Castillo se reivindica como presidente legítimo ante las llamadas a boicotear su investidura en Perú

El maestro rural Pedro Castillo se reivindicó este martes como próximo presidente legítimo de Perú. El candidato de izquierdas, que aventaja en el escrutinio inicial a Keiko Fujimori por un margen muy estrecho de votos (44.185), y a la espera de la resolución de las impugnaciones presentadas por su rival, quiso neutralizar así los llamamientos de un sector del fujimorismo y de las élites del país a impedir su investidura a cualquier precio. El partido de Fujimori ha pedido la anulación de 200.000 votos de la Amazonia y los Andes, unas zonas históricamente olvidadas y excluidas. Castillo arrasó allí con un discurso en contra de la clase dominante. ”No vamos a permitir que se siga discriminando. El pueblo ha elegido y eso se debe respetar”, dijo.

El candidato convocó en la sede de su partido en Lima a la prensa internacional. A la hora convenida apareció Dina Boluarte, la que será su vicepresidenta, y tres expertos en procesos electorales que le asesoran. Boluarte se excusó: “El candidato no puede venir. Le ha ganado el tiempo en una reunión”. Castillo, sin embargo, llegó pasada una hora y cuarto, se disculpó y agarró el micrófono. Su intervención fue breve, pero contundente: “Hay voces que vienen incluso de personalidades con toda una experiencia política, de querer ir más allá de querer judicializar la voluntad popular del pueblo peruano”.

Castillo se refiere al congresista Jorge Montoya, del partido ultaderechista Renovación Popular y que en segunda vuelta hizo campaña por Fujimori, que llamó a anular estas elecciones y convocar a otras. Otro político retirado instó a echar al presidente en funciones, Francisco Sagasti, para anular el resultado y convocar otro proceso electoral. El presentador de un programa de televisión llamó a los ciudadanos a tomar el Palacio de Gobierno, lo que recordó a la toma del Capitolio por los seguidores de Donald Trump que, igual que los fujimoristas, parecen convencidos del fraude en las elecciones pese a las evidencias de que no fue así. En el asalto en Washington murieron cinco personas.

El fujimorismo quiere hacer una enmienda a la totalidad. La abogada de Fuerza Popular, Milagros Takayama, ha pedido una auditoría al proceso informático de digitalización de actas electorales. Aparte, un par de abogados ha presentado al Ministerio Público una denuncia penal de “atentado de derecho al sufragio”. Sustentan la denuncia en casos difundidos por un canal de cable que suele emitir noticias sin comprobar. En días pasados, los organismos electorales ya habían calificado como falsas esas supuestas irregularidades que los abogados recogieron de la televisión. En las dos últimas semanas, el tribunal electoral y la entidad que realiza el escrutinio oficial han tenido que crear una unidad de fact-checking (verificación de datos) para desmentir estas versiones que los defensores de Fujimori diseminan en la prensa aliada y en las redes sociales.

En paralelo, los que alientan la campaña para no reconocer los resultados siguen realizando plantones de acoso ante las casas de las autoridades electorales y de líderes de opinión que declararon ganador a Castillo. Algunos de los manifestantes que participan en las marchas que alegan que hubo “fraude”, como dice Fujimori, usan símbolos del neofascismo como las antorchas de los supremacistas blancos estadounidenses y el saludo nazi al cantar el himno. Un comunicado firmado por 63 altos mandos militares retirados ―entre ellos congresistas electos del fujimorismo y de formaciones aliadas de derecha― pidió la salida del presidente del tribunal electoral, llamó a estar vigilantes ante el candidato Castillo y a “fortalecer la confianza en las fuerzas armadas y policiales”. El Ministerio de Defensa aclaró que el pronunciamiento usaba ilegalmente los emblemas de los institutos armados y lamentó el uso político de esas instituciones.

La victoria en el escrutinio inicial de Castillo ha provocado temor entre la élite limeña. El profesor rural y sindicalista, hasta hace unos meses poco conocido, sobre todo en la capital del país, dijo en campaña que revisaría los contratos con las empresas extranjeras y que convocaría un referéndum para redactar una nueva Constitución que diera al Gobierno mayor poder sobre la economía del país. A diferencia de otros presidentes con quienes esos empresarios tenían línea directa, Castillo no se pone al teléfono ni conoce esos círculos de poder. Es un político llegado desde los márgenes, que al día siguiente de su victoria en primera vuelta se levantó temprano para ordeñar una vaca y trabajar en su huerto.

Para hacer de contrapeso, Castillo ha nombrado a Pedro Francke, un economista de izquierdas experto en políticas públicas. En Lima es un profesional respetado. Lleva desde que se conoció la victoria del profesor rural reuniéndose con empresarios intranquilos por la imagen que les ha llegado sobre el candidato. No se ha hecho público todavía, pero todo apunta a que será el próximo ministro de Economía. “No habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones”, dijo Francke en esa misma rueda de prensa. “Ni confiscaciones ni nada. Todas esas mentiras se dijeron durante la campaña, deformando la propuesta”.

El dólar subió la semana pasada hasta 3,94 soles, el punto más alto en la historia, pero ha bajado hasta 3,90 y ahí se ha estabilizado. Aníbal Torres, uno de los juristas que comanda el equipo legal que enfrenta la batalla de recursos y apelaciones del fujimorismo a la victoria de Castillo, fue muy directo a la hora de valorar el momento que se vive en Perú: “Están tramando un golpe de Estado”.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver ahora las apelaciones de Fujimori. Nunca antes se había presentado un número tan alto. Hasta el momento se han desestimado todos los casos que se han estudiado. Pasarán a una segunda instancia. Resuelto esto, tendrá que proclamar un ganador, que todo apunta a que será Pedro Castillo. El fujimorismo, sin embargo, asegura que llegará hasta el final y que incluso llevará el caso al Poder Judicial. Perú, mientras tanto, seguirá en vilo, con una fractura social cada vez más profunda. Eso no se puede arreglar en los tribunales.

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