Las protestas callejeras se reactivan en Colombia tras meses de parálisis por la pandemia

Colombia se reactivó en la calle después de meses de parálisis por la pandemia del coronavirus. Con el preludio de dos masacres que, este domingo, dejaron diez muertos en Cauca y Nariño y un ambiente de crispación precedido por la muerte de 13 civiles por armas de fuego presuntamente a manos de la Policía en Bogotá y Soacha, este lunes volvieron las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Aunque estuvieron lejos de ser masivas como las de 2019, las marchas avanzaron con tranquilidad y en medio de un ambiente festivo en todo el país. Sin embargo en Bogotá, al final de la tarde, las concentraciones fueron disueltas tras un incidente con un puñado de personas que destruyó una entidad financiera.

“Bogotá respeta la movilización pacífica, pero no admite ningún acto vandálico ni violento. Todo el día la movilización ha sido pacífica, excepto por acto vandálico en el centro a las 4:45pm que se controló”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de Twitter y agregó que no hubo heridos. En el mismo sentido se pronunció el presidente Iván Duque, desde su programa diario. “El vandalismo, la violencia y las agresiones no las podemos tolerar bajo ninguna forma de expresión porque hacerlo sería premiar la ilegalidad”, dijo Duque. Sin embargo, líderes pollíticos que se sumaron a la marcha denunciaron que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) lanzó gases y ataques contra manifestantes pacíficos, la prensa y la congresista del partido Alianza Verde, Katherine Miranda.

Policías, a la cárcel

Hace dos semanas, la ira ciudadana por la brutalidad de policías que mataron a golpes y con descargas de pistola eléctrica a Javier Ordóñez, un abogado sometido, había volcado a cientos de personas a protestar contra las fuerzas de seguridad. Este lunes en la tarde, la Fiscalía ordenó los policías fueran a la cárcel y la Procuraduría aseguró que no se trató de un exceso de fuerza sino que hubo tortura contra el abogado. Durante dos días, el 9 y 10 de septiembre pasados, el centro de la rabia fueron los Comandos de Atención Inmediata de la Policía (CAI), ya que en una de estas instalaciones fue asesinado Ordóñez, pero el caos y la respuesta de los uniformados disparando con armas de fuego dejaron 13 muertos y una fuerte tensión política entre el Gobierno local de la capital y el central, presidido por Duque.

En ese momento, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, dijo que la Policía cometió “una masacre de jóvenes” y exigió al Gobierno nacional que investigue a los policías que dispararon armas contra los ciudadanos; el presidente, por su parte, se vistió de agente de la policía y visitó varios CAI destruidos durante los disturbios.

Convocadas por centrales obreras y sindicales, las movilizaciones de este lunes suponían una prueba de fuego para ambos Gobiernos y especialmente para la Policía, que tiene todos los focos encima. El comandante de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, anunció que ya habían suspendido a cien de sus hombres, catorce de los cuales usaron sus armas en las noches de protesta, así como a uniformados que escondieron sus identificaciones para golpear a ciudadanos. Y aseguró que, de cara a las nuevas manifestaciones, los policías no podrán ir armados, aunque sí habrá presencia del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El malestar social que había tomado forma desde noviembre de 2019 y se apagó con las fiestas de fin de año y la pandemia, ha regresado con nuevas demandas, mientras la crisis sanitaria continúa y van 765.076 casos de la covid-19 y 24.208 muertos por el virus. El año pasado el abanico de reclamos incluía la urgencia de la implementación de los acuerdos de paz, mayores fondos para la educación pública, la desigualdad y la prohibición del uso de armas no letales por parte del Esmad.

Ahora, tras 60 matanzas ocurridas en lo que va de 2020 en distintas regiones, las marchas bajo el lema “nos están matando” también exigen al Gobierno acciones contundentes para detener la violencia en el campo; que suspenda el préstamo de 370 millones de dólares a la aerolínea Avianca y en su lugar lo destine a los desempleados del país; y particularmente, que actúe frente a los abusos policiales, que han causado rabia e indignación en los últimos días y han valido críticas desde diversos sectores políticos del país.