Palestina

La Fiscalía de La Haya abre una investigación contra Israel y Hamás por crímenes de guerra en Palestina

La fiscal del Tribunal Penal Internacional promete una indagación “independiente, imparcial y sin miedo”. Centenares de altos cargos políticos y militares israelíes pueden verse imputados

Manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza con Israel, en abril de 2018.
Manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza con Israel, en abril de 2018.Mohammed Salem / Reuters

Antes de abandonar su puesto dentro de tres meses, la fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación por crímenes de guerra cometidos en Palestina a partir de junio de 2014 que implica a Israel y a las milicias de la franja de Gaza, encabezadas por Hamás. Centenares de altos cargos políticos y militares israelíes pueden verse involucrados por primera vez en las pesquisas de la justicia penal internacional. La decisión adoptada tras cinco años de diligencias preliminares ha sido recibida con preocupación por el Gobierno de Israel, que rechaza la jurisdicción de los jueces de La Haya, mientras ha recibido la bienvenida, como “un paso esperado desde hace mucho tiempo”, de los palestinos.

Al comunicar la apertura formal del caso, después de que el tribunal se declarara competente hace un mes, Bensouda afirmó en un comunicado oficial que la investigación se llevara a cabo “con independencia, imparcialidad, objetividad y sin miedo ni favoritismos”. El próximo 14 de junio será relevada en el cargo por el jurista británico Karim Khan. A finales de 2019 la Fiscalía de La Haya ya anticipó que había hallado “indicios racionales” para examinar las acciones militares de Israel en la guerra de Gaza de 2014 y la construcción de asentamientos de colonos en Cisjordania como presuntos crímenes de guerra.

“Nuestra preocupación central deben ser las víctimas de los crímenes”, proclamó la fiscal saliente. “Este departamento actuará de acuerdo con los principios de imparcialidad”, enfatizó. La Fiscalía tendrá que dirigirse ahora a las partes implicadas en la investigación para constatar que sus sistemas judiciales no han examinado las denuncias por crímenes de guerra.

La apertura de una investigación ha caído como un jarro de agua fría sobre Israel, que no es país signatario del Estatuto de Roma, el tratado por el que se fundó el TPI en 2002. El Gobierno israelí impugna la jurisdicción de La Haya sobre Palestina al considerar que no se trata de un Estado internacionalmente reconocido. Desde julio de 2015, sin embargo, la Autoridad Palestina está plenamente adherida al Estatuto de Roma. La competencia para las indagaciones de la Fiscalía se extiende también a las acciones de milicias palestinas como Hamás o la Yihad Islámica en la guerra de Gaza, en julio y agosto de 2014.

“Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este”, concluyó Bensouda en diciembre de 2019, antes de solicitar a los jueces que se pronunciaran previamente sobre su “competencia territorial” ante la “muy disputada situación legal y de hecho” existente sobre el terreno. La decisión, suscrita por dos de los tres magistrados de la sala de cuestiones preliminares de La Haya, tardó más de un año en adoptarse.

Decisión “sesgada por el antisemitismo”

“Vamos a luchar por la verdad”, ha declarado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha acusado a la TPI de “atacar a Israel”. “La sesgada decisión es puro antisemitismo”, ha tronado el jefe del Gobierno israelí en un comunicado. “Sin jurisdicción alguna, ha decidido que nuestros valientes soldados, que luchan contra el terrorismo, son los terroristas (...) y que cuando construimos una casa en nuestra capital eterna, Jerusalén, es un crimen de guerra”, ha sentenciado.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, había adelantado el martes en declaraciones a la agencia Reuters que centenares de altos cargos israelíes podían ser investigados por el TPI y garantizó que todos recibirán protección legal del Gobierno. Gantz, que fue el general jefe del Ejército que dirigió las operaciones militares en Gaza en 2014, dijo textualmente: “Nunca tuve miedo de cruzar las líneas enemigas. Seguiré firme en la posición que debo mantener”.

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina celebró en Cisjordania en un comunicado que se ponga fin a la impunidad de Israel y se le obligue a “rendir cuentas ante la justicia”. La decisión de la Fiscalía de La Haya también fue bien recibida en la franja de Gaza por Hamás, a pesar de verse señalado en la investigación. El movimiento islamista afirma que todas sus acciones armadas respondieron al legítimo ejercicio de la “resistencia frente a la ocupación”.

Tras la incorporación de Palestina a la jurisdicción penal internacional, en julio de 2015, la Fiscalía de La Haya inició diligencias previas sobre la expansión de los asentamientos y la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este, y sobre la guerra de 2014 en Gaza (en la que perdieron la vida 2.500 palestinos, dos terceras partes de ellos civiles; y 73 israelíes, de los que 67 eran militares). Las pesquisas en la Franja también implicar a las milicias del enclave por el lanzamiento masivo de cohetes de forma indiscriminada contra poblaciones israelíes durante el conflicto.

Estas diligencias, incoadas a partir de documentos aportados por la Autoridad Palestina y varias ONG, también se pueden ampliar a una demanda palestina por la muerte de cerca de 300 manifestantes a causa de los disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza entre 2018 y 2019, así como sobre la amenaza de desalojo y expulsión de sus casas de familias beduinas en Cisjordania.

Por encima de todo, el Gobierno israelí teme que la apertura de una investigación penal internacional pueda conllevar imputaciones contra responsables militares y civiles israelíes como sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos. En consecuencia, pueden ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por La Haya. El TPI carece de una fuerza policial propia para hacer cumplir sus resoluciones y precisa de la cooperación de los Estados para ejecutarlas.

La Administración del demócrata Joe Biden expresó su oposición a la apertura de la investigación por crímenes de guerra contra Israel, al considerar que no está sometido a la jurisdicción de La Haya. El anterior presidente de EE UU, el republicano Donald Trump, anunció sanciones a los jueces y fiscales del TPI.

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