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Las cesiones en migración aplacan los ataques de Trump a México

En tiempo récord, México ha endurecido los controles a los centroamericanos y, de facto, se ha convertido en el muro deseado por el presidente de Estados Unidos

Una decena de inmigrantes que intentaban cruzar hacia El Paso desde Ciudad Juárez huyen de la Policía mexicana. En vídeo: declaraciones de Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, sobre el acuerdo de México Reuters

El último mes y medio ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre México y Estados Unidos. La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ponía freno a la migración centroamericana hacia el norte hizo que saltaran todas las alarmas en el país latinoamericano. Una guerra comercial afectaría sobremanera a la economía mexicana, que bordea la recesión. En tiempo récord, México ha endurecido los controles migratorios y cumplido con las demandas de Trump. Y López Obrador con su promesa de no confrontar al presidente de Estados Unidos. A cambio de aplacar a Trump, México se ha convertido, de facto, en su ansiado muro.

“Nosotros hemos hecho todos los compromisos en los que quedamos”, afirmó este viernes el canciller Marcelo Ebrard, que este domingo se reunió con su homólogo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, para certificar los avances en las exigencias de Trump. Ebrard señaló que México "no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de tercer país seguro de México y Estados Unidos".

Desde el triunfo en las elecciones del 1 de julio del pasado año se ha especulado mucho sobre cómo sería la relación entre ambas administraciones, dos políticos en las antípodas ideológicas, pero que comparten métodos de comunicación y confrontación para con sus adversarios. Ambos saben que no pueden llevar a cabos sus proyectos —uno de corte neoliberal; el del mandatario mexicano con un amplio contenido social— sin estabilidad económica. La aprobación del nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá —pendiente de aprobación en sus Congresos— durante los meses de transición en México, con la participación de enviados de López Obrador se percibió como la garantía de una relación fluida. Un espejismo.

López Obrador y Ebrard, que además de jefe de la diplomacia ha ejercido de vicepresidente de facto —no existe el cargo en México— en los últimos meses, sabían desde el primer día que la política migratoria iba a ser el mayor motivo de confrontación entre ambos países. No ya por los comentarios racistas que ha manifestado el presidente de Estados Unidos a lo largo de su mandato. La coincidencia de los primeros años de gobierno de López Obrador con la campaña electoral para la reelección de Trump forjaba los peores presagios. “Sabemos que contra más se acerque las elecciones, el discurso se va a volver más duro”, aseguraba un alto funcionario mexicano a principios de año. De prometer construir el muro, el inquilino de la Casa Blanca pasó a amenazar con cerrar la frontera.

López Obrador inauguró su sexenio con una política de puertas abiertas en la frontera sur, un cambio de paradigma que, de inmediato, se topó con el rechazo de Trump. El inquilino de la Casa Blanca arreció sus ataques contra México, a quien volvía a culpar de no hacer nada por detener la migración irregular hacia Estados Unidos. Las amenazas de que cerraría la frontera iban in crescendo. El desafío fue mayúsculo cuando Trump anunció que impondría aranceles a los productos mexicanos, lo que obligó a una negociación in extremis para frenarlo. Ese día, López Obrador se plegó a los deseos de Trump a cambio de que la economía no se viera lastimada.

México batió en junio el récord de deportaciones, apenas tres semanas después de lograr el pacto migratorio con Trump: un total de 21.912, un 33% más que en el mes anterior, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Hay que retroceder hasta marzo de 2006, último año del mandato del conservador Vicente Fox, para encontrar una cifra superior: 23.529 personas. No solo el número de deportados creció, también el de extranjeros detenidos en México, por encima de los 29.000, un 23% que en mayo. Las más de 20.000 personas deportadas en junio contrastan con las 6.373 que fueron expulsadas en diciembre, el primer mes del mandato de López Obrador, un incremento del 71% en siete meses. En todo este tiempo. México ha deportado a 82.132 personas, 22.000 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto.

La contención de México con los migrantes se ha visto correspondida con la de Trump en Twitter. El mandatario ha pasado de atacar con virulencia y de criticar las leyes mexicanas a celebrarlas y felicitar a su vecino del sur por el trabajo hecho. Estados Unidos, a cambio, ha cancelado la imposición de aranceles de forma indefinida, un espacio temporal que puede abarcar muy poco en tiempos de Trump. Además, el Gobierno de México se muestra optimista porque, hasta el momento, sus ciudadanos parecen no verse afectados por las redadas contra migrantes que ha iniciado el presidente de Estados Unidos.

Para tratar de compensar sus cesiones, México ha comenzado a desarrollar un plan de desarrollo en el sur del país y Centroamérica, que cuenta con el apoyo verbal de los organismos internacionales y de Estados Unidos. El viernes, en un hecho insólito, el Gobierno mexicano entregó 30 millones de dólares al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para impulsar un programa de desarrollo en el campo diseñado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El plan es el mismo que el mandatario mexicano ha impulsado en los últimos meses en el sureste de México, en el que su Gobierno financia la siembra de árboles frutales y maderables para dar un empujón a la agricultura local y generar empleos.

El objetivo de México es lograr que las buenas palabras se traduzcan en financiación, de ahí que el Gobierno de López Obrador prevea una conferencia internacional de donantes, a la que pretende invitar a Pompeo. La ayuda económica permitiría poder concretar un plan Marshall para la migración centroamericana. El gran anhelo mexicano aún choca con Trump.

Enrique Peña Nieto, el antecesor de López Obrador, pagó muy caro su relación con Trump desde que lo invitó a México en plena campaña presidencial estadounidense, para que, horas después de su visita, Trump se lanzara contra México en un mitin. Golpeado por un final de sexenio marcado por la corrupción y los altos índices de violencia, todos los movimientos de Peña Nieto con Estados Unidos, dirigidos a lograr un nuevo tratado de comercio junto con Canadá y propiciados por la relación de su canciller, Luis Videgaray, con Jared Kushner, el yerno de Trump, fueron criticados sin paliativos.

La sumisión con Estados Unidos, en líneas generales, no ha cambiado, pero la suerte del presidente de turno, sí. López Obrador, que ha cedido incluso más de lo que hizo Peña Nieto en materia migratoria de acuerdo a las cifras oficiales, no ha sufrido réditos políticos considerables. Ausente la oposición política, los críticos más visibles con el presidente, el sector empresarial, ha visto con buenos ojos las concesiones migratorias con tal de no ver la economía perjudicada. En el plano social, una encuesta reciente del diario Reforma y The Washington Post señalaba que 6 de cada 10 mexicanos consideran que los migrantes son un peso para su país porque se queda con trabajos que deberían ser para los mexicanos. Según el mismo estudio, el 55% está a favor de deportar a los migrantes que crucen México hacia Estados Unidos. En cierta manera, el discurso antiinmigración de Trump están calando… en su vecino del sur.

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