La pesca china amenaza a las Galápagos

Ecuador se aferra a la negociación diplomática ante la dificultad de frenar las capturas en los límites de sus aguas

Uno de los buques pesqueros detectados en el borde exterior de las aguas de jurisdicción ecuatoriana.FOTO: ARMADA DEL ECUADOR | VIDEO: REUTERS

Hace 42 años, Ecuador iniciaba su transición hacia la democracia cuando la Unesco escogió a Galápagos como el primer lugar del mundo para estrenar la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad. Ahora, ese “semillero de vida”, definido así por ser el entorno al que acuden especies en peligro de extinción para reproducirse, está en riesgo. Una flota pesquera de 260 barcos chinos acecha al archipiélago en el borde exterior de las aguas de jurisdicción ecuatoriana sin que el Gobierno del presidente Lenín Moreno pueda hacer más que apelar a la diplomacia. “Mientras exista la vía diplomática, será la única a la que recurramos”, dijo el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en una rueda de prensa junto al flamante canciller del país, Luis Gallegos; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray. Los cuatro, que representan las diferentes acciones que tiene el país para enfrentar el problema, coinciden en mantener la negociación bilateral y esperar la buena voluntad del gigante asiático.

Los barcos chinos —que también están acompañados por naves con banderas de otros países como Liberia o Panamá, según el ministerio de Defensa— están en un corredor de aguas internacionales que separa las dos zonas de jurisdicción ecuatoriana: las 200 millas que rodean las islas Galápagos y otras 200 millas que se extienden desde el continente. La superficie vigilada y controlada por Ecuador suma un millón de kilómetros pero está partida por la mitad y es justo en ese pasillo de altamar donde se ha instalado la flota pesquera que amenaza a las especies marinas. “Llegaron al límite exterior del archipiélago. En el corredor entre las dos zonas. Pero jamás ha incursionado ningún buque ni lo puede hacer”, asegura el titular de Defensa, que reconoce que esta situación se repite cada año. En 2019, se detectó la presencia de otros 245 pesqueros de nacionalidad china y en 2017, llegaron 100.

Ese año, de hecho, uno de los barcos se metió en la zona económica exclusiva de Ecuador y las autoridades intervinieron. Encontraron en sus bodegas 300 toneladas de aletas de tiburón y la nave fue incautada. Ahora forma parte de la logística de abastecimiento del archipiélago. “Vienen a Galápagos porque es una área marina protegida en la que se reproduce la vida, a la que vienen especies en peligro de extinción a reproducirse”, apunta Norman Wray, la autoridad política que gobierna en las islas.

A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, esta vez Ecuador no puede irrumpir en ninguna de las embarcaciones porque se mantienen fuera de su área de vigilancia, pese a que las cuatro autoridades reconocen que la actividad pesquera de esos barcos amenaza la biodiversidad que se mueve por debajo del agua sin fronteras artificiales. “Las autoridades solo tienen jurisdicción sobre el territorio ecuatoriano. Una actividad de inspección no tiene ningún sustento ni en el Derecho internacional ni en el ecuatoriano”, aclaró el procurador general del país ante la petición del Defensor del Pueblo de actuar para proteger el patrimonio natural y la reserva marina de Galápagos.

La presencia de la flota fue detectada a mediados de julio pero ha sido esta semana cuando el asunto ha escalado al plano diplomático. Ecuador se reúne el miércoles con Perú, Chile, Colombia y Panamá, como observador, en el marco de Comisión del Pacífico Sur, para tratar el tema con los países ribereños también afectados. Se han enviado, además, advertencias a China a través de las embajadas, aseguró el canciller Gallegos. Y el presidente Moreno ordenó conformar un grupo de expertos para encontrar soluciones. “Es una situación difícil si China se niega a colaborar. No es signataria de la Convención del Mar sobre pesca ilegal. Aquí de lo que se trata es de hacer presión contra un país muy grande que tiene veto en las Naciones Unidas para que sienta vergüenza pública. Porque, de manera coactiva, es muy complicado”, reconoce Roque Sevilla, uno de los miembros del nuevo equipo.

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