Las cuotas pesqueras dejan en el aire el acuerdo final sobre el Brexit
Barnier advierte que Londres no puede aspirar a tener acceso al mercado interior y pretender renegociar cada año los cupos de pesca en sus aguas
![El negociador jefe europeo para el Brexit, Michel Barnier, este viernes en el Parlamento Europeo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/Z6NMZ6CRXA55IRDDON24YAOXQQ.jpg?auth=aeaa5f8da0bff023796da7fb803a73d58043cbc829ea13025db2354b2e1b5e92&width=414)
Como se había previsto casi desde el inicio de las negociaciones, las cuotas pesqueras se han convertido en el último obstáculo para un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido que permita mantener las intensas relaciones económicas entre ambas partes cuando el 31 de diciembre expire el período transitorio del Brexit. El negociador europeo, Michel Barnier, ha advertido este viernes que Londres no puede aspirar a que sus empresas obtengan un acceso permanente al mercado interior europeo mientras pretende renegociar cada año el acceso de la flota pesquera europea a las aguas británicas. El vínculo entre las dos principales áreas del acuerdo —comercio y pesca— muestra que el regateo ha entrado en una fase final de incierto desenlace aunque Bruselas sigue confinando en el pacto.
“Estamos ante el momento de la verdad”, ha proclamado este viernes ante el Parlamento Europeo el negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, con solemnidad pero sin perder su calma habitual. Barnier ha repetido que en los últimos días se ha “abierto un camino” hacia el acuerdo con el Gobierno de Boris Johnson, aunque ha insistido en que “es muy estrecho”.
Aunque fuentes europeas daban por superado esta semana el principal escollo de la negociación, relativo a las garantías sobre una competencia leal una vez que el Reino Unido esté definitivamente fuera del mercado europeo, los flecos sobre varios puntos siguen abiertos, sobre todo, en lo relativo al control de las ayudas de Estado en el lado británico.
Pero la recta final se centra en el tema pesquero, una inquietud para los ocho países (por orden habitual de facturación, Francia, los Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Alemania, España y Suecia) cuyas flotas faenan en aguas británicas. La UE da por descontado que deberá asumir un recorte en las capturas en esa zona, cuyo valor monetario anual ronda los 500 millones de euros.
El regateo entre Barnier y el negociador británico, David Frost, apunta a un período transitorio, con progresiva reducción de las capturas europeas. Pero al final de ese período, Londres quiere un corte total y negociar cada año las cuotas pesqueras, una incertidumbre inaceptable para Europa.
“Si después de un periodo de ajuste creíble y suficiente, el Reino Unido puede cortar el acceso a sus aguas en cualquier momento, la UE debe tener también el derecho soberano a reaccionar y compensar [el impacto]”, ha advertido Barnier en el hemiciclo europeo.
El negociador europeo ha señalado que la represalia comercial por la falta de acceso a las aguas británicas se traduciría “en un ajuste de las condiciones al mercado europeo del conjunto de productos [británicos], muy en particular los productos de la pesca”. Barnier ha reconocido que “en ese punto se encuentran actualmente las grandes dificultades de la negociación”.
El sector pesquero británico exporta al mercado europeo más del 70% de su producción, sobre todo, a Francia (que recibe hasta el 40%), España e Irlanda (14% cada país). Aunque el Reino Unido es importador neto de productos pesqueros a nivel mundial, su balanza comercial con la UE es positiva. El castigo arancelario a sus exportaciones dificultaría la entrada y deterioraría su balanza.
Barnier ha advertido que “queda muy poco tiempo para alcanzar un acuerdo que pueda entrar en vigor el 1 de enero”. Los principales grupos del Parlamento Europeo ya han señalado que no ratificarán este año el acuerdo si los negociadores rematan el texto después de la medianoche del domingo. Aun así, las negociaciones podrían continuar la semana que viene y hasta final de año, con una entrada en vigor del acuerdo de manera provisional y una ratificación parlamentaria a primeros del año que viene. Pero la Comisión Europea intenta evitar esa vía porque supondría un desaire al Parlamento que podría provocar después dificultades para la ratificación.
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