Bruselas abre expediente a Malta y Chipre por los ‘pasaportes dorados’

La Comisión Europea ha dado este martes un paso al frente en el asunto de los llamados pasaportes dorados, y ha anunciado que abre formalmente un procedimiento de infracción contra Malta y Chipre por sus esquemas de concesión de nacionalidad a cambio de inversiones. Estos mecanismos, creados en los momentos más duros de la Gran Recesión como una forma de atraer activos extranjeros, levantó las sospechas de Bruselas desde el principio. Hasta la fecha habían existido intercambios de cartas y discusiones políticas con los Gobiernos de Nicosia y La Valeta, pero el envío de la notificación formal de este martes abre un proceso que podría incluso acabar en los tribunales europeos. Tras la notificación, los Estados ahora tienen dos meses para dar una respuesta detallada y convincente al Ejecutivo comunitario con el fin de frenar el proceso.

La Comisión, según ha explicado uno de sus portavoces en una rueda de prensa este mediodía, considera que cuando no existe un “vínculo genuino” entre el ciudadano foráneo y el país de la UE en cuestión, la concesión de la nacionalidad a cambio de una suma de dinero mina el principio de “cooperación sincera” y también la “integridad del estatus de ciudadanía europea”, preceptos contenidos en los Tratados de la UE. En un informe de enero de 2019, Bruselas ya cuestionaba estos programas por ser una posible puerta trasera a través de la cual podían colarse en la UE personas adineradas, pero con un pasado oscuro y un reguero de dinero negro. “[Estos esquemas] suponen un riesgo para los Estados miembro y la Unión en su conjunto, en términos de seguridad, lavado de dinero, corrupción y evasión de impuestos”, concluía el dosier.

El aviso de Bruselas supone un paso más para tratar de atajar una situación que se estaba volviendo insostenible y cuyos tentáculos y ramificaciones con los bajos fondos aún podrían llegar muy lejos. Hace justo una semana el Gobierno de Chipre anunciaba que ponía fin a estos programas (cuya fórmula más laxa y cuestionada se remonta a 2013 aunque existen desde 2007) tras las crudas revelaciones de un documental de Al Jazeera en el cual se denunciaba la participación de varios políticos chipriotas en una trama corrupta de compraventa de pasaportes europeos a extranjeros con antecedentes penales en sus países. En Chipre, para que un extranjero pueda acceder a la nacionalidad, se exige una inversión mínima de dos millones de euros, además de contar con una propiedad en el país, según el informe de la Comisión. Aunque no existen cifras oficiales, una investigación del Parlamento Europeo de 2018 cifraba en 3.336 las naturalizaciones adquiridas a través de estos esquemas desde 2008 en Chipre.

A pesar del anuncio del Gobierno chipriota de dar marcha atrás, y también del maltés, que ha expresado recientemente su intención de modificar los cuestionados sistemas, la Comisión ha decidido seguir adelante porque “de momento", ha advertido el portavoz de la Comisión, "los esquemas siguen en vigor en los Estados concernidos y podrían reemplazarlos por sistemas de inversión similares”. Bruselas también ha anunciado esta mañana que ha enviado una carta a Bulgaria, donde existe un programa parecido, lo cual constituye algo así como una primera advertencia. “Le hemos pedido que nos den información clara”, ha dicho el portavoz sobre esta misiva. "Tiene un mes para responder y la Comisión no dudará en tomar medidas”.

“¡Al fin!”, exclama al teléfono tras conocer la noticia el europarlamentario alemán Sven Giegold. Este portavoz económico y financiero de los Verdes lleva años batallando contra los esquemas y considera el paso de Bruselas una victoria, aunque parcial y tardía. “La ciudadanía europea no es una mercancía”, dice. Y aporta una de las claves del asunto: al obtener la nacionalidad de un país se obtiene también la de toda la UE, por lo que el Estado que la concede estaría cometiendo “un abuso de la soberanía”. “Supone un uso fraudulento de la libertad de movimiento por motivos económicos", añade. "Estás haciendo negocio vendiendo la entrada de acceso a todo el mercado común”.

Estos esquemas son diferentes a los de inversión por residencia, los llamados golden visas, con los que cuentan países como España, Portugal y Grecia, los cuales no otorgan nacionalidad ni ciudadanía europea, sino un permiso de residencia.

Giegold considera que la nacionalidad no debería mercadearse, sino adquirirse “por la integración” de las personas. Y explica que su interés en el asunto se remonta a las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá y las investigaciones de Daphne Caruana Galizia: la periodista maltesa asesinada en un atentado con coche bomba en 2017 que llevaba meses trabajando sobre el suculento negocio de los pasaportes dorados en su país. “Ella era crítica con el programa porque las personas con antecedentes penales son las más interesadas en tener nuevos pasaportes, porque con ellos se obtiene una nueva identidad”, dice el europarlamentario.

En 2014 Malta comenzó a vender pasaportes europeos a cambio de una contribución de 650.000 euros a un fondo de inversión nacional, además de otra inversión de 150.000 euros, y el requisito de comprar o alquilar una propiedad inmobiliaria, según un informe de la Comisión. El europarlamentario Giegold cifra en más de 3.000 las naturalizaciones de extranjeros a través del sistema. El mes pasado, Keith Schembri, jefe de gabinete del ex primer ministro maltés Joseph Muscat, fue detenido como parte de una investigación sobre supuestos sobornos conectados al esquema de los pasaportes dorados. Caruana Galizia, antes de morir, también lo había señalado en el centro de una trama corrupta.