El Supremo de EE UU limita las opciones legales de los solicitantes de asilo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este jueves que los solicitantes de asilo que ven rechazada su petición no podrán apelar ante los tribunales federales, lo que reduce sus opciones legales. La decisión, por siete votos a favor y dos en contra, refuerza el proceso llamado de “deportación expedita”, intensificado por la Administración de Donald Trump y que permite agilizar la expulsión de los migrantes que entran sin papeles con poca o nula supervisión judicial. El presidente se apunta así una victoria para limitar los derechos legales de los que buscan asilo en Estados Unidos.

La decisión del Supremo responde al caso de Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka, que fue detenido a unos 25 metros al norte de la frontera mexicana cerca de San Ysidro, en el Estado de California. El hombre afirmó ante las autoridades de inmigración que un grupo de hombres le secuestró, vendó los ojos y golpeó salvajemente en su país. Sin embargo, como Thuraissigiam no pudo identificar a los agresores ni explicar por qué lo habían atacado, no logró documentar, según las autoridades migratorias, el “miedo creíble” que se necesita para recibir asilo en Estados Unidos. El afectado presentó una petición de habeas corpus, uno de los principios básicos de la Constitución de Estados Unidos, alegando que los abusos contra los tamiles en Sri Lanka estaban bien documentados. Un juez de primera instancia rechazó esa petición.

Los abogados de Thuraissigiam, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) acudieron al tribunal de distrito federal argumentando que se estaban violando los derechos del debido proceso de su cliente al privarlo de una “oportunidad significativa” para presentar su caso. “Toda persona dentro del territorio estadounidense tiene derecho al debido proceso”, defendió el abogado de la organización, Lee Gelernt. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, dictaminó en 2019 que la ley en la que se basa el procedimiento de “deportación expedita” de migrantes sin papeles es inconstitucional y viola la cláusula de suspensión de la Constitución. Esta establece que “el privilegio del recurso de habeas corpus no se suspenderá, a menos que en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera”.

El caso del Departamento de Seguridad Nacional frente a Thuraissigiam llegó finalmente al Supremo, donde los abogados de la Administración de Trump defendieron que los solicitantes de asilo no tienen ningún derecho constitucional. El fallo, redactado por el juez conservador Samuel Alito, determina que el afectado sí hizo uso de su derecho a recurrir ante la justicia, aunque esta no llegara a permitirle exponer su caso ante un magistrado. La sentencia, además, considera que no se violaron las libertades individuales que establece la Constitución estadounidense.

Política migratoria

Los de las jueces progresistas Elena Kagan y Sonia Sotomayor fueron los dos únicos votos en contra del fallo. Sotomayor, la primera hispana en el Supremo, advirtió de que la sentencia podría tener implicaciones más allá del caso de Thuraissigiam y afectar al trato a los indocumentados que llegan al país. “Una norma que condiciona los derechos del debido proceso a la entrada legal permitiría al Congreso eliminar constitucionalmente todas las protecciones procesales para cualquier no ciudadano que el Gobierno considere admitido ilegalmente y deportarlo”, apuntó.

Esta sentencia supone una victoria para la Administración de Trump y su decisión de limitar cada vez más la capacidad de defensa de los solicitantes de asilo con una política migratoria que ha generado críticas y demandas, pero que el Supremo ha respaldado hasta ahora. El pasado marzo dio luz verde al programa Permanezcan en México. Este obliga a los peticionarios de protección a esperar una respuesta en el país vecino.

El mismo tribunal, en cambio, rechazó hace una semana eliminar la protección legal para 700.000 jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos, los conocidos como dreamers. Sobre la orden del mandatario republicano de suspender el programa DACA (Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia), el órgano judicial dijo que había sido “arbitraria” y “caprichosa”, pero aclaró que no era una violación de la cláusula de protección de la igualdad de la Constitución.