El sádico asesinato de un tío y un sobrino por robar carne en un supermercado en Brasil

Cuatro bandejas con cinco kilos de carne sentenciaron a muerte a Bruno Barros, de 29 años, y a Yan Barros, de 19. Sorprendidos mientras intentaban llevarse los productos en un establecimiento de Atakadão Atakarejo, en Salvador, Bahia, tío y sobrino fueron víctimas de un tribunal del crimen organizado promovido por el propio supermercado. El gerente y los vigilantes de seguridad entregaron a Yan y a Bruno a los traficantes, quienes los torturaron, asesinaron y posteriormente abandonaron sus cuerpos en el maletero de un coche.

El suceso, que ocurrió el 26 de abril en la favela Nordeste de Amaralina, revela cómo los supermercados brasileños pueden ser escenarios de actos de violencia cometidos por sus propios empleados. Casos así no son extraordinarios, tal y como pasó con João Alberto y Pedro Gonzaga, que murierona a manos de los vigilantes de seguridad de Carrefour y la cadena Extra, respectivamente. Alberto fue golpeado hasta la muerte en noviembre del año pasado en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Gonzaga, en un mercado de Barra da Tijuca, barrio rico de Río de Janeiro.

En común entre los tres crímenes, un marcador racial: todas las víctimas eran negras. En Atakarejo, sin embargo, a la situación hay que sumarle un nuevo componente: la asociación entre la empresa y el narcotráfico. Un poder paralelo, en el que parece no haber lugar para la defensa y donde impera la pena de muerte. Una historia que muestra que, como cantó Elza Soares en 2001 en el disco Do Cóccix Ate o Pescoço, “la carne más barata del mercado es la carne negra.”

Familiares y amigos no saben por qué Yan y Bruno salieron del barrio Fazenda Coutos, donde residían, y fueron a Nordeste de Amaralina el lunes. Pero la primera señal de que algo no iba bien se produjo alrededor de las 13.30. Bruno envió un audio por WhatsApp a una amiga, a la que considera una hermana, en el que le pide 700 reales (unos 130 dólares) para pagar la carne que había sustraído en Atakarejo. Como estaba en un salón de belleza, no vio el mensaje.

Al no obtener respuesta, Bruno le llama a las 13.46 y logra hablar con su amiga. Cuenta que a él y a su sobrino les habían sorprendido intentando robar carne y que el gerente y unos vigilantes les habían llevado al estacionamiento del supermercado, donde fueron agredidos. Los empleados les exigen que paguen los 700 reales, el precio del producto, para dejarlos marchar. Si no les daban el dinero, les entregarían a los traficantes de la zona, dominada por el Comando da Paz. A esta banda se la asocia con el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, algo que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía niega.

La amiga de Bruno pone en marcha una operación con parientes y amigos para recaudar el dinero. Al principio, consigue 250 reales (46 dólares). “Le llamé y le pedí a uno de los vigilantes que mandara el número de cuenta para ingresarle el importe, mientras intentábamos obtener el dinero que faltaba. Sería la garantía de que pagaríamos. Los empleados no lo aceptaron, querían todo a la vez”, cuenta.

Bruno se desespera y se pone en contacto con otras personas para pedirles dinero. En un audio enviado a este periódico, él le dice a alguien: “Ella ya tiene 200 reales, mira a ver si consigues ese dinero”. “Él decía: ‘El tiempo está pasando, me van a entregar, van en serio. Si me entregan, voy a morir’”, recuerda la amiga.

Pese al esfuerzo, no les dio tiempo de recaudar la cuantía. A las 14.02, ella recibe una llamada en la que Bruno le cuenta que los empleados habían decido entregarles a los traficantes. Fue la última vez que hablaron. “Me dijo: ‘Llama a la policía para que me detengan, el segurata está entregándome a los traficantes en el aparcamiento. Voy a morir’. Llegué a llamar al 190 [teléfono de la policía], denuncié que había varios hombres armados en el supermercado, pero no sirvió de nada.”

Testigos presenciales contaron a los familiares que los jóvenes fueron arrastrados por las calles de Nordeste de Amaralina mientras les pegaban. Entretanto, las fotos de las víctimas circulaban por grupos de WhatsApp y llegaban a los parientes. La familia, sin noticias, tuvo que ver el sufrimiento público de los dos. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran al tío y al sobrino en tres momentos. El primero, nada más haber sido sorprendidos hurtando carne en la cadena de supermercados. Los dos están agachados en un área interna del establecimiento, junto a los productos robados y a un hombre, señalado como vigilante del hipermercado. En un segundo momento, se ve a los dos sentados, ya con los traficantes. Las últimas imágenes exhiben los cuerpos, ambos con los rostros deformados por los disparos.

