Una democracia marcada con sangre

Se conoce el segundo informe sobre violencia electoral en Colombia emitido por la Fundación Paz y Reconciliación. No debe olvidarse que estamos a tres meses de elegir más de 1.100 alcaldes, 32 gobernadores y decenas de concejales y diputados departamentales. Las cifras son bastante altas, o al menos, se puede decir que estos niveles de violencia no se veían hacía bastantes años. Entre el 27 de octubre de 2018 y el 17 de julio de 2019 se registraron 83 hechos de violencia electoral que han dejado un total de 129 víctimas.

La mayoría de las victimizaciones son amenazas, aunque los homicidios y atentados se han incrementado las últimas semanas. En total, 96 amenazas, 12 homicidios y 15 atentados, entre otros datos. La violencia electoral se ha presentado en 23 departamentos (71,87% de todo el territorio nacional), de los 32 que tiene el país. De estos, 7 concentran un 74,41% del total de víctimas: La Guajira (20), Valle del Cauca (18), Tolima (13), Bogotá (12), Nariño (11), Antioquia (11) y Cauca (11).

Aquí surge otra conclusión importante: no hay una tendencia que indique una relación entre estos hechos de violencia electoral y las zonas de posconflicto. Es decir, aquel argumento sobre el vacío de poder dejado por las FARC en algunas zonas del país como causante de diferentes hechos de violencia producto del copamiento criminal, no es tan fuerte en los que tienen que ver con violencia electoral. Así las cosas, todo parece indicar que la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política en varias regiones del país. O también, se puede argumentar que élites locales y regionales temen a la competencia política y se resisten a procesos democratizadores.

Lo anterior también se deduce del perfil de las víctimas. Los funcionarios públicos de elección popular permanecen como el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas (51%), siendo los concejales (38), los senadores (9) y los alcaldes (7) quienes encabezan las cifras. Por su parte, el segundo grupo lo representan los precandidatos, que en los últimos tres meses prácticamente se han duplicado, pasando de 18 a 37 víctimas, y asimismo recogiendo el crecimiento estadístico más crítico entre todos los perfiles analizados. Obviamente, entre más se acercan las elecciones hay más niveles de violencia. De estos, 28 aspirarían a alcaldías, 5 a concejos, 3 a gobernaciones y 1 a asamblea departamental. Resulta llamativo que los departamentos con mayores escándalos de corrupción lideran los números más altos de victimizaciones.

Otra conclusión interesante del informe tiene que ver con la pertenencia ideológica de las víctimas. Primero, los partidos de oposición registran 38 víctimas que es el 30% de todos los hechos y a esta cifra se suma un 2% (3 casos) equivalente a personas que pertenecen a movimientos políticos afines a partidos de oposición. Segundo, la coalición de gobierno presenta 25 casos (19,37%) y una variación de 47,05% equivalente a 8 nuevas víctimas entre el primero de abril y el 15 de julio de 2019.Tercero, los partidos independientes (tradicionales), 22 víctimas que recogen el 17,05% (88,33% de variación porcentual). Y, finalmente, en un 32% de los casos la alineación política de las víctimas permanece desconocida debido, quizá, a la etapa temprana de los comicios regionales.

Esto significa que los sectores con mayores niveles de votación en las elecciones nacionales de 2018, es decir, los sectores en crecimiento son los más victimizados. Igualmente, la tendencia nos permite afirmar que a medida que se acerque el día de las elecciones la violencia aumentará. De hecho, el periodo de campaña electoral comienza, oficialmente, el 27 de julio, momento en el cual se sabrán las listas definitivas de candidatos y los partidos políticos que los avalan. Una democracia marcada con sangre.