Laura Kövesi: “La fiscalía europea es un medio para defender el Estado de derecho en la UE”

A Laura Kövesi (Sfântu Gheorghe, 47 años) le han encomendado una labor colosal: debe construir desde cero la nueva fiscalía general europea. La rumana, conocida en Bruselas por su etapa al frente de la agencia anticorrupción de su país, se ha instalado ya en Luxemburgo para investigar delitos económicos vinculados a los fondos europeos y al IVA. En una entrevista por videoconferencia con EL PAÍS, la nueva fiscal general de la UE quiere crear una “institución independiente”. “Tenemos que demostrar que la ley es igual para todos”, sostiene Kövesi, quien tiene claro el objetivo final de su mandato. “La Oficina de la Fiscalía Europea es un medio para defender el Estado de derecho en la UE”, zanja.

La llegada de la fiscal general rumana ha creado grandes expectativas, en especial en el Parlamento Europeo, por su lucha sin cuartel contra la corrupción en su país. Su labor es crucial para que la credibilidad de la UE en sus esfuerzos contra la degradación que han supuesto los casos de corrupción que se han producido en los últimos años en España, Bulgaria, Rumania o Malta, los escándalos financieros en los Países Bajos o Dinamarca o los intentos de socavar la ley por parte de Polonia o Hungría. “Cuando hablamos de la violación del Estado de derecho tenemos que considerar los casos tras los que hay sospechas de corrupción sistémica o cuando se intenta socavar la independencia judicial”, recuerda la fiscal general, quien señala que podrá investigar casos de fraude público si están vinculados a delitos financieros.

Kövesi tendrá a su cargo un equipo de expertos y analistas en Luxemburgo y una red de fiscales nacionales que trabajarán a tiempo parcial o completo para su oficina (EPPO, por sus siglas en inglés), un proyecto que lleva más de un cuarto de siglo en marcha. Sin embargo, la fiscal aún está negociando con las instituciones comunitarias y las capitales los medios con los que contará. En principio, se le había destinado una partida de 37,7 millones de euros. “No es suficiente aún. Estamos a mitad de las negociaciones”, recalca.

La fiscal pelea por aumentar su dotación presupuestaria y, en paralelo, por que las capitales le asignen fiscales a tiempo completo. También en España. “Estamos empezando las conversaciones con las autoridades españolas para preparar todo lo necesario para la EPPO”. Ya ha podido hablar con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la fiscal general, Dolores Delgado. “Me aseguraron que España procurará construir una oficina eficiente y que harán todo lo necesario para que empiece a trabajar sin retraso”, afirma.

España ha nombrado a Concepción Sabadell para que integre el colegio de fiscales que ya se ha reunido en Luxemburgo, pero Kövesi quiere atar el compromiso de que los fiscales españoles se dediquen a la EPPO a tiempo completo. “Es importante para garantizar su independencia. Hay que evitar cualquier tipo de conflicto de lealtad entre los fiscales, que podría darse si están trabajando para casos nacionales y europeos”. “Es una cuestión de credibilidad”, añade.

El Parlamento Europeo debe dar luz verde durante el próximo trimestre al Presupuesto de la UE, que tendrá una inyección extra de 750.000 millones de euros por los fondos de recuperación acordados por los líderes europeos en la cumbre del pasado mes de julio. “Habrá más dinero, más flexibilidad y, por lo tanto, más riesgo de que puedan cometerse delitos. El deber de la EPPO es el de proteger el dinero europeo”. Por ello, Kövesi quiere contar con el máximo número de expertos y analistas en Luxemburgo, que puedan cruzar datos y sacar adelante investigaciones complejas.

Países que se quedan fuera

Una de las principales dificultades con las que puede toparse Kövesi es que no todos los países se han adherido a la EPPO. Dinamarca, Suecia, Irlanda, Hungría y Polonia han decidido quedarse al margen. La nueva fiscal declina comentar los motivos que han llevado a Varsovia y Budapest a atarse a ese mecanismo justo cuando el Parlamento Europeo presiona para proteger el dinero comunitario de posibles violaciones del Estado de derecho y debate la imposición de sanciones a Polonia.

“Por supuesto, me gustaría que todos los Estados miembros formaran parte de la EPPO, pero no es mi elección. En los países que no participan de la institución podemos investigar algunos crímenes, cuando en estos estén involucrados personas de otros países o parte del delito fue cometido en otro país integrante”, apunta. No obstante, aspira a alcanzar acuerdos de trabajo con esos cinco países. También con Hungría y Polonia. Y recuerda que usará todos los instrumentos internacionales de cooperación disponibles para poder realizar su trabajo.

La fiscal general no quiere pensar por ahora en asumir más competencias, como delitos medioambientales, ataques a la libertad de prensa o incluso terrorismo, como se llegó a sugerir en la Eurocámara. “De momento estamos concentrados en nuestro mandato jurisdiccional”, insiste. A su equipo, eso sí, le manda el mensaje de los peligros que comporta en estos tiempos el trabajo de fiscal. “Debemos estar lidiando con casos complejos, vinculados con la investigación de gente poderosa y adinerada”, admite. De ahí, insiste, la “importancia de ser una institución independiente”. Y de ahí su empeño en su primera batalla contra la burocracia para tener los recursos para que la EPPO no adolezca de falta de medios.