El negocio de las cabras

Todo empezó con mentiras. Pero el Brexit se ha convertido ya para los británicos en una especie de negocio de las cabras de Roberto. Este pretendía enriquecerse cambiando dos cabras blancas por una negra: era una astucia basada en la necedad de desconocer que el valor de ese animal no depende de su color.

Los propagandistas del Brexit acentúan hoy el objetivo político de la soberanía nacional por encima de cualquier otro.

Pero en la campaña Leave del referéndum de 2016 agudizaron el argumento económico: solo que entonces la astucia era una simple falacia. Recuerden el lema de Boris Johnson: “Cada semana enviamos a la UE 350 millones de libras que se podrían destinar a la sanidad pública”, rezaba el cartel de su autobús mitinero.

Las cifras oficiales certificaban lo contrario. El cálculo correcto para el concepto “enviamos” debería haber sido la aportación neta a las arcas comunes: o sea la contribución bruta (los 350 millones) menos la devolución del “cheque” de Margaret Thatcher, cantidad a minorar por los fondos del presupuesto comunitario revertidos a programas para el Reino Unido.

En 2014 ese saldo neto alcanzaba 9.872 millones de libras anuales, unos 190 millones por cada una de las 52 semanas, apenas poco más de la mitad de los proclamados 350 millones.

Aquel episodio reinflama los ánimos de empresarios y activistas. Porque el Gobierno acaba de reeditar este mes un pormenorizado estudio (The border with the European Union), cuya anterior edición, de octubre pasado (HMRC impact assessment for the movement of goods if the UK leaves the EU without a deal) ya hizo furor.

No porque calculase los magnos costes macroeconómicos de un Brexit sin pacto, sino porque se centraba en un único detalle: los más mínimos costes micro del papeleo burocrático para las empresas que comercian exclusivamente con la Europa continental, unas 245.000. Ese detalle, que siempre solivianta a un buen británico de alma liberal.

El informe define que la documentación aduanera a presentar en frontera incluirá las certificaciones de exportaciones e importaciones; declaraciones de IVA y accisas (impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y energía); seguridad y sanidad, y que ascenderá a 215 millones de formularios al año.

Pese a que se prometen “facilidades” a los empresarios privados, estos costes administrativos serán ingentes, 7.500 millones de libras anuales. Claro está, a cada lado de la frontera, pues otros tantos serán soportados por los comerciantes europeos que hagan intercambios con la isla (la equivalencia de cuantía es obvia: a cada importación le corresponde una exportación en sentido inverso).

También el sector público pagará su factura, por ejemplo, al contratar a 50.000 funcionarios aduaneros. Así que el coste burocrático británico total crecerá. El de las autorizaciones públicas “ascenderá al menos a 3.000 millones anuales; o sea, en total 10.000 millones al año… 192 millones de libras semanales”, calcula el profesor de la Universidad de Londres Richard Murphy, experto en evasión fiscal. “Escribidlo en un cartel del autobús”, concluye, irónico.

En suma: solo el mayor coste del papeleo anula la ventaja de eliminar la contribución neta a la UE. Y mientras aquel es inútil, esta reportaba beneficios.

La razón de que estas cifras reverdezcan ahora es que el Gobierno de Boris Johnson ha lanzado una intensa, y cara, campaña propagandística (4.500 millones de libras) para convencer del Brexit al 61% de los empresarios que ni siquiera han procurado informarse sobre el escenario de un no-acuerdo final, como tampoco ha hecho el 74% de los ciudadanos en general. Apenas un 20% se interesa en concreto por las consecuencias de la deriva secesionista.

La campaña es robusta y persigue un clímax trepidante, como traslucen los títulos de sus cuatro fases hasta el inicio del año próximo: “Empujar”; “golpear y atemorizar”; “sortear los daños”; y “nuevas oportunidades”. Pues eso, algunos han escogido contraponer los datos numéricos a la presión del huracán sentimental.