Un debate improvisado en el Perú rural no saca de dudas a los peruanos
Pedro Castillo sigue aventajando en diez puntos a Keiko Fujimori
Los dos candidatos peruanos a las elecciones celebraron este sábado un debate improvisado en Chota, una pequeña municipalidad de 45.000 habitantes en una de las regiones más pobres de Perú, a más de 900 kilómetros de Lima, la capital. Los políticos se habían retado cuerpo a cuerpo 24 horas antes, por lo que el evento no pudo organizarlo la autoridad electoral y acabaron moderándolo unos periodistas locales. El maestro rural Pedro Castillo, líder en las encuestas, recibió en su terreno a Keiko Fujimori, que apareció vestida con la camiseta de la selección de fútbol. Uno y otro se echaron en cara casos de corrupción y discreparon en temas centrales, pero difícilmente el debate sirva para cambiar la intención de voto de los peruanos. Más que nada la cita tuvo un carácter simbólico por su emplazamiento.
Según un sondeo difundido la noche del jueves por la empresa Datum Internacional, la conservadora Keiko cuenta con 34% de intención de voto, mientras que su oponente, el izquierdista radical, tiene un 44%. Esos diez puntos de distancia podrían parecer insalvables a estas alturas de la campaña, pero resulta que un 40% de los encuestados aún está indeciso. Así se entiende que Keiko arriesgara, al fin y al cabo va segunda y necesita revertir la situación, y se lanzara a un cara a cara en un terreno abonado para Castillo.
La provincia de Chota es la cuna de las rondas de Cajamarca, una organización autogestionaria campesina creada a mediados de los años 70 para defenderse de los ladrones de ganado. Además, Chota figura en la historia nacional como una de las poblaciones que declaró su independencia de los españoles en enero de 1821, antes que Lima.
Durante los años de la violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso (1980-2000), las rondas fueron la contención para que los subversivos no ingresen a Cajamarca. Castillo, además haber nacido en el centro poblado de Puña -en Chota- es profesor rural en esa provincia y fue dirigente rondero durante su juventud.
Fujimori y Castillo debatieron en la plaza de armas de Chota sobre cinco temas: la gestión de la pandemia, educación, reactivación de la economía, lucha contra la delincuencia y corrupción. Los agentes de la policía, por acuerdo de los representantes del fujimorista Fuerza Popular y el izquierdista Perú Libre, solo permitieron el ingreso a la plaza de unas 400 personas en total, además de periodistas.
Castillo, quien al igual que Fujimori se opone al aborto y al matrimonio igualitario, lanzó los golpes más duros a su adversaria debido a su condición de imputada por delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. La Fiscalía pidió en marzo 30 años de prisión contra la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori por haber recibido aportes millonarios, supuestamente de la brasileña Odebrecht y del principal grupo financiero peruano, que no declaró a las autoridades electorales en sus campañas a la presidencia en 2011 y 2016.
Fujimori, que ha recibido el apoyo de la derecha, incluso de críticos históricos de su familia como fustigó a Castillo cuando ella ofreció mejorar la condición laboral de los maestros, “pero no para los que piden permiso sindical y dejan abandonados a los alumnos”, cuestionó. Su rival respondió: “Algunos pedimos permiso al trabajo para ser candidatos, otros piden permiso judicial”. La conservadora afronta el proceso ante la justicia con libertad vigilada y viaja a actividades proselitistas con autorización de un juez.
La lideresa de Fuerza Popular cuestionó a Castillo porque el presidente del grupo político por el que postula, Vladimir Cerrón, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción cuando fue gobernador de la región Junín. Pero Castillo arremetió: “en nuestro gobierno ningún corrupto pasará porque son como la gallina, que ‘aunque le quemes el pico sigue comiendo los huevos’. Recuperaremos los 6.000 millones de dólares de la corrupción”, ofreció en alusión al monto de los desfalcos durante el régimen del padre de la candidata, en la década de los 90.
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