Los cuerpos de los jóvenes fueron colocados en el maletero de un coche que los traficantes abandonaron en la región de Polêmica, localidad del barrio de Brotas. Elaine Costa Silva, madre de Yan, cuenta que los primeros rumores de que los dos habían sido asesinados surgieron en las redes sociales. Fue entonces cuando empezó la búsqueda para confirmar el trágico desenlace. El padre de Yan es hermano de su tío Bruno. “Primero llamamos al DPT [Departamento de Policía Técnica], pero no habían encontrado ningún cuerpo en el Instituto de Medicina Legal. Conseguí el número del DHPP [Departamento de Homicidios y Protección a la Persona], y me dijeron que no había ninguna noticia en Nordeste de Amaralina, pero que habían hallado dos cuerpos en el maletero de un coche en Polêmica”, cuenta. Elaine identificó el cuerpo de su hijo gracias a la ropa que llevaba puesta. Y a Bruno por una cicatriz que tenía en el abdomen. El velatorio de ambos se hizo con los féretros cerrados, debido al estado de desfiguración de sus rostros.

Comida para comprar comida

La amiga de Bruno cree que él quería vender la carne para comprar comida. El muchacho, desempleado, pasaba por dificultades. Pedía dinero prestado a sus amigos para pagar las facturas. No podía abonar la pensión alimenticia de su hija de 12 años. Si comía tres veces al día, era por su madre, que siempre le mandaba todo lo que cocinaba. La casa en la que vivía desde que se separó era de Dionésia Barros da Silva, la abuela de Yan. Para ayudar a su hijo, Dionésia se mudó a un inmueble alquilado.

Los dos antecedentes policiales de Bruno, también por hurtos de alimentos, reducían sus posibilidades de conseguir empleo. Con la pandemia de la covid-19, se le hizo aún más difícil. Una esperanza de mejorar su situación era la renta básica de emergencia de 600 reales [110 dólares] del Gobierno Federal, pero el muchacho no consiguió la ayuda.

Elaine todavía no entiende por qué Yan participó en el hurto y tampoco sabe decir lo que haría con la carne, porque nunca tuvo noticias de que su hijo hubiera estado implicado en cualquier clase de delito. Pero la situación financiera de la familia también es difícil. Elaine vive en una casa construida en contrachapado y materiales reciclables, en un área de ocupación en Fazenda Coutos. Su principal fuente de ingresos proviene de la venta de materiales de limpieza en los semáforos, pero su trabajo se vio afectado con la pandemia. Sin ninguna ayuda de sus padres, Elaine tuvo que criar a sus cuatro hijos sola.

Yan no trabajaba. Era integrante del Projeto Axé, ONG internacionalmente reconocida por su trabajo en el área de educación y en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y estaba terminando cuarto de Educación Secundaria. Llegó a vender cacahuetes en el transporte público para ayudar en casa, pero tuvo que dejarlo a causa de la covid-19. Su madre cuenta que él también pasaba dificultades para conseguir algo que echarse a la boca. “Siempre me mandaba mensajes para saber si había hecho algo de comer, para saber cuándo estaría lista la comida. Yo le mandaba fiambreras. Su abuela también ayudaba.”

El joven vivía con su tío y su hermano mayor en la casa de Dionésia, una vivienda precaria de cinco cuartos y pocos muebles. La tinta de las paredes estaba consumida por la humedad y la falta de mantenimiento. El olor a moho se puede percibir por toda la casa. Elaine entra en una de las habitaciones y enseña dos bermudas, dispuestas sobre un colchón manchado por la acción de la humedad y desgastado por el paso del tiempo, donde Bruno dormía. Explica que Yan y su hermano mayor se turnaban las prendas.

“Atakarejo asesino”

El móvil se convirtió en el principal medio de contacto entre Yan y Elaine. Ella vuelve a mirar las conversaciones con su hijo en WhatsApp, buscando audios, fotos y vídeos suyos. “Ahora, para ver su sonrisa, tengo que usar esto”, dice, señalando el teléfono. Conversa con EL PAÍS tras un largo día de entrevistas para exigir justicia y denunciar la tragedia personal que vive desde que perdió a su hijo de forma brutal e inexplicable. La madre de Bruno no pudo realizar la entrevista. Se encuentra bajo los efectos de medicamentos tras el brutal asesinato de su hijo, humillada por la exposición de las imágenes.

