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Macron estudia imponer por decreto la reforma de las pensiones ante el bloqueo de la oposición

Más de 40.000 enmiendas ralentizan el debate parlamentario sobre una ley que ha provocado huelgas y frecuentes manifestaciones

El líder opositor Jean-Luc Mélenchon durante el debate sobre las pensiones en la Asamblea Nacional
El líder opositor Jean-Luc Mélenchon durante el debate sobre las pensiones en la Asamblea Nacional AFP

Es la opción nuclear del parlamentarismo francés: el último recurso ante una iniciativa legislativa atascada en la Asamblea Nacional y considerada como una prioridad por el Gobierno. El primer ministro, Édouard Philippe, ha esgrimido esta semana la posibilidad de imponer por decreto la polémica reforma de las pensiones. Philippe esquivaría así el bloqueo sistemático con el que la oposición de izquierda radical intenta hacer descarrilar un proyecto central para el presidente Emmanuel Macron. El riesgo, para Macron y Philippe, es que esta vía encienda de nuevo los ánimos en la calle después de las movilizaciones de diciembre y enero.

No hay nada decidido, pero tanto el presidente como su primer ministro han enviado señales de que, si el filibusterismo de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon continúa, considerarán legítimo acogerse al artículo 49 párrafo 3 de la Constitución. Este artículo permite al primer ministro imponer una ley sin voto en la cámara de diputados. La única manera que la Asamblea Nacional tiene de frenarla es por medio de una moción de censura que haga caer al Gobierno. Con el 49.3, el Gobierno ata su suerte a una ley.

Al disfrutar de una mayoría parlamentaria cómoda, la hipotética moción de censura tendría nulas posibilidades de ganar, y la aprobación de la reforma estaría garantizada. El problema, para Macron y Philippe, sería el coste de esquivar el proceso legislativo natural. La experiencia más reciente es la del presidente socialista François Hollande. Su primer ministro entre 2014 y 2016, Manuel Valls, recurrió al 49.3 para imponer las llamadas ley Macron de liberalización económica —el presidente era entonces su ministro de Economía— y la ley El-Khomri sobre la reforma laboral. Las manifestaciones, algunas con derivas violentas, marcaron el mandato de Valls y el 49.3 se ha asociado desde entonces a la imagen de un poder ejecutivo impotente ante el legislativo y proclive al ordeno y mando en vez de a la deliberación parlamentaria.

“Cuando se trata de asumir mis responsabilidades, lo hago sin dudar y utilizo toda la Constitución y nada más que la Constitución, pero repito: toda la Constitución”, dijo Philippe el martes, durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la pregunta de un diputado de oposición. Sabe que, si aplica e 49.3, Macron puede ver erosionada su popularidad y sus oponentes se cargarán de razones para volver a protestar.

“Quieren preparar a la opinión pública a la idea del 49.3”, denunció Mélenchon la semana pasada. “Tenemos un presidente autoritario: los métodos del autoritarismo se propagan”.

En la V República, fundada en 1958, se ha recurrido 86 veces al 49.3. El primer ministro que más lo usó fue el socialista Michel Rocard. En el caso de la reforma de las pensiones, el argumento del Gobierno es que, sin el 49.3, no habrá manera de aprobar el proyecto a corto o medio plazo debido al obstruccionismo de Mélenchon y el resto de la oposición, que han introducido más de 40.000 enmiendas.

El resultado es un debate a paso de tortuga cuyo fin no se vislumbra y la impaciencia creciente de Macron. El presidente cree que la reforma —promesa electoral y piedra maestra de su programa para transformar Francia— debe aprobarse como sea. Superó la huelga de transportes que empezó a principios de diciembre y terminó a mediados de enero, y las periódicas manifestaciones —cada vez menos concurridas— fracasaron en el objetivo de lograr la retirada de la ley. Cuenta con que los franceses, aunque la reforma no les entusiasme, empiezan a cansarse.

Antes, Philippe debe convencer a la propia mayoría parlamentaria, donde algunos diputados son reticentes a una opción que relega al legislativo y puede reavivar las protestas. Y persuadir a la opinión pública de que los insumisos de Mélenchon —18 de 577— son los culpables, con su bloqueo sistemático, de abocar al Gobierno al decreto. Otro riesgo es perder el apoyo del primer sindicato francés, el moderado CFDT, que está a favor de la reforma pero desconfía de la vía unilateral. Y un problema técnico: después de la última modificación constitucional, el 49.3 solo puede usarse una vez cada curso parlamentario, y la reforma de las pensiones se desglosa en dos leyes. ¿Cómo y cuándo se adoptará la segunda, que atañe a la financiación futura del sistema? La reforma contempla la fusión de los 42 regímenes de pensiones actuales en un solo sistema y un nuevo método de cálculo.

El embrollo parlamentario, y el posible golpe de fuerza del Ejecutivo, ocurre a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones municipales en las que LREM se prepara para encajar una derrota dolorosa. Y a dos años de las elecciones presidenciales: algunos diputados macronistas han recordado estos días que el recurso al decreto fue un lastre para Hollande y contribuyó a su impopularidad y, finalmente, a su decisión de no volverse a presentar en 2017. Es la maldición del 49.3: como su antecesor, a Macron le costará librarse de ella.

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