Turquía aprueba una ley que facilita la intervención de asociaciones y ONG

“Espero que 2021 sea el año de las reformas democráticas y económicas, como hemos prometido a nuestra nación. Presentaremos el proyecto para esto al Parlamento lo antes posible”, aseguró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un discurso el pasado viernes. Es parte de la narrativa del Gobierno turco a fin de mejorar su maltrecha imagen externa -que ha conllevado cambios en la dirección económica del país- y así atraer la inversión extranjera necesaria para remontar una situación económica muy frágil. Pero por bien que pinte la partitura, la música que sigue tocando la orquesta es muy diferente. En su último acto antes del receso de Fin de Año, la Gran Asamblea Turca aprobó el domingo una ley que ha alarmado a los defensores de derechos humanos y la oposición, ya que facilitará intervenir las organizaciones de la sociedad civil críticas con el Ejecutivo, incluidas las internacionales con presencia en Turquía.

La nueva ley tiene como objetivo “equiparar” la legislación turca de lucha contra la financiación de organizaciones terroristas y la proliferación de armas de destrucción masiva a “estándares internacionales”, explica por teléfono Cahit Özkan, jefe del grupo parlamentario del AKP, la formación islamista del presidente Erdogan. Se trata de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de antiterrorismo y con un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2019 que señalaba ciertas “deficiencias” de Turquía en los campos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la congelación de activos de sospechosos de terrorismo.

Sin embargo, la ONG Human Rights Watch (HRW) apunta que solo seis de los 43 artículos de la nueva ley turca se dirigen a solventar estas cuestiones. “Sus provisiones exceden el objetivo de impedir la financiación del terrorismo. Permitirán al Ministerio de Interior intimidar las actividades legales y legítimas de organizaciones no gubernamentales y van contra el derecho de asociación de sus miembros”, denuncia HRW en un comunicado.

Esta legislación permite al Ministerio de Interior intervenir temporalmente y reemplazar a directivos de asociaciones y fundaciones que estén siendo investigadas por delitos relacionados con el terrorismo, así como ordenar detener sus actividades hasta que concluya el proceso judicial. “Esto supone que asociaciones y fundaciones dedicadas a los derechos humanos, de la mujer, de los refugiados, de los niños o del colectivo LGTBI+, asociaciones y fundaciones de migrantes, de abogados, deportivas y de diversas creencias religiosas se enfrentan, en la práctica, al riesgo de cierre con una simple firma, mientras los juicios se prolongan durante años”, critica un manifiesto contra la ley firmado ya por unas 700 organizaciones.

Además, se incrementarán las inspecciones de todas las organizaciones de la sociedad civil -incluidas las extranjeras con presencia en Turquía- y las donaciones estarán severamente reguladas por el ministerio, y aumentan de menos de 100 a más de 20.000 euros las multas por iniciar campañas de donación que considere irregulares, lo que, en la práctica, dificultará su financiación.

El diputado Özkan defiende el texto y asegura que la intervención de asociaciones tendrá que estar justificada en “pruebas concretas” y, para que se haga permanente, deberá ser validada por un tribunal (si bien el Ministerio de Interior tendrá potestad de tomar el control temporalmente). “El mismo tipo de regulaciones existen en el Reino Unido, Francia o España. Pero solo son polémicas cuando las aprobamos nosotros”, se queja.

El problema no es quizás tanto el texto como su aplicación efectiva: los tribunales y la Fiscalía de Turquía -fuertemente influidas por el poder Ejecutivo- utilizan los cargos relacionados con el terrorismo a la ligera, critican instituciones internacionales como el Consejo de Europa. La prueba: una exdiputada kurda y un destacado periodista fueron condenados a más de 20 años de cárcel cada uno bajo acusaciones de terrorismo en dos juicios distintos; otro tribunal decretó la permanencia en prisión del empresario y filántropo Osman Kavala pese a que la Corte Europea de Derechos Humanos exige su excarcelación, y, ante la petición hecha el pasado martes por el mismo tribunal de Estrasburgo de que el político kurdo Selahattin Demirtas sea “liberado inmediatamente”, el presidente Erdogan la rechazó acusando a los jueces europeos de defender a “terroristas”. Todo ello ocurrió la misma semana de la votación de la polémica ley; y mientras Erdogan prometía un 2021 de reformas democráticas.