Historia de un neoyorquino: denunció que la CIA iba a por él por yihadista pero acabó preso de Al Qaeda

La última conversación se produjo a finales de octubre de 2019. El iraquí Abubaker al Bagdadi, líder del Estado Islámico, acababa de morir en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Barisha (provincia de Idlib, Siria) y Bilal Abdul Kareem, reportero de profesión, aparecía casi de inmediato en un vídeo junto a uno de los vehículos reducidos a chatarra durante el ataque. “Te escribo algo mañana”, comentó a EL PAÍS en un mensaje vía Telegram, “hoy ha sido un día muy largo y mi cerebro se ha quedado sin gasolina”. Bilal, norteamericano, nacido en 1970 como Darrell Lamont Phelps, siempre ha estado muy cerca del frente rebelde en Siria. Con dos consecuencias: primero obligó a que los abogados de la Casa Blanca se defendieran ante los tribunales para que el Gobierno de Donald Trump no tuviera que revelar si querían matarle o no; segundo, desde el pasado 13 de agosto está preso en uno de los centros de detención de Hayat Tahrir al Sham (HTS), grupo yihadista con raíces en Al Qaeda que gobierna la mayor parte de Idlib.

Es la paradoja del periplo de Abdul Kareem, señalado por supuestos vínculos con grupos radicales y, finalmente, apresado por el enemigo número uno hoy en Siria. El viaje de este estadounidense converso ha sido largo. Darrell Lamont Phelps creció y se educó en el Estado de Nueva York, donde actuó como cómico en varios locales. Sin duda que esas tablas le han servido para dar bien en cámara, en inglés o árabe, con una telegenia que contrasta con el plano de las bombas y los barbudos fusil en ristre. Fue en un apartamento de Brooklyn, muy cerca de una mezquita, donde entró en contacto con el islam, penetró de lleno en la religión e inició el camino hacia el mundo arabo-musulmán: Sudán, primero, luego Egipto, en la cadena saudí Huda TV, y, a partir de 2012, con la guerra al régimen de Bachar el Asad ya lanzada, la trinchera siria.

“Como periodista”, decía en otro intercambio de mensajes con EL PAÍS en mayo de 2017, “mi trabajo es conocer a la gente (...) Que entreviste a alguien no quiere decir que respalde sus puntos de vista”. Pero al que había entrevistado era ni más ni menos que Abu Firas al Suri, veterano yihadista, un capo del denominado entonces Frente al Nusra (hoy HTS), con claros lazos con Al Qaeda. Al Suri fue aniquilado por un dron estadounidense en abril de 2016. Todo esto puso a Abdul Kareem en el punto de mira.

Tras salir vivo de cinco ataques con drones, según su versión, el reportero estadounidense, fundador del proyecto On the Ground News (OGN), demandó en 2017 a, entre otros, la directora de la CIA, Gina Haspel, por haberle incluido en la kill list, una suerte de relación de objetivos a matar que el Gobierno estadounidense maneja con secretismo. Aunque sonara a disparate y película de segunda, la firma de abogados estadounidense Lewis Baach logró en Washington que la juez Rosemary M. Collyer admitiese el caso, a la postre cerrado tras invocar el Gobierno de Trump el “privilegio de secreto de Estado”, esto es, no revelar qué contiene o no esa lista de objetivos porque pondría en riesgo la seguridad del país. Aún así, la jueza dejó dicho en su resolución que la demanda de Abdul Kareem respondía a un “derecho constitucional” -en este caso, limitado- y que sus alegaciones eran “serias”.

Apresado a la salida de la mezquita

Este es el relato que hizo un hijastro de Abdul Kareem, Jihad, menor de edad, de su apresamiento el pasado 13 de agosto, en la localidad de Atmeh, en Idlib, último bastión de yihadistas y rebeldes combatido por Rusia y las fuerzas de El Asad: los dos salían de rezar en la mezquita y se iban a meter en su coche. El conductor, Abu Mohamed al Homsi, hacía un chequeo del vehículo, cuando aparecieron unos encapuchados y detuvieron al reportero y a su conductor. Jihad logró huir a la carrera. Abdul Kareem fue maniatado y golpeado, según lo que contó el niño. No se le ha visto desde entonces.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, pidió cuatro días después de la detención la puesta en libertad del reportero -como también hizo la organización Reporteros sin Fronteras-. HTS admitió el apresamiento de Abdul Kareem en un comunicado enviado al CPJ y que este organismo ha compartido con EL PAÍS. Le acusan de difundir “rumores” y “noticias falsas” sobre el grupo yihadista; de “publicar y promover mentiras” sin pruebas sobre su aparato de justicia y seguridad, y reunirse con personas en busca y captura. Grosso modo, los yihadistas afirman que Abdul Kareem lo sabía, estaba avisado y siguió haciéndolo.

Lo que había hecho Abdul Kareem, conocido ya por muchos en la trinchera de Idlib, es denunciar a través de su canal y en las redes que HTS estaba torturando a sus centros de detención. Según el último recuento de la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, en sus siglas en inglés), al menos 2.116 ciudadanos se encuentran presos en las cárceles de los herederos de Al Qaeda en Siria. Abdul Kareem es ahora uno de ellos. Pero hay más extranjeros. Tres días antes de su detención, el reportero neoyorquino había entrevistado a la mujer del cooperante de origen británico Tauqir Sharif, arrestado por HTS hasta en dos ocasiones. Tras la primera detención, Sharif, de 33 años, al que Londres le quitó la ciudadanía por supuestos vínculos con grupos ligados a Al Qaeda, dio detalles en un vídeo de cómo había sido torturado.

Según explicó el grupo yihadista en la nota enviada al CPJ, Abdul Kareem será juzgado “en unos días”. De eso hace ya casi un mes.