Condenada a cinco años y ocho meses de cárcel una defensora de los derechos de la mujer en Arabia Saudí

Un tribunal antiterrorista de Arabia Saudí ha condenado este lunes a cinco años y ocho meses de prisión a la activista Loujain al Hathloul, por “intentar cambiar el sistema político del reino y promover una agenda extranjera usando internet”. Aunque la pena está por debajo de los 20 años que pedía el fiscal, resulta un duro castigo para una joven cuyo único delito es haber defendido el derecho de las mujeres a conducir (antes de que Arabia Saudí levantara la prohibición en 2018) y el fin del sistema de tutela masculina. La semana pasada, un tribunal ordinario desestimó su denuncia de torturas “por falta de pruebas”.

“Después de casi tres años en detención preventiva y cinco semanas de un proceso acelerado en el Tribunal Penal Especial, mi hermana ha sido condenada hoy a cinco años y ocho meses de cárcel, usando leyes antiterroristas”, ha confirmado Alia al Hathloul, poco después de que los medios saudíes difundieran la noticia. Alia, que junto con sus hermanos Lina y Walid ha actuado de portavoz del caso, ha reconocido que la familia se encuentra “hundida” ante el hecho de que Loujain tenga que pasar una noche más en prisión. “No vamos a descansar hasta que no esté libre”, asegura en un comunicado.

Loujain, de 31 años, ha roto a llorar al oír la sentencia, que, según Lina, va a recurrir. La joven fue detenida junto con otra docena de activistas en mayo de 2018, unos días antes de que se levantara la prohibición de conducir por la que ella había hecho campaña. Desde entonces, su encarcelamiento y juicio fueron objeto de numerosas críticas. Tanto organismos internacionales de derechos como destacados políticos occidentales habían pedido a Arabia Saudí que las dejara en libertad.

“Debe ser liberada de inmediato. Defender los derechos humanos no es terrorismo”, ha tuiteado la relatora de la ONU para los defensores de derechos humanos Mary Lawlor. También las organizaciones de derechos Human Rights Watch y ALQST han criticado el veredicto, que interpretan como un mensaje a los activistas.

La sentencia incluye la suspensión de la mitad de los 68 meses de cárcel a los que ha sido condenada “en atención a sus condiciones”, lo que parece una referencia a su delicado estado de salud después de la huelga de hambre que llevó a cabo el pasado noviembre para reclamar que le permitieran comunicarse con su familia. Descontado el tiempo que ha pasado en prisión preventiva, eso significa que Loujain podría quedar en libertad para el próximo marzo.

Sin embargo, esa suspensión “se considerará nula en el caso de que la procesada cometa cualquier crimen en los próximos tres años”, según recoge la web del diario Okaz. Es una fórmula que los regímenes autoritarios utilizan para “mantener a las activistas calladas e inactivas”, según explicaba recientemente a EL PAÍS Sussan Tahmasebi, cofundadora y directora de Femena. La sentencia, que puede recurrirse en los próximos 30 días, también le prohíbe salir del país durante cinco años.

“Loujain y mis padres (que son sus abogados) tuvieron poco tiempo para preparar el juicio, así que es difícil entender que sea un proceso justo. Mi hermana no es una terrorista, sino una activista. Condenarla por promover las mismas reformas que MBS y el reino saudí tanto se vanaglorian es la última hipocresía”, manifiesta Alia, usando las iniciales con que se conoce al heredero y gobernante de hecho de Arabia Saudí, el príncipe Mohamed Bin Salmán.

Una campaña en la prensa local acusó de “traidoras” a Loujain y al resto de las activistas tras su detención. El propio MBS, que se presenta como un modernizador, sugirió que eran espías en una entrevista con la agencia Bloomberg, pocos meses después. El año pasado, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Adel al Jubeir, les acusó de haber “recibido fondos de gobiernos extranjeros hostiles”.

De hecho, el caso de Loujain se trasladó de la justicia ordinaria al Tribunal Penal Especializado de Riad (que se ocupa de casos de terrorismo) el pasado 25 de noviembre, cuando se reanudó tras varios meses de parón por la pandemia. A raíz de esa decisión, la familia de Loujain hizo público el pliego de acusaciones. Las principales, por las que la fiscalía pedía un total de 20 años de cárcel, incluían intentar cambiar el sistema político saudí, defender el fin del sistema de tutela masculina, solicitar un trabajo en la ONU y contactar con organizaciones de derechos, embajadas y periodistas extranjeros.

El fiscal también acusó a la activista de haber recibido “apoyo financiero de una organización exterior para visitar organizaciones de derechos y conferencias con el objetivo de hablar sobre el estatuto de las mujeres saudíes”. Dicho apoyo consistió, según admitió la propia interesada, en el billete de avión y un estipendio de 50 euros diarios para acudir a un cursillo de ciberseguridad en España, facilitados por Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia.

La semana pasada, un tribunal ordinario desestimó la denuncia de la activista por torturas y malos tratos. El juez concluyó que sus declaraciones no eran suficientes y no había podido identificar a los responsables por encontrarse con los ojos tapados. A su petición de las grabaciones de seguridad, la respuesta fue que no estaban disponibles porque “se borran automáticamente después de 40 días”. Según las organizaciones de derechos y su familia Loujain y otras dos mujeres sufrieron golpes, descargas eléctricas y falsos ahogamientos (waterboarding) entre mayo y agosto de 2018.