El Congreso de EE UU pone el foco en la trama espionaje del Ejército colombiano a periodistas y políticos
Una enmienda del representante Jim McGovern exige una investigación sobre los autores de los seguimientos, que se realizaron gracias a recursos informáticos donados por Washington
Las interceptaciones ilegales a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos por parte del Ejército colombiano, para las que se emplearon, según la investigación, recursos informáticos de inteligencia donados por Estados Unidos, comenzaron a tener impacto en el plano internacional y podrían condicionar la ayuda que ese país le da al Gobierno de Iván Duque.
En la discusión sobre el presupuesto que gasta el Departamento de Estado en el extranjero, el representante demócrata a la Cámara Jim McGovern presentó una enmienda en la que exige una investigación “responsable y transparente que enjuicie” a los autores del espionaje por parte de las fuerzas militares de Colombia. “Ningún equipo militar o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en virtud de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos debe utilizarse para fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”, se lee en el documento.
Así-de pasar esta Ley en la plenaria-, el Departamento de Estado tendrá que entregar, en un plazo de 120 días, un reporte que explique si la ayuda prestada al Ejército de Colombia fue usada para fines de espionaje ilegal. Pero la investigación no solo deberá abarcar los casos conocidos entre 2019 y 2020; sino que deberá aportar un resumen detallado de los hallazgos sobre cualquier participación de los militares en espionaje ilegal contra sectores de la sociedad civil y no combatientes entre 2002 y 2018. Es decir, también durante los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Los seguimientos ilegales, que en Colombia se conocen como chuzadas, son de vieja data. Pero entre diciembre y febrero de este año la revista Semana destapó una serie de operativos ilegales contra más de 130 civiles, cuando el comandante del Ejército era el general Nicacio Martínez, hoy en retiro. El Ejército ha continuado una senda de prácticas criminales como el abuso sexual de una menor indígena por parte de siete soldados, admitida por ellos en los estrados judiciales. En ese sentido, el documento del congresista estadounidense también pide analizar “la idoneidad de la doctrina y capacitación militar” y si esta se apega a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Desde que se conocieron las denuncias de seguimientos, varios congresistas colombianos así como la Federación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) han exigido por vías legales al Ejército que entregue información sobre el espionaje ilegal y del avance de las investigaciones. Sin embargo, como ha revelado la FLIP, no han tenido respuesta. “El Ejército de Colombia tiene como práctica habitual no dar la información que se le solicita, es decir, no respeta los derechos de petición y de acceso a la información”, publica la FLIP y se pregunta, ¿Qué se necesita para que el Ejército garantice el derecho al acceso a la información?.
La respuesta podría estar en lo que logre la enmienda de Jim McGovern, que exige al Departamento de Estado detalles sobre las “cadenas de mando relevantes, y la naturaleza y los objetivos de dicha vigilancia o recopilación de inteligencia” y eso implicaría que las fuerzas militares de Colombia les entreguen información.
Esta enmienda se suma a la hecha por la representante demócrata, Alexandra Ocasio-Cortez para que el gobierno de Donald Trump no destine dinero a través del Departamento de Defensa para la fumigación aérea en Colombia “a menos que el Gobierno demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales”, se lee en la enmienda.
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