Despedidos, confinados y sin poder regresar a casa

Al menos 150.000 indios y 40.000 paquistaníes se han inscrito en sus respectivos consulados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ser repatriados. Sin trabajo, sin ingresos y sin vuelos para regresar a sus lugares de origen, son apenas la punta del iceberg del problema que afrontan los inmigrantes en las monarquías del Golfo a causa de la covid-19. Constituyen la mayoría de los contagios confirmados en esos países y los más afectados por las consecuencias económicas. Millones de ellos se han encontrado de un día para otro despedidos, confinados y varados lejos de sus hogares, algunos sin siquiera asistencia.

“La pandemia ha supuesto la pérdida de muchos trabajos, pero aún es difícil estimar su alcance. En los países del Golfo, las medidas de ayuda a la población no se extienden a los inmigrantes, que son el grueso de la fuerza laboral en los sectores más afectados”, declara a EL PAÍS Ryszard Cholewinski, especialista en migración de la Oficina para Oriente Próximo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las ricas monarquías petroleras de la península Arábiga han levantado sus modernas ciudades gracias a un ejército de obreros baratos procedentes de medio mundo, pero sobre todo asiáticos y africanos. Al menos un tercio de quienes viven en Arabia Saudí son trabajadores extranjeros, al igual que el 50% de la población de Bahréin y Omán, dos tercios de la de Kuwait y el 90% de EAU y Qatar. En conjunto, la mitad de los 56 millones de habitantes de los seis países.

Con pequeñas diferencias, en todos ellos el permiso de residencia está vinculado al de trabajo y a la conclusión de este, el trabajador debe abandonar el país; no hacerlo se penaliza con multas. No existen seguros de desempleo y, en ausencia de sindicatos, no es infrecuente que los despedidos tengan dificultades para cobrar las magras indemnizaciones previstas, e incluso los últimos sueldos. Son el eslabón más débil ante el parón económico estipulado en las seis monarquías para combatir el coronavirus, del que ya han registrado 68.000 casos y 390 muertes.

“Los trabajadores están bajo una gran presión porque no pueden enviar dinero a sus familias y algunos apenas tienen para comer, ya que la mayoría trabaja en sectores que han paralizado su actividad”, señala Cholewinski.

Algunos Gobiernos han adoptado medidas de emergencia. Kuwait decretó una amnistía para quienes han excedido su estancia legal y ha ofrecido vuelos gratuitos de repatriación. EAU ha extendido hasta fin de año los permisos de residencia, pedido a las empresas que no echen de sus alojamientos a los empleados que despidan y eliminado la autorización para cambiar de trabajo. Aun así, son decenas de miles los que en estas circunstancias prefieren volver a sus lugares de origen, pero se han encontrado con las puertas cerradas.

“No necesitamos comida, solo queremos volver a casa”, declaraba Abdul Qayyum Kiymai al diario Gulf News después de que miles de paquistaníes tomaran la inusual decisión de congregarse frente al consulado de su país en Dubái, a pesar del confinamiento y de que las manifestaciones son ilegales.

Su caso no es único. Apenas tres días después de que los consulados indios en EAU empezaran a registrar a quienes desean volver, la lista superaba 150.000, la mitad de ellos del Estado de Kerala. Eso da una idea de que son muchos más, ya que las autoridades de Kerala (2,5 millones de emigrantes, el 90% en los países del Golfo), que iniciaron antes el proceso, tienen apuntados a 400.000, 175.000 de ellos en EAU.

La India y Pakistán, de donde proceden la mayoría de los inmigrantes en toda la región, cerraron sus fronteras a finales de marzo y dijeron no tener capacidad para aislar a los trabajadores retornados. Temen, además, que muchos puedan haberse contagiado dadas las condiciones de hacinamiento en las que viven. EAU (donde trabajan 3,4 millones de indios y 1,2 millones de paquistaníes) amenazó a mediados de abril con limitarles el número de visados de trabajo si no readmitían a sus ciudadanos. Al final, ambos han aceptado recibir los vuelos de repatriación, aunque los de la India aún no han comenzado.

Otros, como Bangladés o Filipinas han optado por enviar fondos a sus Embajadas para ayudar a aquellos nacionales que se han quedado sin ingresos. Pero también ha habido quien no ha tenido opción: Qatar expuls�� a varios cientos de nepalíes a mediados de marzo, según Amnistía Internacional, y Arabia Saudí hizo lo mismo poco después con 3.000 etíopes, según la ONU.

La OIT ha advertido del riesgo de un rebrote del virus si no se dan las condiciones adecuadas para el regreso de los trabajadores. “Algunos inmigrantes africanos ni siquiera disponen de representación diplomática en el país de destino”, explica Cholewinski, que menciona un grupo de Madagascar en Kuwait, cuya Embajada más cercana se encuentra en Arabia Saudí.

Y muchos simplemente tienen miedo. Las actividades esenciales recaen sobre sus espaldas. Son extranjeros la mayoría de los empleados en hospitales (en todos los niveles), servicios de limpieza y desinfección, supermercados, empresas de entregas a domicilio o en las obras que no han parado (como las instalaciones de la Expo de Dubái o los estadios del Mundial de Qatar). También la mayoría de los enfermos de covid-19: Aunque los países del Golfo no han facilitado datos desglosados, las informaciones publicadas y fuentes médicas apuntan a que suman cuatro de cada cinco casos detectados.

“Nos toman la temperatura a diario, pero somos ocho en la habitación y si uno se contagia caeremos todos enfermos. Veo en las noticias que se muere mucha gente y preferiría estar con mi familia, pero mientras tenga trabajo…”, confía preocupado Varun, un conserje de Hyderabad.

Arabia Saudí, Emiratos, Qatar y Bahréin han anunciado que cubren las pruebas y el tratamiento a quienes den positivo, incluso si carecen de papeles. De hecho, han expandido su programa de detección tras encontrar brotes en algunos barrios. “Son medidas positivas, pero no podemos verificarlas”, señala Hiba Zayadin, investigadora de Human Rights Watch. En su opinión, los trabajadores deberían poder permanecer en los países de residencia. “El intento de deportar en masa a los despedidos e indocumentados pone de relieve que los gobernantes ven como desechables a los hombres y mujeres que sustentan sus economías”, denuncia.