Bruselas y Londres crean una estructura paralela a la UE encargada de vigilar el post-Brexit

Más que un adiós, el final del Brexit será un hasta la vista. El acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido que debe entrar en vigor el próximo 1 de enero establecerá una estructura de vigilancia y supervisión que replica en gran parte, aunque a menor escala, el entramado institucional que vela por la integridad del club comunitario. Las dos partes han acordado la creación de un Consejo de dirección, con presencia de la Comisión Europea y del Gobierno británico, y de 18 comités especializados, con competencias similares a las carteras de los comisarios europeos. El acuerdo incluso contempla la posibilidad de crear una Asamblea parlamentaria conjunta, compuesta por miembros del Parlamento Europeo y del británico.

El acuerdo alcanzado por los negociadores, todavía pendiente de aprobación, no es tan ambicioso como pretendía la Unión Europea y como probablemente hubiera aceptado el Gobierno de Theresa May. El primer ministro británico actual, el conservador Boris Johnson, optó tras llegar al poder por rebajar drásticamente el alcance de la relación con Bruselas tras la consumación del Brexit el pasado 31 de enero y el final del período transitorio de salida el 31 de diciembre.

El tajo dejó fuera de las negociaciones los capítulos relacionados con política exterior, seguridad y defensa. Y lo redujo a un acuerdo que garantice, dentro de lo posible, la fluidez de la relación comercial y, en concreto, en el intercambio de mercancías, más un capítulo sobre la cooperación policial y judicial en materia penal.

Aun así, el acuerdo establece un esquema de cooperación y coordinación que, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “puede sentar los cimientos para un nuevo comienzo y una amistad a largo plazo”. Para Johnson, “este acuerdo facilita una cooperación estrecha y amigable con nuestros vecinos en todas las numerosas áreas donde nuestros valores e intereses coinciden”.

Las dos partes han pactado una gobernanza que, según el preámbulo del texto cerrado el pasado jueves, pretende “garantizar la gestión eficiente y la correcta interpretación y aplicación de este Acuerdo”. Londres ha insistido durante los 10 meses de negociación, hasta extremos cansinos para el equipo de Michel Barnier, en la necesidad de respetar la soberanía británica. Pero ha aceptado la creación de una estructura de supervisión del acuerdo que reproduce en gran parte el organigrama institucional de la UE.

La gran ventaja del Reino Unido es que en el nuevo modelo la relación pasa a ser bilateral entre el Gobierno británico y la Comisión, con una toma de decisiones por consenso mutuo que da a Londres el mismo peso que a Bruselas en las materias relacionadas con el acuerdo. Con el Brexit, el Reino Unido deja atrás unas instituciones multilaterales en las que cada vez se sentía más minorizado y donde su influencia decaía de manera proporcional a los avances en la integración europea.

La nueva estructura estará dirigida por un Consejo del Partenariado, copresidido por un comisario europeo y por un miembro del Gobierno británico a nivel ministerial. El Consejo, que se reunirá alternativamente en Bruselas y Londres, podrá adoptar decisiones en todas las materias cubiertas por el acuerdo (comercio, transporte aéreo y rodado, energía, aduanas, propiedad intelectual, licitación pública, gestión del IVA, productos sanitarios y fitosanitarios, pesca…), dirigir recomendaciones a una de las partes sobre la aplicación de lo pactado y crear o disolver los comités especializados que supervisarán cada área.

El trabajo del Consejo estará asistido por 18 comités especializados, encargados cada uno de ellos de supervisar la ejecución del acuerdo en sus diferentes áreas. Ambas partes se comprometen a designar representantes “que tengan el conocimiento necesario con respecto a los temas en discusión”, pero sin concretar el rango de los participantes.

El reparto de tareas de los comités sigue las áreas del acuerdo y coinciden con la cartera de alguno de los 27 miembros de la Comisión Europea. Los más importantes, al menos en el arranque de la nueva relación, parecen llamados a ser el comité de comercio, el de bienes y el de aduanas y reglas de origen. Pero el destinado a la cooperación reguladora y el encargado de velar por una competencia leal entre ambas partes pueden convertirse en los foros más activos a medida que la legislación europea y la británica sigan su propio camino, con riesgo de posibles divergencias y discrepancias.

El Consejo y los comités se reunirán al menos una vez al año. Pero podrán ser convocados en cualquier momento por cualquiera de las dos partes.

El acuerdo también establece cuatro grupos de trabajo para garantizar que no hay discrepancias graves en puntos tan concretos como los productos orgánicos, los componentes de automóvil o la coordinación de los regímenes de Seguridad Social.

La desconfianza provocada por el Brexit y, sobre todo, por la presencia de Johnson en Downing Street, ha llevado a Bruselas a blindar el cumplimiento del acuerdo con sistemas de arbitraje en caso de discrepancias y con calendarios draconianos para imponer represalias comerciales si fuera necesario. Pero el laborioso texto pactado, de 1.246 páginas, también incluye el marco institucional que en el futuro podría permitir una convivencia estable y, quizá, más estrecha cada vez. “Reino Unido es, por supuesto, cultural, espiritual y emocionalmente, parte de Europa”, afirma Johnson en la carta de presentación del acuerdo a los ciudadanos británicos.

El texto pactado por el equipo de Barnier y el de [David] Frost llega incluso a prever la posibilidad de que el Parlamento Europeo y el de Westminster puedan crear una Asamblea parlamentaria conjunta, compuesta por miembros electos de ambas cámaras. El nuevo hemiciclo eurobritánico tendría que ser informado de la labor del Consejo del Partenariado, al que podría también dirigir recomendaciones.

El diseño sigue llamativamente la creación del Parlamento Europeo, que también comenzó como una asamblea sin poderes legislativos ni miembros elegidos directamente, pero que a partir de 1979 cuenta con europarlamentarios electos por sufragio directo y ha ido ganando competencias legislatura tras legislatura.

Bruselas y Londres se han comprometido además a facilitar la organización de un Foro de la sociedad civil que esperan convocar al menos una vez al año, con representación de organizaciones no gubernamentales, empresas, patronales, sindicatos o grupos en defensa del desarrollo sostenible, los derechos humanos o el medioambiente.