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LA CUESTIÓN MIGRATORIA EN EL MEDITERRÁNEO | 3

El reparto de migrantes de la UE falla de nuevo

542 desembarcados desde el verano de 2018 esperan aún en Malta e Italia a que se formalice su acogida

Migrantes rescatados por el 'Open Arms', el pasado 26 de noviembre.
Migrantes rescatados por el 'Open Arms', el pasado 26 de noviembre.

Las promesas de acogida de refugiados vuelven a embarrarse en la Unión Europea. La Comisión urge a actuar a los ocho países que, encabezados por Alemania y Francia, se comprometieron a acoger a los refugiados que desde el verano de 2018 han sido rescatados por las ONG en el Mediterráneo Central, pero la respuesta es lenta y burocrática. Poco más de 540 personas, más de una cuarta parte del total prometido, aguardan aún en centros de Italia y Malta a que los trasladen, según un informe reservado de la Comisión Europea cerrado el 24 de noviembre. Es en ese documento donde el brazo ejecutivo de la UE repite el mensaje de hace un año: “La Comisión insta a todos los Estados miembros a completar rápidamente los procedimientos acordados para el traslado de los migrantes en línea con los compromisos voluntarios adquiridos”.

Esta fórmula solidaria de reparto de refugiados, apoyada inicialmente por Finlandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Rumania, además de Francia y Alemania, fue la respuesta a la política de puertos cerrados que abanderó el defenestrado ministro del Interior italiano Matteo Salvini. Malta también se negaba a permitir el desembarco si tenía que asumir en solitario la acogida de los rescatados, por lo que durante año y medio prácticamente cada atraque de un barco humanitario suponía una crisis política y humanitaria.

El bloqueo de buques en alta mar durante días y hasta semanas llevó a un grupo de países a comprometerse a acoger a los refugiados a cambio de que Roma y La Valeta permitiesen su desembarco. Este mecanismo, improvisado y que sigue sin contar con el consenso de un grupo mayoritario de los socios, se estrenó poco después de que España hiciese un primer gesto y abriese el puerto de Valencia a las 630 personas rescatadas por el Aquarius (de SOS Méditerraneé y Médicos sin Fronteras), el 17 de junio de 2018. Tras ese desembarco y hasta el pasado 3 de noviembre, 1.442 personas habían sido transferidas a otros Estados miembros y a Noruega. Faltan aún 542 (434 en Italia y 108 en Malta).

El volumen y la rapidez de la reubicación por parte de los socios europeos contrasta con el esfuerzo que realizó Madrid en poco tiempo. En seis meses, los últimos de 2018, España en solitario recibió a 1.084 personas rescatadas en el Mediterráneo Central por el Aquarius, pero también por cuatro misiones del Open Arms (de la ONG Proactiva Open Arms) y por el pesquero Nuestra Madre Loreto. De ese millar de personas, Francia trasladó a su territorio a un centenar, sobre todo sudaneses, que tienen un claro perfil de refugiado. Tras esa iniciativa, el Gobierno socialista dejó de involucrarse más allá del flanco mediterráneo que le corresponde. Desde entonces, España ha criticado en todas las cumbres la aspiración de franceses y alemanes de formalizar cualquier reparto que no incluya a los rescatados en la ruta del Mediterráneo occidental.

Durante año y medio, cada rescate ha necesitado de la mediación de la Comisión para negociar un reparto que abriese los puertos italianos y malteses. Cada noche que decenas de migrantes pasaban en alta mar hacinados en los buques humanitarios, exponían la incapacidad de la Unión de diseñar una política migratoria común que aliviase la presión de los países que asumen el mayor número de llegadas.

La UE fracasó con el sistema de cuotas ideado en 2015 para distribuir, en plena crisis de desembarcos, a 160.000 refugiados y ha vuelto a fallar al no conseguir el consenso para un reparto de un par de millares de migrantes. Tampoco se avista una solución común para Grecia, la principal ruta de inmigración irregular del Mediterráneo, que mantiene a más de 46.000 personas en condiciones de hacinamiento.

