Estados Unidos sanciona a dos altos funcionarios del Gobierno nicaragüense

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este viernes a dos altos funcionarios del Gobierno nicaragüense por apoyar al “corrupto régimen” de Daniel Ortega. El organismo financiero federal ha comunicado que ha incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército, e Iván Adolfo Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua. Al primero porque los militares han aportado armas para “llevar a cabo actos de violencia” contra el pueblo, y al segundo por colaborar a favor de que Ortega reciba apoyo financiero, según el comunicado del Tesoro.

“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, ha afirmado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “Estados Unidos apuntará [en la lista] a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense”, ha agregado. Las sanciones anunciadas se traducen en el congelamiento de todos los bienes e intereses económicos que los penados tengan en Estados Unidos.

A principios de marzo, Washington sancionó a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), la principal entidad encargada de hacer cumplir la ley en el país centroamericano, por su papel en “el grave abuso de los derechos humanos”. La reciente sanción de Estados Unidos al titular del Ejército es un duro golpe para una institución que había intentado mantenerse al margen de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos achacadas al Gobierno de Ortega y Rosario Murillo por reprimir con brutalidad las protestas iniciadas en abril de 2018 por una reforma a la Seguridad Social. La crisis humanitaria y política ha forzado a más de 100.000 nicaragüenses a huir, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Ejército siempre ha sostenido que no tuvieron participación en la represión contra los civiles desarmados, en especial en la denominada Operación Limpieza, una cruzada conjunta de policías y parapolicías que inició en junio de 2018 y permitió al Gobierno retomar con violencia el control de las calles. Se trató de un parteaguas en el esquema represivo, porque por primera vez civiles con armamento bélico tomaron el control de las ciudades alzadas contra el Gobierno y cometieron la mayoría de las 325 ejecuciones extrajudiciales contabilizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los parapolicías portaban un arsenal bélico que incluía AK 47, Dragunov, ametralladoras PKM, M 16, Remington 700, Jericho 941, y Mossberg 500. Armas de guerra convencional que, en teoría, solo están en control de la institución castrense, lo que aviva la sospecha sobre la responsabilidad militar.

Aunque la principal crítica al Ejército ha sido la inacción ante estos grupos, que todavía operan en Nicaragua. Los militares no han desarmado a los parapolicías y han desatendido, así, su obligación constitucional de neutralizar a todo grupo armado no contemplado legalmente. El mismo general Avilés negó que en Nicaragua existan “grupos paramilitares”, pese a las pruebas recopiladas por organismos de derechos humanos.

En julio de 2019, el general Avilés dijo que el Ejército no tiene base legal, ni estructura ni equipamiento para desarmar a los grupos parapoliciales. “Es a la Policía a la que le corresponde ejercer sus funciones de orden público”, afirmó, pese al mandato constitucional claro para el Ejército. No obstante, fuentes militares aseguran que la decisión de no desarmar estos grupos es para no reñir al Ejecutivo.

Fuentes en Washington señalan que la razón para no sancionar antes al Ejército, es que temían que los militares se plegaran totalmente al Ejecutivo sandinista, como sucede en Venezuela. Sin embargo, en la práctica, el general Avilés actúa como un subordinado del presidente Ortega, al punto que ha sido prorrogado en su cargo tres veces consecutivas y bloqueado, de ese modo, la sucesión militar.

“Estados Unidos ahora ve un escenario claro en términos de desenlace: esperaban que el Ejército cambiara su comportamiento frente a estos grupos armados, pero la actuación política del alto mando no ha variado”, ha asegurado a EL PAÍS la experta en seguridad Elvira Cuadra. Aunque el Departamento del Tesoro había sancionado antes a militares en retiro, ahora “la presión es contra la institución”, ha afirmado Cuadra.

“Puede suceder algo similar que con la Policía: primero sancionaron a su director, a mandos intermedios, y como no hubo rectificación, al final Estados Unidos sancionó a la institución policial como tal. Eso puede pasar con el Ejército. Es un mensaje a la oficialidad”, ha dicho Cuadra, en referencia a los intereses económicos militares, que son variados e incluso cotizan en bolsas de valores internacionales. “Es un duro golpe al gobierno de Ortega, porque el Departamento del Tesoro trastoca las finanzas y las fuerzas armadas, dos actores claves en la constitución de un Estado. Al Ejército no le alcanzó la campaña de relaciones públicas para lavarse la cara sobre su implicación en la represión”, ha enfatizado Cuadra.