La derecha oficialista se rebela contra Sebastián Piñera en Chile

El sistema de pensiones chileno, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo, ha recibido el más grande de los golpes desde que se implantó hace cuatro décadas, en el régimen de Augusto Pinochet. En medio de la pandemia que ha cobrado 6.781 vidas en el país sudamericano, en el Congreso avanza una reforma a la Constitución que permitiría que los afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sacar hasta el 10% de sus ahorros de la jubilación para enfrentar la crisis económica. La propuesta que levantó la oposición contó el miércoles con el apoyo de 13 diputados del oficialismo de derecha, lo que representó una fuerte derrota para el Gobierno de Sebastián Piñera, que enfrenta sus momentos más complejos desde las revueltas de octubre.

Es una iniciativa que respaldan ocho de cada 10 chilenos, en un país donde el sistema vigente no goza de popularidad: las bajas pensiones son uno de los principales problemas para la ciudadanía y una de las mayores demandas de las protestas sociales iniciadas hace nueve meses. Aunque el proyecto debe pasar diferentes etapas en el Parlamento antes de una eventual aprobación, la rebelión de parlamentarios de derecha deja en evidencia la crisis política que enfrenta Piñera, que parece abandonado por los propios partidos de su coalición, Chile Vamos. La popularidad del presidente llega al 23%.

“Aunque las responsabilidades son compartidas, el hecho principal es la incapacidad del Ejecutivo para darle un orden y una orientación a su acción política”, explica Daniel Mansuy, académico de la Universidad de Los Andes. “En simple, nadie tiene ganas hoy de pagar costos por el Gobierno. Y eso es muy delicado”, señala el autor de Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición.

La situación es tan compleja que no se descarta que el presidente se vea obligado a realizar un nuevo cambio de Gabinete –ha hecho tres ajustes desde junio–, por los cuestionamientos que recaen sobre sus ministros políticos, que no pudieron impedir el avance en el Congreso de una iniciativa tan popular como polémica. Carolina Tohá, académica y exministra del primer Gobierno de Michelle Bachelet, explica lo que sucede en el Parlamento como un nuevo estallido, pero político: “Así como tuvimos un estallido social, ahora estamos en la fase de un estallido político: los congresistas se sienten poco vinculados al orden actual y sus coaliciones”. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, acusó hoy a los diputados que apoyaron el proyecto del 10% de querer gobernar con base en Twitter.

Piñera –cuyo hermano José es el padre del actual sistema de pensiones– presentó el domingo pasado un plan para ayudar a la clase media en medio de la crisis sanitaria que ha contraído la actividad económica en un 15,3% en mayo y destruido 1,5 millón de puestos de trabajo. La propuesta del presidente, sin embargo, no solo no convenció a la oposición, sino que tampoco dejó conforme a parte del oficialismo: consideraron insuficientes las medidas enfocadas en la población que ha quedado fuera de los beneficios dirigidos, en una primera etapa, a los más pobres. Aunque Briones ofreció mejorar las ayudas en la antesala de la votación entre los diputados del miércoles, no fue suficiente para que 13 congresistas de derecha apoyasen la iniciativa.

Crisis interna

El debate en torno a esta reforma se convirtió en un hecho político decisivo porque, en parte, está cruzado por la crisis interna de la coalición oficialista, desafectada del Gobierno. Pero existe un segundo elemento: para parte de la oposición, se trata de un paso crucial para comenzar a enterrar un modelo que entrega pensiones muy bajas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa, en un país con una deficiente distribución del ingreso. “Es un modelo que está socialmente quebrado y deslegitimado”, señaló el diputado Gabriel Boric, del izquierdista Frente Amplio. “El retiro del 10% es una buena noticia para las familias que viven con angustia, pero además, por el cambio de modelo que se viene”.

Existe consenso desde 2013, durante el primer Gobierno de Piñera, respecto de subir las cotizaciones con cargo al empleador. Luego, en la segunda Administración de Bachelet (2014-2018) se hizo una propuesta que consideraba un 5% de incremento. La propuesta “fue combatida por las AFP y por la derecha y no fue aprobada”, explica Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile y ex superintendente de pensiones en el período de Ricardo Lagos.

Con el segundo Gobierno de Piñera, que empezó en marzo de 2018, se insistió con la primera propuesta y, aunque se estaba abriendo a una inclusión de un pequeño pilar de reparto, pronto explotaron las revueltas de octubre. El problema de las bajas pensiones, entonces, se instaló en la primera línea de las demandas. Según Larraín, Chile lleva prácticamente ocho años sin ponerse de acuerdo. “Hay gente en este país que no cree que el sistema de pensiones tenga que tener elementos de solidaridad significativo, lo que espero que haya cambiado con lo ocurrido en los últimos meses. Porque no hay ningún sistema en el mundo que no considere no solo elementos de incentivo para que la gente participe y contribuya, sino de solidaridad”.

Para Larraín, sin embargo, “la peor solución es sacar dinero de los fondos de pensiones”, porque “lo que debería hacer el Estado es contraer deuda y hacer transferencias”. Ese es el punto sobre el que se ha generado un fuerte debate, porque no solo la derecha, sino también expertos de oposición estiman que se trata de una fórmula regresiva. En las antípodas, otros la defienden. De acuerdo con la Fundación Sol, si se retirase el 10% de los fondos de las AFP “sin reposición”, las pensiones bajarían apenas entre 1% y 9%, es decir, entre unos tres y 30 dólares dependiendo de la edad y el sexo de la persona que retira.

Poco a poco se vislumbran los problemas que seguirá enfrentando el Gobierno de Piñera para que la iniciativa no prospere en el Parlamento, donde la derecha no tiene mayoría y controlar a los parlamentarios oficialistas díscolos parece una misión imposible. De avanzar, echaría por la borda el acuerdo económico alcanzado transversalmente a mediados de junio para destinar 12.000 millones de dólares de recursos frescos a la protección social y la reactivación.

La Bolsa de Comercio de Santiago enfrenta dos días de contracciones por la incertidumbre que genera la propuesta del retiro de pensiones, que podría afectar el precio de los activos financieros. Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management – uno de los mayores actores de la administración de activos en el país–, catalogó este viernes el proyecto como “suicida”. “Nuevamente, un grupo de diputados populistas de todos los sectores políticos buscan un atajo privilegiando el corto plazo”, criticó.