Bruselas y Londres ultiman el acuerdo post-Brexit a la espera del visto bueno de Macron y Johnson

Ambiente de acuerdo inminente. Los negociadores europeos y británicos se encuentran a punto de cerrar el tratado comercial que regulará las relaciones entre la UE y el Reino Unido tras el fin del periodo de transición del Brexit, este 31 de diciembre. El histórico acuerdo marcaría el final definitivo de los 47 años de pertenencia del Reino Unido a la UE. Y el inicio de una nueva era entre dos socios inevitables por razones históricas y geográficas, pero cuya convivencia se ha deteriorado durante décadas y en 2016 desembocó en una victoria del Brexit en un referéndum cuyo resultado ahora se consuma.

La libra esterlina se ha revalorizado cerca del 1% y los bonos británicos han registrado su mayor subida en un mes ante la posibilidad de un acuerdo que evitaría o, al menos aliviaría, las perturbaciones que la salida definitiva del Reino Unido del mercado interior y de la unión aduanera provocará el próximo 1 de enero.

Las negociaciones, según coinciden todas las fuentes consultadas, han entrado en las horas finales y el desenlace podría conocerse este mismo miércoles, justo antes de la pausa de Navidad. Los equipos negociadores, capitaneados por Michel Barnier en el lado europeo, y David Frost, en el británico, han llegado al final de su tarea y tan solo falta la aquiescencia política de las capitales, en particular, de Londres y París.

Francia es el país potencialmente más afectado por el recorte de las cuotas pesqueras en aguas británicas que supondrá el acuerdo y que se ha convertido en el último escollo de las conversaciones. El visto bueno del Gobierno francés de Emmanuel Macron es imprescindible para rematar el texto. En la otra orilla, el primer ministro británico, Boris Johnson, sopesa el riesgo de que el acuerdo, que incluirá la apertura mutua de los mercados británico y europeo, provoque una revuelta entre los conservadores que defienden un Brexit tajante y sin ningún lazo con la UE.

Pero Londres ha comprobado en las últimas horas, a raíz del cierre de fronteras para frenar la propagación de la covid-19, el monumental daño que podría causar una ruptura sin ningún tipo de acuerdo. La propia revalorización de la divisa británica ante la inminencia de un pacto muestra que el lado británico sería el más golpeado por una salida caótica del mercado interior, riesgo que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas y que, a falta de acuerdo, se materializaría el 1 de enero.

No obstante, fuentes europeas vislumbran la posibilidad de un pacto definitivo este miércoles, lo que pondría fin a más de 10 meses de tortuosas negociaciones, que se iniciaron después de que entrara en vigor la retirada del Reino Unido de la UE en enero pasado. Se inició entonces un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que Londres ha seguido acatando las normas comunitarias y las relaciones entre ambas partes se ha mantenido en los mismos términos que durante los más de 40 años de pertenencia del Reino Unido al club europeo. Un período de gracia que expira dentro de ocho días.

El futuro tratado debe fijar las garantías de una competencia leal y justa, una exigencia muy en concreto del lado europeo. Bruselas teme que el Reino Unido pueda recurrir a subsidios públicos o a una relajación regulatoria (en legislación laboral, medioambiental o fiscal) que otorgue a las empresas británicas una ventaja competitiva respecto a las europeas. El proyecto de acuerdo fija los mecanismos de vigilancia sobre ese posible dumping y establece las vías que permitirían a Europa blindarse en caso necesario y adoptar represalias si la competencia desleal se consuma.

Los equipos negociadores dejaron prácticamente resuelto el punto de la competencia a mediados de este mes. Pero quedó entonces sobre la mesa el polémico punto de las cuotas pesqueras. Bruselas y Londres han forcejeado durante días sobre el acceso de la flota pesquera europea a las aguas de influencia británica. Una negociación clásica de porcentajes y calendario pero muy enrevesada políticamente para ambas partes.

La recuperación del control de los caladeros fue una de las grandes promesas de los partidarios del Brexit durante la campaña del referéndum en 2016. Y una de las pocas en las que pueden mostrar un resultado medianamente satisfactorio. El ejecutivo de Johnson necesita también un recorte sustancial de las cuotas europeas para congraciarse con Escocia, un territorio que votó mayoritariamente a favor de permanecer en la UE pero cuyas zonas pesqueras apostaron por la salida.

Para Macron, en cambio, el mantenimiento del acceso es clave para no provocar las iras de su sector pesquero. La flota francesa copa casi un tercio del valor de las capturas europeas en aguas británicas y la pérdida de esos caladeros causaría un gran malestar entre los pescadores franceses.

Reino Unido comenzó pidiendo un recorte de la cuota del 80% pero en las últimas semanas ha suavizado su petición. Bruselas planteaba un tajo de solo el 18% pero ha ido subiendo hasta el 25% y en algunas especies podría aceptar incluso más del 35%. Aun así, fuentes francesas citadas por Reuters se han mostrado este miércoles convencidas de que Londres ha cedido mucho terreno, lo que podría despejar el camino para la luz verde de París al acuerdo.

Fuentes comunitarias indican que la consecución de un acuerdo antes de Navidad permitiría al Consejo de la UE preparar el terreno legal para la entrada provisional del pacto el próximo 1 de enero, a la espera de la ratificación definitiva en el Parlamento Europeo en las primeras semanas de 2021.

Barnier señalaba ya este martes que los contactos se aproximaban al momento del desenlace, a poco más de una semana del 31 de diciembre. “Estamos realmente en un momento crucial; estamos dando el impulso final”, dijo a los representantes de los 27 en Bruselas. A puerta cerrada, Barnier comunicó que ha habido progresos y que la mayoría de los puntos están acordados de manera preliminar “o a punto de estarlo”, según indicaron fuentes diplomáticas.

El runrún del posible acuerdo se ha propagado por Bruselas y Londres a mediodía del miércoles. En la capital comunitaria las tres instituciones implicadas —Comisión, Consejo y Parlamento— se mantienen en guardia ante la posibilidad de una fumata blanca inminente. El ajustado calendario obligará a acelerar procedimientos que, en otras circunstancias, podrían haber tomado semanas.

El proyecto de tratado deberá ser revisado, en primer lugar, por el comité de representantes permanentes de los 27 socios en Bruselas, con rango de embajadores. La luz verde diplomática debería ser confirmada por los 27 Gobiernos en las capitales. Y el Parlamento Europeo podría convocar un pleno extraordinario o una reunión de los presidentes de los grupos parlamentarios para dar su primera opinión sobre el texto.

Salvo cambios de última hora, el Parlamento Europeo da por descartada la ratificación del tratado antes de fin de año, lo que obligará a Bruselas a buscar alternativas legales para garantizar que el 1 de enero no se produce un vacío legal ni un caos fronterizo y aduanero. La fórmula más expeditiva sería la aplicación provisional del tratado, una potestad que le compete decidir a los 27. Pero el Parlamento rechaza esa posibilidad y aunque no puede frenarla, de llevarse a cabo podría complicar la tramitación parlamentaria del acuerdo. La Eurocámara sugiere como vía intermedia la aplicación provisional solo de los capítulos del tratado que sean esenciales para preservar el tráfico comercial a primeros de enero y dejar la ratificación completa del acuerdo para unas semanas después.