La irritación del funcionario portugués frena la euforia del Gobierno

En la sala de espera del centro de salud de Grãndola, en el Alentejo portugués, no hay nadie. José António y María de la Gloria salen del edificio por sus propios pies. “Hay días que funciona mejor que otros, hoy bien”. Hoy hay ocho médicos en plantilla. “Nuestro mayor problema es la falta de mano de obra, en concreto de médicos, técnicos y auxiliares, tanto en el centro de salud como en el hospital de Santiago de Cacem”, explica António Figueira Mendes, el alcalde comunista de este municipio de casi 15.000 habitantes al sur de Lisboa, la capital del país.

La falta de profesionales de la salud es un problema en todo Portugal, como no se cansa de denunciar el presidente del Colegio de Médicos, Miguel Guimarães. En julio realizó una ronda por los hospitales. La gira se convirtió en un rosario de lamentos. En el centro de Sintra faltaban camillas, ventiladores y más de 90 médicos; en el de Portimão, 200 médicos; en el de Faro hay 11 ortopedistas cuando debía haber el triple; en el hospital de Vila Real hay que esperar 1.829 días para una primera consulta de Urología.

Apenas el 4,8% del PIB portugués se destina al Servicio Nacional de Salud (SNS), un porcentaje inferior al anterior Gobierno pese a las estrecheces que imponía la troika en los tiempos del rescate económico. Casi el 40% de los portugueses tiene un seguro privado. Según Guimarães, el Estado no da abasto y tiene que pagar 2.000 millones al sector privado para pagar servicios que la sanidad pública no puede cubrir por falta de profesionales y de equipamientos.

El descontento de los profesionales de la sanidad pública se ha reflejado en el incremento del absentismo el pasado año, según el Informe Social del Ministerio de Salud. Entre enfermeros, médicos, técnicos de diagnóstico y personal auxiliar sumaron, todos ellos, casi 175.000 ausencias al trabajo por huelgas, más del doble que en 2014. Casi 100.000 de esas faltas al puesto de trabajo, los protagonizaron los enfermeros.

Jamás médicos, enfermeros y otros profesionales de la sanidad realizaron tantas huelgas en Portugal como con el Gobierno socialista de António Costa, favorito para las elecciones del 6 de octubre. En sus cuatro años, el Ejecutivo portugués logró controlar el Parlamento con el apoyo del Partido Comunista y Bloco de Esquerda, pero se le fue la calle de las manos. Aplaudida su gestión por los datos macroeconómicos, los servicios públicos son el punto débil del Gobierno.

El año pasado hubo 733 convocatorias de huelgas, la cifra más alta desde 2015. Aunque el protagonismo fue de profesores y sanitarios, hubo paros hasta de los empleados del Teatro São Carlos. Para Arménio Carlos, secretario general del sindicato Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), tanta huelga refleja la indignación de los trabajadores. “No tuvimos aumentos salariales, ni la promoción de las carreras ni la concretización de los compromisos asumidos por el Gobierno”.

Entre enfermeros, médicos, técnicos de diagnóstico y personal auxiliar fueron casi 176.000 ausencias al trabajo por huelgas, más del doble que en 2014

Sin embargo, el Ejecutivo de Costa devolvió a los trabajadores cuatro festivos, subió el salario mínimo de 500 a 600 euros, aumentó pensiones y subsidios. Para disgusto del sindicalista y del PC, no revocó la legislación laboral implantada en tiempos de la troika.

Representante de un partido, el comunista, que apoyó a Costa en estos cuatro años, el alcalde de Grãndola hace equilibrios entre las críticas y los elogios. “Hay políticas con las que estamos de acuerdo, claro, como el aumento de las pensiones, el aumento del salario mínimo y las promociones a los funcionarios. No estamos de acuerdo con la subordinación del PS a la Unión Europea”.

Grándola, símbolo de la memorabilia revolucionaria, mantiene su fidelidad al Partido Comunista. La formación perdió 10 de sus 35 Ayuntamientos en las últimas elecciones municipales, pero conservó Grãndola . Ahora prepara su primer Festival de la Canción Protesta. En la entrada de la vila morena, como cantara Zé Afonso, un gran panel de azulejos recuerda la revolución del 25 de abril, la de los claveles. Varios obreros municipales reparan la calzada portuguesa, piedra a piedra. “Nos reunimos muchas veces con este Gobierno, conseguimos alguna cosa, pero nunca claudicamos de nuestras convicciones”, explica el alcalde.

Algunas de las medidas que apoya el Partido Comunista, como la rebaja del horario laboral de 40 a 35 horas semanales, ha tenido un impacto directo en el aumento de las horas extra en la SNS: 13,1 millones de horas, 1,3 millones más que en 2017. A diferencia de la Educación, donde hay 45.000 escolares menos y 5.000 profesores más; en Sanidad, con una población envejecida, aumentan las necesidades y la contratación de profesionales es insuficiente. Para Guimarães lo lógico sería que el Gobierno contratara más médicos en lugar de gastar el dinero en horas extras y en facturas por servicios desviados al sector privado.

El dinero pagado en extras equivale a contratar a 7.500 médicos, casi la mitad de los actuales (18.500), excluidos los interinos. Pese a que Costa asegura que su Gobierno ha contratado a 11.000 profesionales y ha invertido 1.600 millones, para el 45% de los portugueses la sanidad pública ha empeorado, frente al 12% que cree que mejoró, según una reciente encuesta. Tanto para simpatizantes socialistas como comunistas es el primer problema del país.

Pero la percepción de la calidad de los servicios públicos también depende del lugar desde el que se mire. El brasileño Adillon se acaba de apear en Grãndola del tren que le trae de Lisboa. La estación se ha transformado en un local para jubilados, pero el tren que une la localidad con la capital para unos minutos cuatro veces al día. Adillon, que viene para trabajar unos meses en un hotel de la ciudad, se ha quedado asombrado de la puntualidad del tren. “Estoy sorprendido con este país, todo funciona bien”.