“Es desesperante que países ricos, avanzados y con democracias muy articuladas no logren implementar un sistema más eficaz y ágil. Esto lleva a pensar que no es una falta de capacidad, sino de voluntad política”, denuncia Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa. “El problema es que así se da la razón a políticos como Salvini que, si bien no está ya en el Gobierno, está muy presente en la política italiana. Le da la razón cuando dice que nos han abandonado, que Europa no ayuda, que no cumplen con sus promesas”. No hay plazo para recolocar a las 542 personas que aguardan destino y los barcos de ONG continúan con los rescates sumando más personas a la lista (del 24 al 26 de noviembre, tres barcos dejaron en Italia a 364 personas).

Proceso lento

El proceso es lento. Algunos casos se alargan hasta 11 meses. En ese informe interno donde la Comisión analiza cada semana la situación migratoria, se señala el caso de dos menores no acompañados desembarcados en Malta en diciembre de 2018 y enero de 2019 que fueron trasladados a Eslovenia el 15 de noviembre.

Francia y Alemania, los más comprometidos, son a la vez los Estados con más transferencias pendientes. París, a 24 de noviembre según el informe de Bruselas, aún debía trasladar a 112 refugiados, y Berlín a 284. “Siempre nos esforzamos por hacer venir a las personas cuanto antes”, explica el Ministerio del Interior francés, informa Marc Bassets. “Después del desembarco de las personas en Italia o en Malta, es necesario un tiempo para recoger sus identidades y para que la Comisión ponga en marcha su trabajo de repatriación”, añade. “Después, lo enviamos rápido a la oficina francesa para la protección de los refugiados y de los apátridas y después reservamos los billetes de avión. El conjunto de este proceso puede tomar entre dos y cuatro semanas”.

Alemania, por su parte, dedica entre cuatro semanas y tres meses para finalizar los procesos. Según su Ministerio del Interior, “la duración real del procedimiento depende de las capacidades y de las condiciones de todos los organismos implicados, en particular de las autoridades italianas y maltesas de asilo, pero también de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo”, informa Ana Carbajosa. También tienen traslados pendientes Portugal (101), Irlanda (14), Rumania (10), Finlandia (5), Luxemburgo (3) y Lituania (3).

Bruselas asume que los plazos son lentos y asegura que trabaja en su aceleración. “Lamentablemente, la transferencia de algunos de los migrantes ha sufrido retrasos, debido sobre todo a los largos procedimientos de seguridad de los Estados miembros a los que se trasladan y a los desafíos logísticos de las transferencias”, justifica una portavoz de la Comisión. En octubre, el eje franco-alemán intentó convencer a sus socios de formalizar esta fórmula de reparto y añadir más países. Solo contó con el apoyo de Portugal, Luxemburgo e Irlanda.

 

Un estudio defiende que las ONG no incentivan las salidas

El Instituto Universitario Europeo de Florencia ha publicado recientemente un informe en el que sus autores defienden que la actividad de los barcos de ONG en el Mediterráneo Central no tiene una influencia significativa en el número de migrantes que se lanzan al mar desde Libia. El análisis de Matteo Villa y Eugenio Cusumano sugiere que son, sobre todo, las condiciones climáticas las que determinan los flujos de salidas. Es decir, que las pateras salen igual, haya barcos de rescate o no.

Los dos investigadores han analizado los datos mensuales de salvamento, las muertes y los desembarcos en Italia durante los últimos cinco años. En este periodo, de octubre de 2014 a octubre de 2019, los autores mantienen que no hay evidencias para afirmar que cuanto más alto es el número de personas salvadas, más alto es también el número de salidas. En 2019, cuando, tras la salida de los barcos militares, el peso de los rescates recayó en las ONG, Villa y Cusumano aseguran que los días de más salidas eran aquellos en los que las condiciones del mar eran mejores o las jornadas más cruentas del conflicto civil libio.

La tesis del efecto llamada es la que ha llevado a sucesivos Gobiernos europeos a restringir las actividades de salvamento. El exministro del Interior italiano Matteo Salvini hizo de la teoría que niega el informe una bandera y declaró la guerra a las ONG.

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