China pone en duda la jurisdicción de los tribunales de Hong Kong

China ha enviado un duro mensaje al sistema judicial de Hong Kong. Un portavoz de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el legislativo chino) ha advertido que solo esta institución con sede en Pekín tiene poder para decidir lo que es constitucional o no en el territorio autónomo. Sus declaraciones se dirigen contra la decisión del alto tribunal de la antigua colonia de declarar inconstitucional la ley antimáscaras vigente desde octubre, y amenazan con agravar aún más el malestar en una Hong Kong paralizada por las protestas antigobierno y prodemocracia desde hace cinco meses.

Las advertencias de Pekín llegan cuando la Policía cerca por tercer día consecutivo la Universidad Politécnica de Hong Kong. Allí permanecen atrincherados hasta un centenar de jóvenes, en condiciones precarias, después de que a lo largo de la noche cerca de 200 estudiantes de secundaria abandonaran el recinto acompañados de directores de sus institutos, tras recibir garantías de que la Policía solo tomaría sus datos y no les detendría.

Aproximadamente otro centenar de jóvenes, mayores de edad, se entregó a los agentes voluntariamente. Decenas más escaparon en una escena más propia de una película de acción que de la otrora apacible Hong Kong: descendiendo de un puente por cuerdas y mangueras descolgadas, mientras abajo les esperaban simpatizantes con motocicletas para llevarlos a un lugar seguro.

La batalla por el control de la universidad se ha convertido en el incidente más violento de enfrentamientos entre manifestantes y Policía desde que comenzaron las protestas el 9 de junio. Según ha confirmado el Gobierno autónomo en un comunicado, la atención a cerca de 300 heridos procedentes del recinto ha colapsado los servicios de urgencias de los doce principales hospitales. La Policía, por su parte, ha precisado que ha detenido a cerca de 1.100 personas desde el lunes en relación con estos disturbios, una cifra récord desde que comenzaron las protestas. También que en otra universidad cercada la semana pasada, la Universidad China de Hong Kong, ha encontrado más de 8.000 cócteles molotov.

En Ginebra, el portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, ha instado a reducir la tensión en el área de la universidad y a resolver las necesidades humanitarias de los atrincherados, que “claramente se está deteriorando”, apunta Reuters.

Mientras continúa el cerco a la Universidad, Zang Tiewei, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la ANP, ha advertido en declaraciones recogidas por la agencia de noticias china Xinhua que la decisión del tribunal hongkonés “no se ajusta” a varios aspectos de la Ley Básica, la mini Constitución del territorio autónomo.

Este tribunal de dos jueces había declarado inválida el lunes la ley que prohíbe el uso de máscaras en manifestaciones y cuando la Policía ordene identificarse al portador, so pena de un año de cárcel y una multa. La jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, había impuesto la ley a principios de octubre, invocando una norma de los tiempos coloniales que le concede amplios poderes especiales en situaciones de emergencia. Los magistrados, no obstante, determinaron que esa norma, casi centenaria, es “incompatible con la Ley Básica”, la mini Constitución hongkonesa vigente desde el regreso de Hong Kong a la soberanía china en 1997.

Casi de inmediato, la Policía indicó que dejaría de exigir el cumplimiento de la medida, que ha tenido un efecto nulo a la hora de evitar protestas violentas. Y aunque la sentencia aún puede apelarse ante el Tribunal Supremo hongkonés, Zang indicó que la ANP se plantea una posible intervención: “Estudiamos las recomendaciones y sugerencias de algunos diputados”, precisó. Previamente había sostenido que esos diputados “critican duramente” la sentencia.

“Solo el Comité Permanente de la ANP puede juzgar y determinar si las leyes de Hong Kong cumplen la Ley Básica”, indicó Zang. “Ninguna otra autoridad tiene el derecho”. El portavoz, que sostuvo que la norma colonial se integró en el derecho hongkonés tras el traspaso de 1997 y por tanto es constitucional, también señaló que la sentencia del alto tribunal “socava gravemente el poder de la jefa del gobierno y de su ejecutivo para gobernar de acuerdo con las leyes”.

En un sentido similar se ha pronunciado también Yang Huang, portavoz de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao en el Gobierno chino. “La sentencia tendrá un grave impacto sociopolítico”, ha opinado. También insistió en que tanto “el Gobierno como el poder judicial” de Hong Kong “comparten la responsabilidad de detener el caos y la violencia, así como de restablecer el orden”.

El artículo 158 de la Ley Básica autoriza a los tribunales de Hong Kong a “interpretar por sí mismos, a la hora de decidir casos, las provisiones de esta ley que entren dentro de los límites de la autonomía de esta región”. No obstante, los jueces hongkoneses deben respetar las interpretaciones que la ANP haga de la mini Constitución del territorio autónomo. Desde 1997 la institución china ha emitido cinco, la última de ellas en 2016. Entonces, su dictamen sobre el juramento en la toma de posesión de los diputados llevó a que los tribunales hongkoneses invalidaran el acta de dos legisladores de la oposición pandemócrata.

La amenaza de intervención de la ANP puede aumentar aún más la tensión en las calles hongkonesas, especialmente si esa intervención limitase la autonomía judicial. Uno de los motivos de fondo de las movilizaciones de los últimos cinco meses es el temor a una injerencia cada vez mayor de Pekín en los asuntos hongkoneses. Precisamente, las protestas comenzaron como un gesto de oposición a un proyecto de ley de extradición, desde entonces desestimado, que hubiera permitido la entrega de sospechosos a China y otros países. Los manifestantes veían esa medida como un intento de debilitar el sistema judicial local y el principio “un país, dos sistemas” que garantiza a Hong Kong libertades inexistentes en la China continental.

“Si el mensaje del portavoz es que vienen cambios para denegar por completo la capacidad de los tribunales de Hong Kong de interpretar la Ley Básica en sus dictámenes, representa una restricción sorprendente en la autonomía judicial. Si el mensaje simplemente es un ‘recordatorio’ de que el Comité Permanente de la ANP tiene la última palabra en la interpretación (de la mini Constitución), entonces las cosas están como estaban”, ha indicado en un tuit el profesor de Derecho Stuart Hargreaves, de la Universidad China de Hong Kong.