Rumania castiga con hasta cinco años de cárcel suplantar a otra persona en las redes sociales

Hacerse pasar por otra persona sin su consentimiento en las redes sociales ya es ilegal en Rumania. El 26 de enero, el Tribunal Supremo del país de Europa del este dictaminó que el robo de identidad en cualquier plataforma digital constituye un delito con penas de hasta cinco años de cárcel. Una sentencia pionera en la Unión Europea, puesto que la institución judicial reconoce explícitamente el delito informático. Hasta el momento, los veredictos por casos similares en Francia, Bélgica, Grecia o Italia habían sido argumentados por razones de chantaje, acoso o falsedad documental.

El Tribunal Supremo tomó la decisión de tipificar este delito a raíz de una solicitud del Tribunal de Apelación de la ciudad de Brasov, ubicada en el centro del país, que había condenado a un hombre a tres años y ocho meses de prisión por difundir “pornografía vengativa”, después de haber publicado vídeos y fotos comprometedoras de su expareja en una página de Internet para adultos y una red social. Como la joven rechazó retomar la relación sentimental, el individuo cumplió con su amenaza de subir grabaciones sexuales de ambos en una web porno y abrir un perfil en Facebook, donde colgó imágenes en las que aparece la mujer completamente desnuda.

Inicialmente, el hombre fue condenado en primera instancia por chantaje, divulgación de información falsa y violación de la vida privada de otra persona. Sin embargo, la confusión generada por distintas resoluciones de varios tribunales rumanos sobre casos similares en los últimos años empujaron al Tribunal de Apelación de Brasov a interpelar a la máxima institución judicial para que se pronunciara sobre la suplantación de identidad en las redes sociales, un hecho que no está tipificado en la actual legislación rumana.

“Unas instancias interpretaron este tipo de hecho alegando el [artículo del] código penal por el que se prohíbe la alteración o falsificación de datos electrónicos y otras determinaron que se trata de un acto inmoral, pero no ilegal”, explica en una llamada telefónica Cristi Danilet, juez del Tribunal de Cluj, una ciudad incrustada en el corazón de la región de Transilvania. “La diferencia radica en que el Tribunal Supremo precisa ahora que también se trata de un delito en las redes sociales”, prosigue Danilet, subrayando que la decisión del máximo regidor judicial sería vinculante para todos los tribunales rumanos en cuanto se publicara en el Monitorul oficial (el BOE rumano). Este viernes, la decisión se ha publicado en el Monitorul.

De esta manera, el Supremo dio carpetazo al asunto al dictaminar que la creación de un perfil con el nombre real de otra persona sin su explícito acuerdo en una red social donde se difundan vídeos e imágenes representa un delito con condenas de prisión de uno a cinco años. Para ello, aludió a dos criterios penales en particular: La acción de introducir datos electrónicos sin el consentimiento de alguien y si esa acción da lugar a datos que no corresponden con la realidad. “Hay un tercer requerimiento: que creen consecuencias jurídicas”, asevera la abogada especializada en ciberseguridad Monica Statescu, que precisa que el delito digital es una práctica generalizada en el país y vaticina un alud de denuncias.

Sin duda, esta sentencia ya ha levantado ampollas. Pese a que existe un aluvión de casos por chantaje amoroso y entre adolescentes en los juzgados, los famosos también están sufriendo este fenómeno.

Desde comunicadores reconocidos y cantantes hasta empresarios y deportistas ya han advertido que volverán a presentar una demanda judicial. “Algunos lo saben y otros no, pero he sido víctima de este tipo de delito”, confesó al canal Digi24 Ilie Dumitrescu, exjugador del Sevilla, justo el mismo día que se conoció la sentencia del alto tribunal. “En 2019, denuncié la existencia de un perfil falso con mi nombre en Facebook y acabo de comprobar que el administrador de la cuenta se ha dado hoy prisa en cerrarlo”, afirmó Dumitrescu, quien perteneció a la generación de oro del fútbol rumano, junto con Gica Hagi, que alcanzó sus cotas en la década de los noventa.

Otro caso sonado ha sido el del excéntrico magnate, exeuroparlamentario y patrón del antiguo Steaua de Bucarest (hoy FCSB), Gigi Becali. Aprovechando la generosidad de la que suele hacer gala al ayudar económicamente a personas necesitadas, unos estafadores crearon unos días antes de Navidad tres perfiles con su nombre en Facebook en los que se prometía a los usuarios premios de miles de euros, lo que generó ansia entre algunos participantes que llegaron a suplicar impacientemente —tras haber dado datos personales y bancarios— las sumas ofrecidas supuestamente por el empresario. Ignoraban por completo que se trataba de un fraude.

“Desafortunadamente, la malicia de las informaciones falsas resulta tan grande en la actualidad que no se puede controlar mediante la educación cívica, sino que se requiere algunas veces una intervención más severa”, explica a EL PAÍS el presidente de la ONG Active Wacth, Mircea Toma. Rumania, que albergará el futuro Centro Europeo de Ciberseguridad, dio un paso hacia la legislación digital al aprobar a mediados de 2020 una ley que reconoce el acoso cibernético como una forma de violencia machista, puesto que persigue “avergonzar, humillar o silenciar a la víctima”, en la que se incluyen amenazas por Internet o cuando una pareja (o expareja) envía contenido gráfico íntimo sin el consentimiento de la otra persona.

Además, en el país ya había anteriores condenas por uso nocivo de Internet. Un tribunal condenó en junio de 2014 a cuatro años de prisión al pirata informático Guccifer por filtrar correos electrónicos de la familia del expresidente estadounidense George W. Bush, y de altos cargos rumanos, pero también por piratear la cuenta de Facebook del antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.

Mientras tanto, los expertos en seguridad cibernética avisan de que el fenómeno no deja de crecer. “Lo primero que debemos hacer es denunciar a la respectiva red social y presentar las pruebas requeridas y, después presentar una denuncia ahora que ya disponemos de una sentencia clara”, indica por teléfono Silviu Stahie, especialista en ciberseguridad de la compañía tecnológica rumana Bitdefender.