Israel convoca las terceras elecciones en menos de un año

Los israelíes no tendrán más remedio que volver a votar para intentar sacar a los partidos de un marasmo que empieza a cobrar tintes de maldición bíblica. En esencia, el sistema político se ha empantanado en el Estado judío a consecuencia de las tres acusaciones por fraude y cohecho presentadas el mes pasado por el fiscal general contra Netanyahu, y porque la oposición de centroizquierda no se fía en absoluto de las ofertas del veterano mandatario conservador para forjar un pacto de gran coalición.

Además de la tradicional fragmentación de la Kneset, derivada de un sistema electoral ultraproporcional, la polarización se ha extremado en la Cámara durante el largo decenio de permanencia en el poder de Netanyahu. En los comicios del pasado septiembre, el ala conservadora sumó 55 de los 120 escaños en liza con los diputados del Likud del primer ministro (32), los dos partidos ultraortodoxos (16) y la extrema derecha (7).

El bloque de centroizquierda agrupó a 57 parlamentarios de la alianza centrista Azul y Blanco liderada por Benny Gantz (33), laboristas (6), izquierda pacifista (5) y Lista Conjunta de la minoría árabe israelí (13). La gobernabilidad quedó en manos de los ocho escaños de Israel Nuestra Casa, el movimiento laico de sesgo derechista del exministro de Defensa Avigdor Lieberman, quien propugnaba un Ejecutivo de unidad nacional.

Ante la deliberada ambivalencia de Lieberman —un ultraconservador enfrentado con el jefe del Ejecutivo, pero que también rechaza cualquier entendimiento con las fuerzas políticas árabes—, la fórmula de gran coalición entre los dos grandes partidos se presentaba como la única salida posible al final del túnel. Sin embargo, los líderes del Likud y de Azul y Blanco intercambiaron en las últimas horas mensajes en las redes sociales que parecieron dar el portazo definitivo a cualquier tipo de acuerdo. Gantz propuso a Netanyahu que, para “evitar unas elecciones inútiles”, debía renunciar a la inmunidad parlamentaria y acatar ser el segundo en una eventual rotación para ejercer por turno como jefe de Gobierno de una gran coalición. “La Kneset no debe convertirse en un refugio [frente a la justicia]”, advirtió.

Era una oferta que el primer ministro que más tiempo ha ocupado el poder en Israel —más de 13 años, si se incluye su primer mandato (1996-1999)— no podía aceptar. Netanyahu precisa mantenerse en el cargo, aunque sea en funciones, para protegerse de las acusaciones de la fiscalía. La imputación por cohecho, fraude y abuso de poder en tres casos de corrupción investigados por la policía a partir de 2015 quedó aplazada sucesivamente por las últimas legislativas. Ahora ya ha sido formalizada. Como primer ministro, Netanyahu no está obligado a dimitir mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia firme, de modo que un nuevo proceso electoral le garantizará al menos otros seis meses de blindaje legal. Si es declarado culpable, afronta una condena de hasta 10 años de prisión.

La nueva repetición electoral puede representar, no obstante, un doble riesgo político de consecuencias impredecibles para el primer ministro. En el frente interno, le obligará a disputar el próximo día 26 unas primarias internas ya convocadas por la dirección del Likud, donde el exministro Gideon Saar ha consolidado ya un frente de rechazo al veterano líder del partido. Los sondeos, mientras tanto, constatan que la gran formación conservadora israelí obtendría mejores resultados con Netanyahu como cabeza de lista, a pesar de las acusaciones de corrupción, frente a la alternativa inédita de Saar.

Las últimas encuestas elaboradas al filo de la disolución de la Kneset apuntan también a una ligera ventaja del voto en favor del bloque de centroizquierda encabezado por Gantz  y a una caída en el arco parlamentario de la derecha, aunque siguen reproduciendo un escenario de bloqueo. La llave de la gobernabilidad de Israel continúa en manos de los intereses tácticos de Lieberman (de nuevo con 8 parlamentarios). “No podemos aceptar que la agenda política de este país sea dictada por los problemas legales de un solo hombre”, argumentó el líder de Israel Nuestra Casa para dejar echada la suerte de la convocatoria electoral en medio de un creciente desinterés hacia las urnas de los ciudadanos.

Netanyahu no ha perdido el tiempo y ya ha comenzado su tercera campaña en lo que va de año. La anexión de las colonias de Cisjordania —y en particular del valle del Jordán— en un nuevo guiño a los colonos de los asentamientos y un acuerdo de defensa con EE UU frente a la amenaza regional de Irán, que podría ser bendecido por Donald Trump antes de las votaciones, son sus principales reclamos. Tras haber ganado media docena de comicios en su carrera política, el primer ministro vuelve a intentar seducir a un electorado israelí esencialmente nacionalista y conservador, obsesionado por el apocalipsis de una aniquilación bélica.

Bloqueo y coste de los comicios

Después de un año de procesos electorales, que aún pueden prolongarse durante seis meses más, la paralización de la gestión pública a causa del bloqueo político y el coste de los comicios lastran la economía de Israel. Las estimaciones del Ministerio de Finanzas y de organizaciones patronales elevan a unos mil millones de shequels (más de 250 millones de euros) la partida de gastos de cada una de las legislativas celebradas en los meses de abril y septiembre, según datos recabados por Haaretz, contabilizando los gastos de organización y las subvenciones a la campaña de los partidos.

Para las empresas, la factura derivada de los comicios es más elevada. La jornada electoral, siempre convocada en día laborable, es semifestiva en Israel para favorecer la afluencia a las urnas. El sector público no esencial cierra sus puertas y la mayoría de las compañías privadas dan el día libre a sus empleados. Aquellos que siguen trabajando, como es el caso de empleados en la hostelería y demás locales de ocio, son compensados con doble paga. La Asociación de Fabricantes de Israel estima en 12.000 millones de shequels (más de 4.000 millones de euros) la suma del impacto negativo de tres elecciones consecutivas sobre el conjunto de la economía, según el diario Yedioth Ahronoth.

La agencia de calificación Moody’s ha alertado además de consecuencias adversas para las cuentas públicas del Estado judío si los partidos no logran formar una coalición de Gobierno que afronte la reducción del gasto público ante el creciente déficit.