Irak vuelve a enfrentarse con la violencia en las calles tras el paréntesis por la visita del Papa

Poco ha durado el espíritu de concordia que unió a los iraquíes durante la visita del papa Francisco a principios de mes. Apenas dos días después de que el Pontífice abandonara Irak, el asesinato de Jaseb Hattab al Heliji, el padre de un abogado desaparecido, vuelve a enfrentar al país con sus problemas. A la cabeza de ellos, la existencia de milicias que actúan al margen del Estado y a las que los activistas acusan de silenciar a quienes cuestionan su poder. Las manifestaciones que, a pesar del encierro por la covid-19, ha desatado el crimen en varias ciudades iraquíes indican el hartazgo de la población.

Jaseb Hattab al Heliji murió de un disparo en la cabeza el miércoles de la semana pasada en la ciudad de Al Amara, al sur de Bagdad, la capital del país. No fue otra víctima más en un país tristemente acostumbrado a la violencia. Jaseb era un poeta popular en su tierra, pero su nombre alcanzó relieve nacional por su incansable empeño en aclarar el secuestro de su hijo Ali y llevar ante la justicia a la milicia que consideraba responsable del mismo.

“Se ha ido el Papa. ¿Vuelta a la normalidad?”, tuiteó el embajador de la UE en Irak, Martin Huth, al día siguiente del asesinato del poeta junto a una fotografía de Jaseb. El comentario, que Huth borró horas después, reflejaba con dureza cómo las buenas palabras expresadas por todos los dirigentes políticos durante la visita de Francisco quedaban reducidas a agua de borrajas ante la realidad de Irak.

El joven abogado Ali al Heliji fue uno de los activistas desaparecidos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país a partir de octubre de 2019. Su caso se convirtió en símbolo de la campaña de terror lanzada por las milicias proiraníes, a las que los defensores de derechos acusan de haber secuestrado a decenas de destacados activistas y de haber matado a por lo menos medio centenar de ellos. La Comisión de Derechos Humanos de Irak estimó el año pasado que el intento de acallar las manifestaciones por parte de milicias y fuerzas de seguridad dejó 550 muertos y miles de heridos.

Antes de que la represión y la covid-19 terminaran acallando ese estallido de malestar popular, la presión de la calle logro que dimitiera el entonces primer ministro, Adel Abdelmahdi. Tras varios intentos fallidos de encontrar un sustituto, los principales grupos del Parlamento respaldaron a Mustafa al Kadhimi, hasta entonces el jefe de los servicios secretos. A pesar de ese cargo y de no contar con un partido político propio, la inusual trayectoria de Al Kadhimi, un periodista que había trabajado en derechos humanos, concitó esperanzas entre los vapuleados iraquíes.

Las buenas relaciones de trabajo del nuevo primer ministro tanto con Estados Unidos como con Irán abrían la puerta a que Irak dejara de ser un campo de batalla entre ambos. Además, se comprometió a adelantar las elecciones tal como reclamaban los manifestantes. Muchos observadores advirtieron contra un exceso de expectativas porque ningún hombre solo, por más empeño que ponga, puede acabar con los numerosos males de Irak. Además, la pandemia ha agravado las crisis institucional y económica en el país y, aunque los comicios se han convocado para octubre, el control de las milicias sobre los grupos políticos hace que la población desconfíe.

Acusación pública

A diferencia de otras familias que tienen miedo de hablar, Jaseb al Heliji acusó públicamente del secuestro de su hijo al jefe local de Ansar Alá al Awfia, Haider al Gharawi, e intentó llevarle ante los tribunales. Esa milicia, una de las más radicales y proiraníes, forma parte de las llamadas Fuerzas de Movilización Popular (FMP), el nombre que se dio al conjunto de grupos armados cuando el Estado recurrió a ellos para hacer frente al avance del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en 2014. Su posterior integración formal en las Fuerzas Armadas iraquíes (incluido el pago de sus salarios) no ha logrado, sin embargo, someterlos a la disciplina del Estado.

Así lo demostró el caso de Ali. Primero ante el tribunal provincial y luego ante la Audiencia Nacional, Jaseb al Heliji vio cómo el proceso chocaba con un muro ante la acusación a Haider al Gharawi. Para los defensores de derechos humanos, eso revela la debilidad de las instituciones judiciales frente al poder de las milicias. Además, acusa al Gobierno central de inacción. “Los responsables son conocidos, son [los miembros de] las milicias, pero el Gobierno no ha detenido a ninguno de ellos”, lamenta el activista e investigador político Ali Agwan, citado por varios medios iraquíes.

La policía de la provincia de Maysan, de la que Al Amara es la capital, anunció en su página de Facebook que había detenido al asesino de Jaseb una hora después del crimen y que se trataba de un primo suyo por una disputa privada. Pero tal como informa el Centro del Golfo para los Derechos Humanos, la familia ha negado esa alegación e insiste en que su muerte tiene que ver con haber identificado al grupo que secuestró a su hijo. Miles de personas violaron las restricciones por la covid-19 para denunciar el asesinato del padre de Ali y pedir la dimisión del jefe de policía en Bagdad, Al Amara y otras ciudades del sur de Irak.