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La justicia británica rechaza la extradición de Assange a Estados Unidos

La juez considera que el riesgo de suicidio sería elevado. El Gobierno estadounidense dispone de 14 días para recurrir el fallo, mientras los abogados del activista solicitan su libertad inmediata bajo fianza

Rafa de Miguel
Julian Assange, el 1 de mayo de 2019, cuando fue trasladado desde la prisión de Belmarsh al tribunal londinense que decidía su posible extradición a EE UU.
Julian Assange, el 1 de mayo de 2019, cuando fue trasladado desde la prisión de Belmarsh al tribunal londinense que decidía su posible extradición a EE UU.Matt Dunham (AP)

La magistrada británica del Tribunal Penal Central de Londres (conocido como Old Bailey) Vanessa Baraitser ha concluido este lunes, en una de las sentencias más relevantes de las últimas décadas, que Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, no debe ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentaría a penas de hasta 175 años de cárcel. La juez ha asegurado, en la lectura de su resolución, que “el riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición, era elevado”. El Gobierno estadounidense dispone ahora de 14 días para recurrir el fallo. La defensa de Assange ha solicitado su libertad provisional bajo fianza, pero la magistrada ha ordenado que siga de momento bajo custodia. Decenas de seguidores del hacker han celebrado la decisión a las puertas del tribunal. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que le resultaría angustioso ser extraditado a Estados Unidos”, ha dicho la juez. “Sufriría un deterioro que lo llevaría a suicidarse, dada la determinación que le provocan sus trastornos autistas”, ha añadido.

Assange, quien se encontraba presente en la sala durante la lectura del fallo, ha mantenido sus ojos cerrados mientras la jueza Baraitser exponía sus conclusiones. Vestía un traje azul y no se despojó en ningún momento de la máscarilla verde que le cubría parte del rostro. Su pareja, Stella Morris, ha permanecido sentada junto a él mientras escuchaba el veredicto. “Señor presidente, derribe los muros de esta prisión”, ha pedido Morris a Donald Trump a las puertas del juzgado. Parafraseaba así las palabras pronunciadas por Ronald Reagan ante el muro que entonces dividía Berlín. “Permita a mis hijos que puedan ver a su padre. Libere a Julian, libere a la prensa, libérenos a todos”, ha pedido.

Jennifer Robinson, abogada de Julian Assange. En vídeo, la abogada anuncia la no extradición de Assange.Vídeo: FOTO Y REUTERS

No ha sido, sin embargo, una victoria de la libertad de prensa. La magistrada concluye en su texto que los hechos de los que Assange había sido acusado constituyen también un delito bajo la legislación del Reino Unido. “Salvando el papel crucial que la prensa tiene en una sociedad democrática, los periodistas tienen la misma obligación que el resto de ciudadanos de obedecer la ley penal. En este caso, los hechos de los que se acusa al Sr. Assange son ilegales, y él no resulta inmune a la responsabilidad criminal simplemente porque asegure que actuaba como periodista”, ha sentenciado Baraitser.

La juez concluye que el sistema penitenciario estadounidense no lograría garantizar de modo absoluto que Assange no pudiera suicidarse, y recuerda incluso el caso del millonario Jeffrey Epstein, que se quitó la vida en agosto de 2019.

El próximo miércoles se celebrará una vista especial para atender la petición de la defensa del hacker para que se le permita abandonar la prisión bajo fianza. Ya no tiene cuentas pendientes con la justicia británica, con lo que la decisión de permanecer en prisión estaría únicamente vinculada a la resolución definitiva del juicio de extradición. De momento, Assange ha regresado a la prisión londinense de Belmarsh, donde permanece vigilado bajo estrictas medidas de seguridad.

Manifestación frente al Tribunal Penal Central de Londres para celebrar la decisión de la justicia británica de rechazar la extradición de Assange a Estados Unidos, este lunes.
Manifestación frente al Tribunal Penal Central de Londres para celebrar la decisión de la justicia británica de rechazar la extradición de Assange a Estados Unidos, este lunes.HENRY NICHOLLS (Reuters)

Assange fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica por saltarse las restricciones de su libertad provisional en 2012. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo dos años antes. El hacker obtuvo la protección diplomática del Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante siete años en las dependencias de la Embajada ecuatoriana en Londres.

Washington acusa a Assange de varios delitos contra la Seguridad Nacional. En colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán.

El actual Gobierno de Ecuador, presidido por Lenín Moreno, decidió romper lazos con el prófugo de la justicia y lo entregó a las autoridades británicas el pasado abril. Le acusaban de haber abusado de su hospitalidad y llevado a cabo actividades ilegales y de injerencia en los asuntos internos de otros países desde su encierro. Assange se había convertido en un huésped incómodo que, entre otras cosas, provocó la protesta del Gobierno español por su campaña en las redes a favor del movimiento independentista en Cataluña, en los días previos y posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Gobierno sueco decidió reactivar las acusaciones contra Assange, que había sobreseído provisionalmente, después de conocer su entrega a Londres. Sin embargo, un tribunal de ese país dictaminó que no era necesario proceder a la detención y detuvo así unos trámites de extradición que estaban a punto de ser cursados. De este modo, la petición del Ejecutivo de EE UU adquirió prevalencia. La justicia sueca decidió finalmente archivar el caso el pasado noviembre.

La juez Baraitser denegó a finales de marzo la petición presentada por los abogados de Assange, de 49 años, para que el cofundador de Wikileaks abandonara la prisión de Belmarsh, ante el “alto riesgo” de que pudiera ser infectado con el coronavirus. Edward Fitzgerald, el abogado del hacker, explicó durante la vista que su cliente había padecido con anterioridad infecciones de pulmón y dientes, y osteoporosis, y que su estado de salud aumentaba el riesgo de que contrajera la enfermedad. “Si continúa detenido, existe un riesgo real de que su salud y su vida se vean seriamente amenazadas, en unas circunstancias de las que le sería imposible escapar”, aseguró Fitzgerald.

Assange supo burlar a sus anfitriones ecuatorianos y a los servicios de inteligencia británico y estadounidense y fue padre hasta en dos ocasiones desde su situación de confinamiento. Stella Morris, de 37 años, una abogada de origen sudafricano, pero con nacionalidad sueca, reveló al diario británico Mail on Sunday que llevaba cinco años ocultando al mundo su romance con Assange, con el que ha tenido dos niños, Gabriel, de 2 años, y Max, de uno. “En los últimos cinco años he descubierto que el amor hace soportables las circunstancias más insoportables, pero ahora es diferente”, ha contado Morris. “Ahora tengo miedo de no volver a verle con vida. Su salud es muy pobre, y eso le coloca en un grave riesgo. No creo que pudiera sobrevivir a una infección por coronavirus”.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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