El Gobierno de Bolivia recibe críticas por amenazar la libertad de expresión durante la cuarentena

Human Rights Watch acusa al Gabinete interino de “aprovechar la pandemia” para aplicar restricciones a la libre opinión

Militares bolivianos realizan un control en el municipio de El Alto durante la cuarentena.
Militares bolivianos realizan un control en el municipio de El Alto durante la cuarentena.Martín Alipaz / EFE

Las medidas adoptadas por el Gabinete interino de Bolivia frente a la pandemia de coronavirus han despertado críticas por el margen de acción que dejan a las autoridades para coartar la libertad de expresión. Human Rights Watch (HRW) cuestionó la norma aprobada por el Ejecutivo de Jeanine Áñez para castigar a quienes se opongan a la cuarentena que realiza el país o que desinformen a la población. Según José Miguel Vivanco, director para América del organismo de derechos humanos, “el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.

El cuestionamiento hacer referencia a un artículo del decreto de la cuarentena que promulgó la presidenta, el cual estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Estos delitos pueden merecer penas de hasta 10 años de prisión. Para Human Rights Watch, la ambigüedad de la norma podría permitir que se cometan abusos contra quienes critiquen al Gobierno por su manejo de la crisis.

Hasta ahora no hay detenciones por el delito de desinformación. Cuatro personas se encuentran presas, acusadas de “sedición”, por organizar una protesta en contra de la cuarentena el 31 de marzo en la ciudad de Riberalta, en el norte del país. También está arrestado, por actuar en contra de la salud colectiva, el alcalde de la población indígena de Patacamaya, que autorizó una fiesta religiosa en la que produjeron varios contagios.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció hace poco la existencia de un “plan desestabilizador” en contra del Ejecutivo y responsabilizó del mismo al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, y a Comunidad Ciudadana, la formación del candidato Carlos Mesa. Este había hecho circular vídeos criticando la falta de información oficial sobre asuntos clave para la contención de la pandemia, como la cantidad de test que se están aplicando o el número de respiradores disponibles para los enfermos.

Sin embargo, el principal blanco de las sospechas del Gobierno es el MAS. Se le acusa de estar detrás de las marchas que se organizaron en algunos barrios sin recursos para pedir alimentos y, también, de incitar las protestas de cientos de bolivianos que aguardan, en el límite con Chile, un permiso para entrar a Bolivia o que, habiendo ya entrado al país, se encuentran en un centro de cuarentena en la zona fronteriza. Estos últimos han denunciado que el lugar donde se encuentran no cuenta con las mínimas condiciones de habitabilidad. El MAS rechazó ser responsable de estas manifestaciones.

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