El coronavirus desata una tormenta perfecta en Venezuela

En Venezuela se ha desatado la tormenta perfecta. Con la emergencia sanitaria del coronavirus se ha añadido a la inestabilidad política y a la precariedad social un cóctel de escasez de gasolina, colapso de los servicios, cortes de luz y agua que multiplican las graves disfunciones del país. Desde que Nicolás Maduro sucediera al expresidente Hugo Chávez, en 2013, más de cinco millones de venezolanos han migrado en busca de oportunidades. Aunque en los últimos meses decenas de miles de personas han regresado por falta de recursos frente a las restricciones y las cuarentenas decretadas por distintos Gobiernos latinoamericanos, el flujo migratorio desbordó a la región y es aún hoy uno de sus principales desafíos.

Los datos oficiales de la crisis de la covid-19 sitúan a Venezuela entre los países del mundo con menos casos, con poco más de 1.000 contagios y una decena de muertes, pero detrás de esos números hay un sistema sanitario sin capacidad de detección y la habitual falta de transparencia del régimen chavista. Distintas asociaciones, profesionales vinculados a la oposición y la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas cuestionaron esa información. Esta última institución advirtió sobre el retraso del desarrollo de la enfermedad en el país e incluso las cifras ofrecidas por el Gobierno reflejan un incremento del 40% de los casos durante la semana pasada.

Mientras tanto, millones de venezolanos tienen que lidiar con una crisis de combustible sin precedentes. El expolio a la petrolera estatal, PDVSA, el deterioro de las refinerías y la mala gestión abocaron a Maduro a pedir ayuda a Irán, uno de sus principales aliados internacionales. Teherán envió cinco buques con 1,5 millones de barriles de combustible. Pero a eso se ha sumado en los últimos días la interrupción del suministro de agua, que se ha convertido en un drama sobre todo en los hospitales. La catástrofe económica y la hiperinflación completan el panorama de una crisis que es estructural desde hace años.

“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirma Kathleen Page, doctora y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Según su análisis, recogido en un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este martes, estas premisas pueden "provocar que más personas intenten irse del país”, desbordando así a los sistemas sanitarios de los países vecinos. La ONG pide que Estados Unidos, la Unión Europea y los países miembros del Grupo de Lima presionen a las autoridades venezolanas para que “permitan el ingreso en Venezuela de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU”.

“Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas”, manifestó José Miguel Vivanco. El director para las Américas de HRW considera que “para contribuir a una respuesta efectiva a la covid-19 en Venezuela, los Gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”. “Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano”, agrega, "la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”.

La discusión en torno a la ayuda humanitaria lleva años enfrentando al Gobierno y a la oposición. Desde la etapa en que el principal rival de Maduro era Henrique Capriles, las fuerzas críticas con el chavismo pidieron la apertura de un corredor a través de la frontera para permitir el ingreso de medicinas y alimentos. El año pasado, un mes después de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino, se pervirtió ese instrumento con el intento de introducir en camiones con material sanitario y suplementos nutricionales por la ciudad colombiana de Cúcuta. La operación, promovida por el Gobierno de Iván Duque y la Administración de Donald Trump, derivó en una batalla campal y fracasó. Desde entonces la situación se precipitó.

A pesar de que la emergencia viene de lejos y tiene que ver esencialmente con la gestión del régimen, las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Washington, dificultan ahora la cooperación y repercuten en la población. HRW solicita a Estados Unidos fijar unas reglas de juego muy claras. Por ejemplo, “establecer claramente que nadie será penalizado por financiar o proveer asistencia humanitaria a Venezuela en este período de crisis de salud pública y reiterar que la asistencia humanitaria está exenta de sanciones”. Además, “establecer procedimientos para que las empresas y organizaciones puedan enviar asistencia humanitaria a Venezuela sin controles excesivamente burocráticos ni demoras innecesarias” y, por último, “apoyar un esfuerzo humanitario robusto, liderado por la ONU, en Venezuela”.

Lo que queda claro es que las medidas adoptadas por Caracas frente al coronavirus son insuficientes. Y los controles de la estricta cuarentena decretada por Maduro están en manos de las fuerzas policiales, a menudo señaladas por sus abusos por organismos de defensa de los derechos humanos, incluida Naciones Unidas. “Quienes hacen que se cumpla con la cuarentena son la policía, incluyendo una fuerza especial llamada FAES implicada en el pasado en ejecuciones extrajudiciales, las Fuerzas Armadas y grupos armados partidarios del Gobierno, llamados ‘colectivos’. Según organizaciones locales, esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias y hostigamiento de las comunidades”. También por esta razón, según la ONG, no cabe esperar a que sea demasiado tarde.

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