El viernes fue un día de protestas por la muerte de los jóvenes. Una de ellas tuvo lugar en Fazenda Coutos, organizada por la propia favela. Entre gritos de “Atakarejo asesino”, los manifestantes bloquearon una calle hasta el final de la tarde y reivindicaron que el crimen se solucione cuanto antes. Por la tarde, varios movimientos sociales hicieron un acto en las puertas de Atakarejo de Nordeste de Amaralina, donde empezó el calvario de Yan y Bruno.

Elaine se mueve entre el dolor y la rabia. Dice que los empleados del supermercado no les dieron a los muchachos la oportunidad de que pudieran pagar la carne. Ya no puede llorar de tanta indignación. “¿Que si estuvo mal lo que hicieron? Sí. Nadie puede hacer eso. Pero ¿para qué tener policía si mandan matar a la gente? ¿Ellos condenan a muerte a las personas? Mi hijo ha perdido la vida, a los 19 años, por cuatro bandejas de carne.”

Y continúa: “Nunca voy a sacar de mi cabeza las imágenes de la cara de mi hijo en pánico, de la mano de mi hijo totalmente ensangrentada. Ya no puedo llorar de tanta rabia. Desde el lunes, han acabado con mis días de vida. Me han destruido”. Elaine se queja también de que, hasta el momento, no ha recibido ninguna clase de ayuda de Atakarejo, ya sea financiera o psicológica. Vuelve de nuevo a WhatsApp y enseña vídeos de su hijo bromeando en su última fiesta de cumpleaños, el 4 de abril. Recuerda la forma guasona de ser de Yan. “Nunca más veré eso”, lamenta.

En un comunicado, Atakarejo dice no tolerar “ninguna clase de violencia” y que tiene el “compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y con la defensa de la vida humana digna”. Asimismo, el grupo informa que está colaborando con las investigaciones y que le ha entregado a la Policía todos los documentos e imágenes de las cámaras de seguridad. No obstante, la nota no dice si los empleados involucrados en el episodio han sido despedidos. “Atakarejo es una empresa seria, sólida y cumple las normas legales y no consiente ningún tipo acción delictiva. [...] La empresa subraya que repudia vehementemente cualquier clase de violencia y se solidariza con la familia de las víctimas en este trance tan difícil. El grupo espera que se concluyan las investigaciones para el esclarecimiento del caso y el castigo de todos los culpables”, dice el fragmento del texto.

Atakarejo pertenece a Teobaldo Costa, empresario que se presentó a alcalde de la ciudad de Lauro de Freitas, en la Región Metropolitana de Salvador, por el partido Demócratas, en las pasadas elecciones. Declaró a la Justicia Electoral 341.286.567 reales [alrededor de 62.750.000 de dólares] en bienes. Teobaldo se dio a conocer también por convertirse en una especie de imagen publicitaria del supermercado, al salir anunciando ofertas de la cadena en varios anuncios en televisión.

La Policía Civil informa en una nota que varios testigos del crimen ya han declarado y que las investigaciones están avanzadas. Asimismo, la Policía asegura que están realizando las diligencias oportunas y que no pueden dar más detalles para no interferir en la marcha de las investigaciones. La Fiscalía de Bahía está siguiendo las investigaciones y ha interpuesto una denuncia, que ya ha sido trasladada al Núcleo del Jurado de la Capital.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Bahía, el diputado regional Jacó (Partido de los Trabajadores), quiere que el supermercado le explique a la población si mantiene alguna relación con el narcotráfico. “Si el gerente los llamó, es porque había algún tipo de autorización por parte de Atakarejo. Ocurrió un incidente, y la dirección de la empresa tomó una actitud cobarde. De haber sido el dueño de algún bar, ya lo habrían detenido. Es el dueño de una cadena de supermercados el que se niega a comentar el caso. Atakarejo hace como si no existiera. ¿Es el narcotráfico quien se encarga informalmente de la seguridad de Atakarejo?”, se pregunta. La comisión sigue la evolución del caso y ha pedido, mediante un oficio, que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía asigne a un comisario especial para dirigir las investigaciones. Mientras no se soluciona el crimen, Elaine intenta prepararse para otra batalla que llegará junto al intento de superar el duelo: el de la exigencia de Justicia. “Quiero que todos y cada uno de los de Atakarejo paguen”.

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