La llamada a la paz de la ONU cae en saco roto

Los bombardeos alcanzaron el pueblo de Alí, en la provincia yemení de Hajjah, el 6 de mayo. “Mi primo intentó huir de la granja con su familia, pero un misil los alcanzó. Murieron los tres, incluido un bebé”, relató este hombre en una entrevista sobre el terreno del Consejo Noruego para los Refugiados. Al igual que él, 24.000 personas han perdido su hogar en el país árabe desde que el 23 de marzo el secretario general de la ONU, António Guterres, pidiera una tregua mundial para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Más de dos meses después, los ataques de la coalición dirigida por Arabia Saudí prosiguen en Yemen, los rebeldes Huthi han llegado a las puertas de la provincia petrolera de Maarib y los separatistas del sur han declarado la autodeterminación en la ciudad portuaria de Adén. Ese país es tan solo un ejemplo del limitado impacto del llamamiento de alto el fuego hecho por Guterres.

Los últimos datos recogidos por la organización The Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) arrojan cerca de 12.500 víctimas mortales —que hayan sido registradas, y que se elevan a 16.000 si se incluye a fallecidos por enfrentamientos con grupos de narcos— a causa de conflictos armados desde la llamada a la paz, a lo que se suman más de 650.000 personas desplazadas, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Otras ONG con datos parciales han contabilizado más de 300 muertos en Siria, el Gobierno yemení en el exilio cifró en 500 los fallecidos en abril, y en Afganistán fueron más de 3.000 en dos meses, según Acled.

“La petición de un alto el fuego ha tenido un gran impacto, con el respaldo de 114 Gobiernos, organizaciones regionales, líderes religiosos y más de 200 grupos de la sociedad civil que abarcan todas las regiones. Entre todos ellos, 16 grupos armados”, explica el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. “Pero al mismo tiempo, sabemos que la desconfianza sigue y que es difícil pasar a la implementación”, admite.

Acled, ONG dedicada a hacer seguimiento de los conflictos armados en el mundo, concluía en su informe de mayo que el llamado al alto el fuego “se ha topado en gran medida con oídos sordos”. Según su estudio, de 43 países analizados con más de medio centenar de incidentes de violencia organizada (desde conflictos a choques con grupos del narcotráfico), tan solo en 12 de ellos hubo algún partícipe del conflicto que respondiera al llamamiento de la ONU. En los otros 31 países, ninguna de las partes contestó a esta petición e incluso registraron una mayor tasa de violencia.

“La situación con los alto el fuego es compleja”, afirma Dujarric. “La lucha continúa en Afganistán y Siria; la situación en el Sahel se ha deteriorado tras el aumento de los ataques; los choques armados han crecido en Libia, donde las partes han pedido treguas en varias ocasiones en el pasado”.

Venta de armas

Incluso los éxitos que más esperanzas habían dado a la ONU han resultado efímeros: el 20 de abril, tres soldados filipinos morían en una emboscada de la guerrilla maoísta del Nuevo Ejército del Pueblo, en la provincia de Negros Occidental. El grupo armado filipino había sido uno de los primeros en sumarse a la iniciativa de Guterres, declarando un alto el fuego con Manila. En Colombia, el cese de hostilidades que declaró a finales de marzo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha visto empañado por el recrudecimiento de otros frentes, como la guerra que se ha desatado entre los distintos grupos armados por el control de las zonas rurales y el aumento de asesinatos de líderes sociales durante la pandemia.

“Los actores de estos conflictos actúan de manera estratégica y el hecho de que los Gobiernos a los que se enfrentan tengan que desviar recursos para ayudar a detener la propagación del virus puede convertirse en un incentivo para no detener los combates”, explican los expertos de Acled, advirtiendo de que la pandemia se ha convertido también en una oportunidad para muchos grupos violentos de intentar alcanzar legitimidad frente a los Gobiernos, como es el caso de los talibanes en Afganistán, que han repartido mascarillas pero también han atacado una base militar. Acled destaca también casos en los que fuerzas estatales han usado una violencia desproporcionada. Es el caso de Sudáfrica, con más de 800 denuncias de abuso de poder de las fuerzas de seguridad en la cuarentena.

La ONG Oxfam Intermón, en el estudio Conflictos en tiempos del coronavirus, considera fracasada la iniciativa de Guterres y apunta a miembros del propio Consejo de Seguridad, “que siguen siendo partícipes de conflictos armados” o venden armas “a facciones en guerra”.