La UE revisará su relación con Bielorrusia y amenaza con sancionar a los responsables de la represión

La brutal represión del régimen de Alexandr Lukashenko tras las elecciones del domingo parece poner punto final a cuatro años de acercamiento entre Bielorrusia y la Unión Europea. El coqueteo de Bruselas con un satélite de Moscú apunta a un final abrupto, como ya ocurrió con Ucrania en 2014. La pieza geoestratégica, con toda probabilidad, podría caer del lado del presidente ruso, Vladimir Putin, siempre atento a los movimientos de Occidente en su patio delantero.

“Las elecciones no han sido libres ni justas”, ha señalado este martes el Alto Representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en una declaración que recoge el parecer de la mayoría de los socios comunitarios aunque no de todos ellos. El texto de Borrell llega tras el intento de los Veintisiete de consensuar una posición común sobre el presunto pucherazo de Lukashenko este domingo.

Y aunque Bruselas no ha logrado la unanimidad, la declaración del Alto Representante deja claro que “se llevará a cabo una revisión en profundidad de las relaciones con Bielorrusia” a la vista de “la violencia desproporcionada e inaceptable desplegada por las autoridades del Estado”. Borrell advierte al régimen de Lukashenko de que no se descartan “medidas contra los responsables de la violencia, las detenciones injustificadas y el falseamiento de los resultados electorales”.

La dura declaración del jefe de la diplomacia europea tal vez no desemboque en sanciones, porque es necesaria la unanimidad y países como la Hungría de Orbán ya se han mostrado contrarias a castigar al régimen autocrático bielorruso. Pero las dudas de casi toda Europa sobre el resultado electoral del domingo (que dio la victoria a Lukashenko con un 80% de los votos) marca, sin duda, el fin de un acercamiento durante casi un lustro.

La UE revierte la tendencia iniciada en 2015, cuando congeló, primero, y suspendió, después, la mayoría de las sanciones contra Bielorrusia, como señal de buena voluntad tras la liberación por parte del régimen bielorruso de todos los presos políticos. En 2016, a la vista de la buena evolución de las relaciones, la UE dobló la ayuda financiera a Minsk, hasta 30 millones de euros al año.

La creciente tensión entre Lukashenko y Putin durante los últimos años alimentaba la posibilidad de atraer hacia la esfera comunitaria a un país con importantes relaciones con varios socios de la UE, en particular, Polonia, Lituania y Letonia. El acercamiento parecía viento en popa. Y a principios de 2020, la UE firmó un acuerdo con el régimen de Lukashenko para facilitar la concesión de visados de entrada a territorio comunitario a los ciudadanos bielorrusos, un privilegio a estrenar el pasado 1 de julio, apenas un mes antes de las polémicas elecciones.

Pero los comicios del domingo, y la marcha a Lituania de la líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, para librarse de la represión de Lukashenko, han roto el presunto idilio entre Bruselas y Minsk. Polonia y los países bálticos ya han reclamado un endurecimiento de las sanciones contra Bielorrusia, y Varsovia aspira a la convocatoria de una cumbre extraordinaria de la UE para analizar la situación en el vecino oriental.

Los Veintisiete tienen prevista ya una cumbre europea a finales de septiembre y parece poco probable que se convoque otra antes. La imposición de sanciones también es complicada, porque requiere la unanimidad. Pero el giro de la UE, para dar la espalda a Lukashenko, parece imparable. Sin el apoyo de Bruselas, el líder bielorruso parece a merced del abrazo de Putin, dispuesto a engullir a un país que formó parte de la Unión Soviética y que pertenece la Unión económica euroasiática creada recientemente por Moscú.