El reto de rastrear el virus sin perder derechos

“Dinamarca lanzó hace dos días su app, [hubo] muchas descargas. No he visto aún los números. Pero me han dicho que no es interoperable (compatible) con la app de Alemania”, decía el viernes pasado una europarlamentaria danesa en un mensaje de WhatsApp dirigido a sus compañeros en Bruselas. El mensaje se cerraba con un emoji (figuras simbólicas usadas en esta red social) que se llevaba las manos a la frente para mostrar desesperación. Solo unos días antes, la Comisión Europea había anunciado un acuerdo sobre la compatibilidad de estas aplicaciones móviles para rastrear potenciales contagios de la covid-19 en un momento en que los Estados miembros empiezan a suprimir las restricciones a los viajes transfronterizos a tiempo para las vacaciones de verano.

Una vez iniciado el desconfinamiento en los países de la UE y, por tanto, reactivado el turismo, que mueve en torno al 10% del PIB comunitario, la incompatibilidad de datos entre países es solo uno de los desajustes que estas aplicaciones de rastreo tienen que superar para demostrar su utilidad a escala europea. De hecho, el acuerdo anunciado afecta solo a los 18 países que, como Alemania y Dinamarca, han elegido el llamado sistema descentralizado, a cuyos datos no pueden acceder las autoridades. Francia, una potencia turística mundial, ha optado por una aplicación que usa un protocolo distinto al resto de Estados de la Unión Europea, lo que compromete aún más su operatividad comunitaria.

Las aplicaciones funcionan a través de Bluetooth, que detecta la presencia de otros teléfonos con la misma app y registra a aquellos que están más de 10 minutos a menos de dos metros. Cuando alguien da positivo por coronavirus y lo comunica a través de la aplicación, quienes hayan estado en esa franja de tiempo y espacio, reciben una alerta. Además de Alemania y Dinamarca, ya han lanzado sus aplicaciones Italia y Letonia. Varios países más se encuentran en fase de creación y España lanzará una versión piloto este lunes en la isla canaria de La Gomera. Todas usan el sistema descentralizado, que almacena los datos en cada teléfono móvil y no permite que las autoridades accedan a los dispositivos. Todas, salvo la aplicación francesa.

Para garantizar la compatibilidad del sistema descentralizado, la Comisión Europea financiará y articulará un nodo al que se remitirán los contagios comunicados en primera instancia a los servidores nacionales. Desde él, ubicado físicamente en Luxemburgo, la información se reenviará a los servidores de los demás países, permitiendo así que los ciudadanos que hayan estado en contacto con el contagiado reciban la comunicación. Ese nodo, sin embargo, no llegará antes de septiembre, según Santiago Graña, subdirector general de Impulso a la Digitalización en España y que sigue de cerca el proceso.

El rastreo de la cadena de contagios que permiten los móviles “es lo único que ante un rebrote podría evitar un nuevo confinamiento”, dice Gemma Galdón, investigadora en políticas de seguridad que colabora con varios Gobiernos en la creación de estos programas. Pero esa promesa de la seguridad ha puesto en alerta también a quienes defienden el derecho a la privacidad en un ámbito tan delicado como la salud. Por esto, el Gobierno alemán optó finalmente por el sistema descentralizado, a pesar de que su primera opción fue también el modelo francés, que centraliza los datos en un servidor al que pueden acceder las autoridades.

La aplicación alemana sumaba este jueves 13 millones de descargas, una semana después de su lanzamiento; la francesa, lanzada el 2 de junio, no había alcanzado aún los dos millones (1,9 de descargas, según los datos del Gobierno francés).

El empujón de Apple y Google

Con el triunfo del sistema descentralizado, incluso los más severos críticos de estas aplicaciones reconocen que el respeto a la estricta regulación europea en materia de protección de datos está garantizado. “En teoría no hay conflicto”, dice el italiano Andrea Renda, jefe de investigación en gobernanza global e innovación del Centre for European Policy Studies (Centro de Estudios de Política Europea, CEPS), un laboratorio de análisis de Bruselas. “La cuestión es si de verdad se necesita utilizar estas aplicaciones y cómo se puede garantizar que estos datos se vayan a destruir cuando ya no sean necesarios para la protección de la salud”, añade Renda. Según el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, estas aplicaciones solo se contemplan con carácter “temporal”.

En todo caso, la descarga y el uso de las aplicaciones son voluntarios, según la normativa europea. “Y ese es el problema, porque lo que sabemos es que las apps son útiles si son obligatorias”, subraya Renda. La cuestión de la eficacia y el respeto a la privacidad están así conectados en círculo. De su utilidad real dependerá que puedan considerarse “necesarias”, otra de las condiciones exigibles.

Hasta ahora, este tipo de aplicaciones ha fracasado en todos los países democráticos donde se han usado, desde Islandia a Corea del Sur. “Es una aplicación que tiene que confiar en la ciudadanía”, asegura Galdón, que dirige Eticas Research & Consulting, una consultora de Barcelona. Según Galdón, en Europa “el único modelo que puede funcionar es el que lanzó [el jueves] Alemania”: descentralizado, apoyado por una gran campaña de comunicación del Gobierno federal y articulado por los sistemas operativos de Apple y Google. “Es el mejor modelo y tiene muchas posibilidades no solo de ser útil, sino de evitar un escenario generalizado de privación de libertades”, añade.

El peso de Apple y Google ha decantado la balanza en favor del modelo descentralizado. “Ahí se puede ver también la dependencia de Europa a la hora de actuar en una situación de pandemia”, señala Axel Voss, europarlamentario de la CDU, el partido de la canciller Angela Merkel, y miembro de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo —institución que ha financiado esta serie de reportajes—. Ambos gigantes tecnológicos se negaban a desarrollar un sistema en el que los Estados tuvieran acceso a los dispositivos, en parte porque ese misma posibilidad iba a estar también en manos de Gobiernos autoritarios.

Voss considera que las críticas al sistema centralizado responden a un enfoque “ideológico”, pero aun así celebra que su país haya acabado aceptando el sistema descentralizado por razones prácticas. “El otro no era viable. Y cuando estás bajo presión y tienes que actuar, lo más sabio siempre es avanzar en el sentido en el que no encuentras resistencia”, dice. A juicio de Galdón, “que Alemania haya tomado la decisión más protectora de derechos, después de una batalla brutal, marca un antes y un después en política de protección de datos”.

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