, Iván Lima, también militante del MAS, ha señalado que hoy Bolivia no tiene inconvenientes con la determinación de la Corte Interamericana, pues la reelección indefinida fue anulada por el país luego de lo sucedido en 2019. Las definiciones de la Corte Interamericana son obligatorias para todas las naciones que firmaron el Pacto de San José.

EL MAS cree que la convulsión social que generó la denuncia de fraude electoral y la auditoría de la OEA fue parte de un golpe de Estado que al final derrocó al presidente Morales con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía. La oposición defiende la tesis de que se trató de un movimiento espontáneo que hizo frente a un “monumental fraude”.

Si bien Evo Morales ha asegurado que en este momento no está pensando en las elecciones de 2025, se lo considera el postulante más probable del MAS cuando concluya la gestión del actual presidente, Luis Arce. Desde el frente de la oposición se ha tratado de usar el dictamen de la Corte para impedir esta posibilidad. Uno de los más importantes líderes de esta corriente, Carlos Mesa, celebró la “reparación histórica de la democracia en Bolivia con el fallo vinculante” de la Corte y propuso un juicio contra los magistrados del Tribunal Constitucional que interpretaron la Convención a favor de Morales y contra el propio expresidente por “incumplimiento de deberes y atentar contra la soberanía popular”.

Algunos de los principales periódicos bolivianos acusaron a Morales de haber gastado cientos de millones de bolivianos en las maniobras electorales y judiciales orientadas a lograr su reelección. El diario El Deber, el más importante de Santa Cruz, se sumó a la posición de Mesa y pidió un juicio contra los promotores de la habilitación del líder del MAS. También cuestionó la idoneidad de los dos jueces de la Corte Interamericana que votaron en contra de la Opinión Consultiva 28/21, el argentino Raúl Zaffaroni y el ecuatoriano Patricio Pazmiño.

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