Rusia veta la entrada del presidente de la Eurocámara y de una comisaria de la UE en represalia por las sanciones

Rusia ha prohibido la entrada en su territorio de ocho altos funcionarios de países de la Unión Europea en represalia por las sanciones que la UE impuso en marzo a ciudadanos rusos por el caso del opositor Alexéi Navalni, que se recuperó en Alemania de un envenenamiento mortal tras el que Occidente ve la mano del Kremlin y que cumple ahora condena en Rusia por un polémico caso. Entre los incluidos este viernes en la lista negra de Moscú están el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, muy crítico con Rusia por la persecución al líder opositor, y la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, la checa Vera Jourová, que ha acusado a Moscú en numerosas ocasiones de emprender campañas de desinformación en la UE.

Estados Unidos y la UE sancionan a una decena de altos cargos rusos por el envenenamiento y arresto de Navalni

Estas últimas sanciones tensan aún más la deteriorada relación entre la UE y Rusia, cada vez más dañada por el caso del opositor ruso, que fue tratado en un hospital alemán el pasado agosto tras ser atacado en Siberia con una sustancia que laboratorios militares de Alemania, Francia, Suecia y de la Organización Internacional para el Control de las Armas Químicas identificaron como novichok, una neurotoxina de uso militar fabricada en la antigua Unión Soviética. Moscú y Occidente atraviesan sus peores relaciones desde la Guerra Fría también por las últimas grandes maniobras militares rusas junto a la frontera con Ucrania, que han alarmado a Occidente.

En la lista de sancionados por Rusia están también el jefe de la Fiscalía de Berlín, Jörg Raupach, a quien Moscú ha acusado varias veces de no proporcionar datos fiables sobre el caso Navalni; Jacques Maire, miembro de la delegación francesa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se ha ocupado del caso del opositor; Asa Scott, responsable de la agencia sueca de investigación de Defensa y una de las personas que señalaron que Navalni había sido envenenado con Novichok; y varios altos funcionarios de países bálticos, con los que Rusia tiene cada vez más choques.

En un comunicado conjunto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; y el propio Sassoli expresaron en la noche de este viernes una condena rotunda a las sanciones rusas. “Esta acción es inaceptable, carece de cualquier justificación legal y es totalmente infundada. Se dirige directamente a la UE, no solo a las personas afectadas”, afirmaron.

Moscú ya había advertido que reaccionaría a las “sanciones antirrusas”. El pasado marzo y en una maniobra coordinada, la UE y Estados Unidos sancionaron a varios funcionarios próximos al presidente Vladímir Putin por el envenenamiento y arresto nada más regresar a Moscú de Navalni, y vetaron su entrada en los países de la Unión y en Estados Unidos y congelaron sus activos financieros en esos territorios. La UE añadió además a la lista negra a otro grupo de altos cargos rusos acusados de vulnerar los derechos de las personas LGTBI en la región rusa de Chechenia.

Este viernes, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso ha acusado a la Unión de sancionar a Rusia “de manera ilegal” y sin pruebas y de “ignorar” las propuestas rusas para resolver las cuestiones espinosas a través de un diálogo abierto e informal. El ministerio que dirige el veterano Serguéi Lavrov ha cargado contra Bruselas por “socavar abierta y deliberadamente” la independencia de la política interior y exterior del país euroasiático para “imponer su propio concepto unilateral de orden mundial”, y de hacerlo con el “conocimiento y aliento” de Estados Unidos, a quien ha acusado de querer convertir a Europa en un escenario de confrontación. “Nos reservamos el derecho de seguir reaccionando ante cualquier acción hostil de la UE de este tipo”, ha comentado también la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en una nota.

Represión al grupo de Navalni

Las autoridades rusas siguen estrechando el círculo para tratar de erradicar por completo la organización de Navalni. Este viernes, el servicio estatal de control financiero de Rusia ha añadido el movimiento político del opositor a su lista de vigilancia de organizaciones extremistas o terroristas. La medida implica la congelación total de las cuentas y cualquier activo financiero de la red opositora, que está siendo procesada por actividades extremistas y que ya ha anunciado su disolución acorralada por la justicia. La ley rusa permite al servicio de control financiero (Rosfinmonitoring) incluir en su listado a las personas y organizaciones sospechosas de terrorismo o extremismo sin esperar a una condena.

La red Navalni, que nunca logró registrarse como partido político legalmente en Rusia, ha llegado a tener sedes en más de 40 provincias rusas. Ahora está incluida en el listado de extremistas recopilado por Rosfinmonitoring en el puesto 461. Un movimiento que anticipa la declaración de la justicia, que supondría la total ilegalización de la organización y también de la Fundación Anticorrupción de Navalni (FBK). Ambas entidades están siendo juzgadas estos días en Moscú a puerta cerrada y con pruebas declaradas secretas. Si la justicia las define finalmente como “extremistas” sus miembros, donantes o simpatizantes se exponen a cuantiosas multas y penas de hasta seis años de prisión.

La persecución judicial y el cerco de represión que las autoridades han estrechado cada vez más sobre el movimiento de Navalni y sus aliados les ha llevado al cierre, según ha anunciado esta semana Leonid Volkov, el principal estratega político del opositor, que vive fuera de Rusia. Todas sus oficinas se han disuelto y, por orden de la fiscalía, sus cuentas ya se habían congelado. Ahora el Rosfinmonitoring debe verificar esto y, en colaboración con el Ministerio de Exteriores ruso, informar a las organizaciones internacionales de lucha contra el terrorismo o extremismo.

La presión del Kremlin sobre la disidencia es cada vez mayor y en los últimos meses los casos contra opositores, medios de comunicación independientes y organizaciones de defensa de derechos civiles se han multiplicado. Este jueves, las autoridades han dado otro paso y han iniciado una investigación penal contra un reputado abogado que encabeza el equipo legal que defiende a las organizaciones vinculadas a Navalni en el caso de extremismo. Iván Pavlov, uno de los letrados especializados en derechos humanos más conocidos del país, ha sido acusado de revelar detalles de una investigación policial no relacionada con el opositor, sino con otro caso de alto nivel contra un periodista de investigación, Iván Safronov, acusado de espiar para la OTAN.

El abogado Pavlov, que dirige un grupo de derechos humanos llamado Grupo 29 (como el artículo de la Constitución rusa que garantiza la libertad de pensamiento y expresión), se enfrenta a una pena de hasta tres meses de prisión. Su organización afirma que la acusación trata de amedrentarlos y de ponerles fuera de la circulación. “El arresto de Iván [Pavlov] está relacionado con su actividad profesional. Creemos que estas acciones de las fuerzas del orden están destinadas exclusivamente a asustar a Iván y sus colegas para obligarlos a rechazar una posición activa en la defensa de sus clientes”, dice Grupo 29 en una carta abierta publicada este viernes.

Esta semana el letrado había remarcado que el equipo de abogados trataría de revelar la mayor cantidad de información posible sobre el caso contra el movimiento político de Navalni y su fundación, pese a que las pruebas han sido declaradas secretas. Pavlov señaló que, pese a que el juicio es a puerta cerrada y las pruebas se han declarado clasificadas, había algunos materiales que “bajo ninguna circunstancia” podrían declararse secretos.