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LAURA CODRUTA KOVES I Jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania

“El pueblo confía más en la Fiscalía Anticorrupión que en los políticos”

La justicia rumana ha condenado a más de mil altos cargos públicos en 2014

La fiscal jefa de la Dirección Nacioal Anticorrupción de Rumania, Laura Codruta Kovesi, en su despacho, en Bucarest.  M. R. S.
La fiscal jefa de la Dirección Nacioal Anticorrupción de Rumania, Laura Codruta Kovesi, en su despacho, en Bucarest. / M. R. S.

Desde que hace 17 meses se puso al frente de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania, parece como si Laura Codruta Kovesi no durmiera. La fiscal jefa del organismo que investiga los grandes asuntos de corrupción —los que implican a altos cargos públicos o sumas de más de 10.000 euros— en uno de los países con mayores problemas de la UE ha abierto más casos en su tiempo en el cargo que durante los tres años anteriores juntos. De fuerte apretón de manos y sonrisa huidiza, esta mujer de 41 años, jugadora de baloncesto en su época universitaria, se ha convertido por ello en una de las personas más temidas y odiadas del país. Las investigaciones de su departamento han derivado en la condena de más de mil altos cargos en 2014; incluidos un ex primer ministro (Adrian Nastase), dos exministros o cinco parlamentarios.

Pero Codruta Kovesi elude presumir de sus estadísticas, entre las que también está el arresto del hermano del presidente Traian Basescu o, sin ir más lejos, el de una de sus colegas: la jefa de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Nadie parece intocable. “La lucha contra la corrupción es mucho más eficiente ahora”, dice encogiéndose de hombros. Tampoco demuestra que le afecten las duras críticas de quienes afirman que su departamento se asemeja a la Securitate —la temida policía de inteligencia del dictador Nicolae Ceaucescu— o, como llegó a comentar el primer ministro Victor Ponta hace poco —cuando destacados socialdemócratas se vieron envueltos en un escándalo en plena campaña electoral—, que se mueve por intereses políticos. “Algunos altos cargos nos han atacado cuando se ha investigado a miembros de su partido”, se limita a deslizar Codruta-Kovesi. “Se puede criticar cuando un juez determina que nuestra investigación no fue buena y exculpa a los implicados. Sorprendentemente la Fiscalía Anticorrupción ha sido criticada a pesar de que se han dictado condenas relativamente altas”, dice.

Su labor, que desgrana en su despacho de la Dirección Nacional Anticorrupción, en el centro de Bucarest, no ha sido fácil. El Parlamento ha tratado de poner trabas a su departamento con leyes como la que contemplaba la amnistía de algunos casos de corrupción. O, simplemente, votando contra la retirada de la inmunidad de quienes ocuparon altos cargos en el Gobierno. Una ventaja, dice, inconcebible: “Ese tipo de inmunidad no debería existir. Cuando hay sospechas de que una persona es corrupta solo el juez debería poder decir si es detenida o investigada. En ningún caso un voto emitido en el Parlamento por políticos”.

“No debería haber inmunidad para quienes ocuparon altos cargos en el Gobierno”

Pero eso no parece fácil en un país en el que los ciudadanos se desayunan, un día tras otro, con un nuevo escándalo; a cada cual más severo. Como hoy, cuando el caso de su colega de la Fiscalía antiterrorista, Alina Bica, detenida el sábado está todavía fresco. Pero pese a todo, Codruta Kovesi contradice los informes que muestran a su país como uno de los más corruptos. “El hecho de que hayan crecido los casos investigados y el número de condenas, no quiere decir que en Rumania haya un nivel de corrupción mayor que en otros países”, señala. “De hecho, la Comisión Europea [que supervisa el país en su lucha contra la corrupción y en su reforma de la justicia] ha clasificado a la Dirección Nacional Anticorrupción rumana como una de las cinco mejores instituciones anticorrupción de Europa”, dice.

La fiscal reconoce, sin embargo, que en el país —donde la Administración pública, la sanidad y la educación son los sectores más conflictivos, según Bruselas— la corrupción está integrada en todos los escalones del sistema; no solo en el más alto. El 57% de los rumanos, dice la UE en su último informe, aseguran haberse afectados personalmente por este tipo de delitos; en su mayoría “actos de corrupción menores”, como el pago o la demanda de regalos por agilizar algún trámite, por una consulta médica teóricamente gratuita o por una gestión pública.

Codruta Kovesi asegura, sin embargo, que las cosas están cambiando rápido: “Las quejas de los ciudadanos han aumentado. Cada vez son más los que denuncian que se les ha pedido un soborno o favores para firmar un contrato o resolver un problema. Y ese cambio de la mentalidad es clave en la lucha contra la corrupción en todas las escalas”.

Ahora, dice, es importante que tanto el nuevo presidente —Klaus Iohannis, elegido hace una semana—, como el Gobierno dejen clara su postura contra esta lacra. “Deben decir en público si su prioridad es combatir la corrupción”, dice. Y añade: “La lucha anticorrupción debe continuar, ser apoyada por las decisiones políticas con miras a hacer modificaciones legislativas y que aseguren los recursos financieros y logísticos necesarios”.

De momento, pese a los insultos de quienes se han visto salpicados por los escándalos, Codruta Kovesi se siente arropada. “Más de un 50% de los ciudadanos tienen confianza en nosotros, según las encuestas; eso es un índice mayor que el de cualquier político en Rumania”.