El Partido Laborista británico denuncia un ciberataque “a gran escala” contra sus plataformas digitales

El Partido Laborista ha sufrido entre el lunes y el martes el mayor ciberataque perpetrado contra una formación política británica en la historia reciente. Las defensas informáticas con que contaban las plataformas digitales de la organización respondieron correctamente y, según sus portavoces, el daño fue muy limitado. Pero el hecho de que se produjera un “ataque sofisticado y a gran escala”, según la descripción del laborismo, en el inicio de una de las campañas electorales más tensas de las últimas décadas, “es algo muy sospechoso de lo que todos deberíamos estar preocupados”, ha dicho su líder, Jeremy Corbyn.

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En apenas dos días, el Partido Laborista ha sufrido dos cibertaques que los expertos denominan distributed denial of service(denegación de distribución del servidor, DDoS en sus siglas en inglés). Se trata de una operación con la que se inunda al servidor objeto de ataque con peticiones, hasta saturar su capacidad de respuesta y bloquear el sistema. “Respondimos de inmediato, y ambos intentos fracasaron en su empeño, gracias a la fortaleza de nuestros sistemas de seguridad. Hemos logrado mantener la integridad de nuestras plataformas y estamos bastante seguros de que no se ha producido ninguna filtración de datos”, ha asegurado un portavoz del partido. Los laboristas no especificaron qué plataformas se habían visto afectadas, pero el momento en que ha ocurrido el incidente, en los primeros días de campaña de las elecciones generales del 12 de diciembre, lleva a concluir que se trataba de sistemas informáticos desarrollados a tal efecto y, por tanto, plagados de información sobre posibles votantes.

El Partido Laborista informó de inmediato al Centro Nacional de Seguridad Cibernética. Fuentes del Gobierno, citadas por el diario The Guardian, aseguraron de inmediato que, según las primeras indagaciones, el ataque era obra de “un actor no estatal”. Es decir, descartaban que el origen del sabotaje frustrado estuviera en países como Rusia o Brasil.

Más allá de que la agresión sufrida por los laboristas fuera de la gravedad que ellos describen, lo ocurrido ha servido para añadir leña a la polémica en torno a las injerencias informáticas que experimentó el Reino Unido durante la campaña del referéndum del Brexit de 2016. El Gobierno de Johnson se ha negado a publicar el informe completo sobre aquellos incidentes elaborado por la comisión parlamentaria de Inteligencia y Seguridad. La justificación de Downing Street es que necesita más tiempo para poder analizar las implicaciones en materia de seguridad del documento antes de hacerlo público, pero la oposición sospecha que el Partido Conservador quiere evitar que salgan a la luz graves implicaciones de algunas de sus principales figuras en las semanas de campaña de unas elecciones en las que los tories se juegan la mayoría en el Parlamento.

Incluso la excandidata demócrata a la presidencia de EE UU Hillary Clinton, víctima en carne propia de las injerencias rusas en su fallida campaña de 2016, criticó ayer duramente la decisión del Gobierno británico. “Estoy perpleja ante el hecho de que no hagan público el informe, porque todo aquel que vaya a votar en las elecciones tiene derecho a conocer su contenido antes de acudir a las urnas”, aseguró Clinton a la BBC. “No existe ninguna duda de que Rusia, en concreto, está decidida a influir en la política de las democracias occidentales, no en nuestro beneficio sino en el suyo propio”, añadió.

La comisión concluyó su investigación y entregó el documento al Gobierno el 17 de octubre. La presidía Dominic Grieve, un exabogado general del Estado y uno de los diputados que con más fiereza ha combatido el Brexit en Westminster, hasta el punto de que Johnson decidió expulsarle del Partido Conservador. Grieve se presenta ahora como independiente en estas elecciones.

El Reino Unido mantiene una ley electoral muy desfasada en el tratamiento y control de las nuevas tecnologías digitales. El pasado febrero, la Comisión Digital, de Cultura, Medios y Deportes, concluyó, después de 18 meses de trabajo, un listado de recomendaciones que el entonces Gobierno de Theresa May se comprometió a poner en práctica, pero que enseguida quedaron relegadas al olvido.

Ante el escándalo, la indiferencia o hasta el recochineo de algunos medios británicos, cada dos por tres ocurren incidentes que quedan situados en una zona gris y eluden la correspondiente sanción. La semana pasada, el Partido Conservador hizo circular por las redes sociales a través de sus cuentas en Twitter y Facebook un vídeo editado con declaraciones de Keir Starmer, el portavoz laborista para el Brexit. La manipulación de la grabación llevaba a Starmer a decir prácticamente lo contrario de lo que realmente decía si se escuchaba el contenido íntegro de sus palabras. Los conservadores restaron importancia al episodio y aseguraron que se trataba de una simple broma, a pesar de que algunos medios llegaron a emitir el vídeo falso.