Von der Leyen cumple 100 días en tierra de nadie

Cien días, dos crisis y un reglamento. El escaso balance de Ursula Von der Leyen al frente de la Comisión Europea se debe más a la dura coyuntura de su período de gracia que al empuje anunciado al inicio de su mandato el pasado 1 de diciembre. Von der Leyen confiaba en un arranque tan impetuoso como productivo, que en solo tres meses marcase el terreno para toda la legislatura. Pero ha tenido que conformarse con un tímido despegue en el que la agenda comunitaria avanza al ralentí y las visiones a largo plazo —en clima, digital o laboral— se han visto desbordadas por emergencias como el coronavirus o la inmigración en la frontera grecoturca.

La presidenta de la Comisión intentará esta semana relanzar su programa, con un encuentro bilateral con cada uno de los principales grupos del Parlamento Europeo que la apoyaron (conservadores, socialdemócratas y liberales). Pero la conservadora alemana llega a estas citas sin apenas resultados. Y sus equilibrios para mantener el apoyo del tripartito la han dejado en una tierra de nadie en los grandes debates: desde el presupuesto de la UE a la reforma de la política industrial y de competencia o la vigilancia de Estado de derecho.

Von der Leyen ha presentado sus planes estratégicos sobre la agenda digital o la igualdad en el mercado laboral y ha lanzado consultas públicas sobre futuras medidas sociales. El saldo legislativo, sin embargo, se reduce a un proyecto de reglamento, bautizado pomposamente como Ley del Clima, que, por ahora, solo ha servido para poner de manifiesto las arenas movedizas en que se mueve la Comisión.

Alberto Alemanno, profesor de Derecho Europeo en la École des Hautes Études Commerciales de París, cree que “los 100 primeros días han mostrado las debilidades intrínsecas de una Comisión que nació a trompicones y sin mayoría parlamentaria clara detrás”.

Tras lograr la investidura en julio de 2019 por solo nueve votos de diferencia, Von der Leyen tuvo que retrasar un mes la toma de posesión (prevista para el 1 de noviembre) por las dificultades de algunos de sus comisarios para obtener el visto bueno de la Eurocámara. Finalmente, el pasado 1 de diciembre asumió el cargo. Y desde entonces intenta contentar a su propio grupo (el Partido Popular Europeo) sin perder el apoyo de los socialistas y los liberales.

El resultado es un compromiso de mínimos que no contenta a ninguna de las partes y que corre el riesgo de diluirse.

Populares y socialistas, de momento, velan las armas de cara a una legislatura que no acaba de arrancar. “Estos 100 primeros días han servido para colocar en lo más alto de la agenda todas las prioridades del PPE, como la lucha contra el cáncer, el mercado digital o la transformación industrial que lleva aparejada el Pacto Verde”, señala el europarlamentario Manfred Weber, líder del PPE en el Parlamento Europeo. La batalla por la letra pequeña, en la que Von der Leyen deberá demostrar su capacidad de negociación, aún no ha comenzado.

La eurodiputada Iratxe García, presidenta del grupo Socialista en la Eurocámara, concede el beneficio de la duda a la presidenta. “Valoro positivamente que Von der Leyen haya incluido las prioridades que le exigimos para confirmarla en el cargo, como el Pacto Verde, la estrategia de género o más flexibilidad en el Pacto de Estabilidad”. “El análisis de los retos es el correcto”, concede García. “Pero de nada vale el diagnóstico si no ponemos los medios afrontarlos”, dice la eurodiputada, que reclama a Von der Leyen que “defienda con más fuerza la necesidad de un presupuesto comunitario en condiciones”.

El funambulismo de la ley climática parece destinado a ser la seña de identidad de una legislatura marcada por un Parlamento Europeo mucho más fragmentado que antes; con un Consejo Europeo de creciente diversidad ideológica y donde los Gobiernos caen o se renueva a creciente velocidad; y una Comisión donde las trincheras partidistas y nacionales son más visibles que nunca.

Mano dura

Von der Leyen, de momento, se ha decantado por blindar el apoyo de los conservadores, con una agenda de mano dura en materia de migración y de cierta tolerancia hacia Polonia y Hungría en cuanto al Estado de derecho. En presupuestos, se ha alineado también con los partidarios de reducir el gasto de la UE tras la salida del Reino Unido.

Hacia la izquierda ha ofrecido cierta flexibilidad en el control del déficit público y el inicio del debate sobre un salario mínimo europeo. Alemanno cree que ese equilibrio es frágil e inestable porque “asistimos a una derechización de la Unión que no se corresponde con la composición del Parlamento Europeo, donde el centro de gravedad es más bien de centro izquierda”.