Bolivia declara la emergencia nacional desbordada por los incendios forestales

Más de medio millón de hectáreas arden a las puertas de la Amazonía mientras la crisis ambiental agita la confrontación electoral

Una nube de humo procedente de varios incendios se observa en Santa Cruz, Bolivia.
Una nube de humo procedente de varios incendios se observa en Santa Cruz, Bolivia.JUAN CARLOS TORREJÓN (EFE)

Más de medio millón de hectáreas de bosque se están quemando en Santa Cruz, una región al este de Bolivia, a las puertas de la Amazonía, que afronta dos años consecutivos de sequía y altas temperaturas. La presidenta interina, Jeanine Áñez, ha declarado este miércoles la “emergencia nacional”, lo que le permitirá recibir ayuda internacional para apagar los fuegos. Toma así distancia de su antecesor, Evo Morales, que el año pasado enfrentó una situación parecida, pero se negó a decretar la emergencia, pese al pedido de los habitantes de la zona. Morales argumentaba que el país podía resolver solo el problema. Los incendios de este año son hasta ahora bastante más contenidos que los de entonces, que fueron particularmente graves, pero tienen en común con ellos otra cosa: su cercanía a las elecciones y, por tanto, el juego político al que dan lugar.

“Se nos ha preguntado si nosotros vamos a recurrir a ayuda internacional… decimos que vamos a recurrir absolutamente a todo que nos ayude a parar los incendios, a evitar la desgracia que vivimos el año pasado”, aseguró Áñez. La presidenta también prometió actuar enérgicamente en contra de los responsables de las quemas, si se los lograse identificar.

Analistas e historiadores consideran que la caída de Morales comenzó con la reacción de parte de la opinión pública ante los incendios que hace un año destruyeron cinco millones de hectáreas y que fueron especialmente dolorosos para la población de Santa Cruz, porque comprometieron el bosque seco de una zona que se denomina Chiquitanía, cuya madera es muy valiosa y se emplea en la artesanía y la arquitectura regionales. A raíz de este desastre, la oposición organizó grandes manifestaciones de protesta en contra de Morales cuando faltaban pocas semanas para las elecciones, las mismas que serían cuestionadas por un supuesto fraude y terminarían siendo anuladas en medio de una grave crisis política.

Hoy el bosque chiquitano está nuevamente en riesgo. Áñez ha declarado que sofocar los incendios constituye su prioridad por encima de la campaña electoral en la que está participando, aunque hasta ahora no entre los candidatos favoritos. Al mismo tiempo, Áñez ha abrogado un decreto de Morales que autorizaba la tala del bosque para posibilitar las actividades agrícolas y ganaderas, y el uso de la quema controlada o “chaqueo” para realizar tal tarea. Se supone que este decreto incrementó los fuegos que los agricultores provocan tradicionalmente durante la época de siembra, en los últimos días de invierno austral, para facilitar el desbroce del terreno. El Gabinete boliviano ha anunciado que iniciará un juicio de responsabilidades por este asunto en contra del expresidente Morales, que ya está acusado en alrededor de una decena de procesos judiciales por diversos delitos.

Los ambientalistas consideran que el gesto de Áñez es insuficiente y tiene un carácter puramente electoral, ya que el decreto que ha anulado solo es un pequeño componente del conjunto de normas que promueven la ampliación de los cultivos y los pastizales de Santa Cruz y otras partes del país, y que los activistas denominan “leyes incendiarias”.

Las causas de la inusitada magnitud y de la recurrencia de los incendios forestales en Santa Cruz son debatidas intensamente. Para los dirigentes políticos de esta región, los fuegos se originan en la llegada a la Chiquitanía de comunidades indígenas de la zona del país que aquí se llama “tierras altas”, los cuales no saben cómo cuidar el bosque. Para las organizaciones ambientalistas, se deben al propósito de los ganaderos y agroindustriales locales de extender sus cultivos y campos de forraje a costa de las áreas forestales. El Plan de Desarrollo Pecuario 2020-2030 establece un crecimiento de la superficie ganadera de 13 a 20 millones de hectáreas. El anterior Gobierno concertó con las empresas dedicadas a la agricultura intensiva la ampliación de la superficie cultivada de 2,5 millones a 10 millones de hectáreas. Estos proyectos, de cumplirse, requerirían una fuerte deforestación, pues el territorio comprometido es principalmente boscoso. Los ambientalistas los consideran “depredadores”. Cuando era presidente, Morales, que fue el primer campesino en gobernar el país, coincidió con ganaderos y agroindustriales en el objetivo de aumentar radicalmente la explotación de la tierra. En cambio, chocó con estas mismas élites a causa de la inmigración de indígenas aymaras y quechuas a Santa Cruz.

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Hasta ahora el Gobierno interino de Áñez, que cambió muchas orientaciones del Gobierno anterior, no había enmendado ninguna de las “normas incendiarias” que heredó. En cambio, facilitó y amplió la importación de semillas genéticamente modificadas al país, una medida que también se considera favorable a la deforestación. La presidenta nació en Beni, que es una zona ganadera. Su partido es el Movimiento Demócrata Social, oriundo del oriente boliviano y, por eso, estrechamente relacionado con la agropecuaria industrial nacional.

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