El Papa cerca a los cardenales y directivos de la Santa Sede con nuevas leyes contra la corrupción

Una vez un jefe de Estado le preguntó a Juan XXIII cuántas personas trabajaban en el Vaticano. Roncalli, tirando de socarronería, respondió divertido: “Más o menos la mitad”. Visto con la perspectiva de los escándalos de los últimos años, la otra mitad tampoco está claro que remase siempre en la dirección del interés común de la Santa Sede. Los últimos pontífices han tenido que abordar de distintas maneras los casos de corrupción surgidos, casi siempre, alrededor del dinero y de la opacidad de las cuentas vaticanas. Y Francisco, inmerso en un proceso de purga por el último incidente que le ha costado una fortuna a una Santa Sede en números rojos, ha decidido promulgar nuevas medidas sobre la contratación del personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano. Entre otras cosas, prohíbe invertir en paraísos fiscales que operen contra la doctrina católica.

La nueva norma, casualmente, coincide con el último día de la sesión plenaria de Moneyval (El Comité de expertos en la evaluación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Consejo Europeo) para terminar el informe sobre los progresos del Vaticano en esta materia. Las dimensiones y características fiscales y legales de la Santa Sede la han convertido siempre en un lugar favorable a la corrupción. Con el motu proprio (documento pontificio de carácter legal) del Papa publicado este jueves se introducen nuevas reglas para evitar que se manifiesten “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”, según escribe Francisco.

Los cardenales, que acaban de sufrir una fuerte bajada de sueldo, son uno de los principales objetivos de las nuevas medidas. Las normas aprobadas no permiten ahora recibir regalos de más de 40 euros. El motu proprio afecta a todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3 (es decir, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años) y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión. Este rango de empleados en la Ciudad del Vaticano deberá firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años haciendo constar que “no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción”.

Algunas de las medidas, sin embargo, tienen que ver más con el sentido común y con la falta de control que había que con su propio contenido. El nuevo reglamento, por ejemplo, señala que dichos empleados no podrán “estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal”. Además, deben declarar “que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios)”. Cabe recordar que el Vaticano, a través de su banco, lo ha hecho durante muchas décadas.

La promulgación del motu proprio llega en un momento en el que la Santa Sede trata de reponerse a una cadena de casos de corrupción y escándalos soterrados desde que Francisco llegó al Vaticano y trató de poner orden en las finanzas. Desde entonces han dimitido auditores generales o ministros de Economía o se ha desposeído a un cardenal (Angelo Becciu) de todos sus derechos debido a un supuesto caso de corrupción en la compraventa de un inmueble en Londres con el que la Santa Sede quería especular. Ahora, todos ellos deberán garantizar, entre otras cosas, “que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas”. El problema es que muchos de los escándalos se han producido operando a través de terceras personas —como el del palacio de Londres— y los antecedentes de cardenales o empleados de la Secretaría de Estado podían ser inmaculados.

El contexto de la medida también incluye la última revelación conocida a través de la cadena italiana Rai3, que explicó cómo el APSA, el organismo de la Santa Sede que se ocupa de la gestión del patrimonio, habría invertido el dinero del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después. El ex auditor general de la Santa Sede, Libero Milone, encargado de revisar las cuentas del Vaticano del 2015 al 2017 y que acabó siendo obligado a dimitir tras un caso de espionaje, reveló en este programa que el Vaticano había realizado inversiones “arriesgadas” que “no respondieron a la doctrina social de la Iglesia que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer”. En el futuro, también ese tipo de inversiones, pese a su estupenda rentabilidad, se verán con otra óptica.