Los permisos de portación de armas crecen un 205% en el primer semestre de 2020 en Brasil

El número de licencias de armas de fuego concedidas por la Policía Federal se ha disparado en Brasil. Al comparar el primer semestre de 2020 con el mismo período del año pasado, se observa un aumento del 205% en el total de permisos emitidos: de 24.236 a 73.996. Este crecimiento se debe, según los investigadores, a las ordenanzas y decretos firmados por el presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar el acceso a las armas de fuego. En la práctica, el mandatario ha desfigurado el Estatuto de Desarme, un conjunto de leyes que tenían el objetivo de controlar las armas y que, según estudios, han salvado más de 160.000 vidas.

Con el aumento de permisos, también ha aumentado la violencia letal. Según un estudio realizado por el Monitor de la Violencia, un proyecto llevado a cabo por el Foro Brasileño de Seguridad Pública en colaboración con el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo y el portal de noticias G1, se ha producido un aumento del 7% en los homicidios en Brasil en los primeros cinco meses del año, índice impulsado principalmente por los números de los Estados del noreste. El estudio utiliza datos oficiales de las secretarías de Seguridad de los Estados y es el más reciente con cobertura nacional. De enero a mayo de este año, las muertes violentas pasaron de 18.120 a 19.382. Llama la atención el hecho de que este aumento se produce tras la reducción histórica de homicidios en 2019 (el número más bajo registrado desde 2007, cuando el Foro Brasileño de Seguridad Pública comenzó a recopilar datos), que fue celebrada por el entonces ministro de Justicia Sergio Moro.

La relación entre el aumento de armas y el aumento de la violencia no es desconocida para quien estudia la seguridad pública. “Según un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada, generalmente por cada 1% más de armas en la población, hay un aumento del 2% de homicidios”, dice Isabel Seixas de Figueiredo, consultora del Foro Brasileño de Seguridad Pública. “Pero no se puede afirmar que, en este caso específico, exista una relación entre el aumento del número licencias de armas y los homicidios, porque es un fenómeno reciente y el homicidio es un fenómeno multicausal”, dice. También advierte que estas armas compradas y registradas legalmente pueden terminar en manos del crimen organizado: “Entre el 30% y el 40% de las armas incautadas por la policía fueron compradas originalmente por personas sin conexión con el crimen, que luego las vendieron o se las robaron”.

Gabriel Sampaio, coordinador del Programa de Combate a la Violencia Institucional de la ONG Conectas, coincide con Figueiredo. “Los investigadores y la sociedad civil organizada siempre han dicho que, al flexibilizar el Estatuto, existía la posibilidad de que aumentaran las muertes violentas. Esta afirmación se basa en datos. La relación entre armas y violencia se conoce desde hace muchos años, antes de las políticas públicas del Gobierno de Bolsonaro”, dice. Sin embargo, señala que los datos son nuevos y aún deben analizarse con mayor profundidad. Pero, según Sampaio, habría un “indicador” de que el aumento de homicidios en el primer semestre de 2020 puede estar relacionado con un mayor acceso a las armas.

El aumento vertiginoso del número de permisos de armas en tan poco tiempo ha encendido la alarma. “La velocidad administrativa en la concesión de la tenencia de armas deja dudas sobre si la evaluación del perfil de quienes solicitan el permiso se lleva a cabo con el debido cuidado. Este crecimiento muestra que o bien se está asignando una gran cantidad de recursos humanos a analizar estas solicitudes o bien el análisis no se está haciendo de manera rigurosa”, dice Sampaio.

Antes de los cambios realizados por el Gobierno, quien solicitaba la tenencia de un arma tenía que demostrar una “necesidad efectiva”, y la decisión final sobre si se debía conceder o no la licencia dependía del comisario de la Policía Federal. El presidente siempre criticó este punto, ya que, en su opinión, dependía de la “subjetividad” de la policía. Varios decretos y ordenanzas han facilitado que se pueda demostrar esa necesidad efectiva sin grandes impedimentos.

Los Estados se arman

En todos los Estados brasileños se ha registrado un aumento en el número de licencias de armas. El mayor ha sido en el Distrito Federal, con una variación del 1.429%: de 235 en el primer semestre de 2019 ha pasado a 3.595 en el mismo período de este año. A pesar de ese aumento, los homicidios han disminuido en el distrito que alberga Brasilia, la capital del país. Río de Janeiro está en segundo lugar, con un aumento del 860% en la concesión de tenencias de armas, de 653 a 6.275. El Estado también registró una reducción en los homicidios en el mismo período. Le sigue Bahía, con un aumento del 620% en los permisos: de 835 a 6.015, y un aumento en los homicidios. El Estado con un menor aumento es Paraíba: de 976 permisos a 1.064, un 9%.

Sin embargo, el número de nuevas tenencias de armas de fuego puede ser aún mayor si se tiene en cuenta que existe una categoría específica para coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores. En este caso, es el Ejército quien las concede y no pasan por la base de datos de la Policía Federal. “Esto es relevante, porque es una de las categorías más beneficiadas por el Gobierno de Bolsonaro, que ha aumentado no solo la cantidad de armas que puede tener una persona, sino también los calibres permitidos”, dice Felippe Angeli, gerente del Instituto Soy Paz. Sobre el aumento de homicidios, coincide con Sampaio y Figueiredo: “Es un fenómeno multifactorial. Pero cuando se trata de seguridad pública, lo que se vive hoy es lo que se ve por el retrovisor, y lo que vemos es el comienzo del Gobierno de Bolsonaro, con la desregulación del control de armas”.

Además de flexibilizar las reglas para facilitar el acceso a las armas, el Gobierno de Bolsonaro también ha debilitado el control de la circulación. En abril, Bolsonaro anunció, a través de Twitter, la revocación de tres ordenanzas del Ejército con reglas para marcar, controlar y rastrear armas y munición, otra medida muy criticada por los expertos. La oposición cuestionó la norma ante al Supremo Tribunal Federal y todavía espera un fallo judicial.

Otra medida que encendió la alarma la semana pasada la tomó el ministro de Justicia y Seguridad Pública. André Mendonça revocó fragmentos de una ordenanza que requería que determinadas armas de agentes de la Fuerza Nacional tuvieran elementos de identificación confidenciales, una medida adicional para rastrear armas en caso de que se borren los datos más básicos.

EL PAÍS entró en contacto con el Ejecutivo para que comentara sobre el aumento de homicidios y de registros de armas, pero no ha recibido respuesta. También buscó una postura de la Policía Federal para hablar sobre los criterios que utilizan al analizar las solicitudes de registro, pero tampoco obtuvo resultados.