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COLUMNA i

Ecocidios, otra gran prueba para López Obrador

Los accidentes de los que nos enteramos son una minoría de la que apenas tenemos conocimiento

Una tortuga caguama muerta, a unos kilómetros del derrame de Grupo México en Guaymas (norte de México).
Una tortuga caguama muerta, a unos kilómetros del derrame de Grupo México en Guaymas (norte de México). EFE

Lo primero que tenemos que preguntar es cuántos de los ecocidios provocados por Grupo México han quedado en silencio. Y es que los accidentes de los que nos enteramos son apenas una minoría, una minoría de la que tenemos conocimiento, para colmo, por meros imponderables: por ejemplo, un trabajador que filma un derrame de 3.000 litros de ácido.

Si por ellos fuera, la empresa de Germán Larrea nunca haría públicos sus envenenamientos, aún a pesar de estar obligada por ley, por cuestiones éticas y morales básicas y por elemental humanidad. Su actuar tras el último derrame lo confirma: el trabajador que filmó el desastre fue despedido horas después de publicar el video.

Lo segundo que tenemos que preguntarnos es, entonces, cuántos de los sucesos en apariencia inexplicables —la muerte de un grupo de ballenas, la aparición de cientos de peces flotando en una presa, la explosión de casos de cáncer en una región específica de nuestro país o la desaparición de cientos de miles de abejas— son una mera consecuencia del actuar criminal, voraz, inconsciente e impune de Grupo México.

Y es que si a pesar de todos sus esfuerzos, los accidentes de los que nos enteramos son tantos —ninguna empresa minera, de transportación o de desarrollo de infraestructuras en el planeta tiene una tasa de ecocidios tan alta como la de Larrea—, podemos inferir que la de los accidentes silenciados —ya sea a consecuencia de la corrupción, de la incapacidad de las autoridades o de los cientos de miles de kilómetros donde el Estado está ausente— es aún más alta.

Si por ellos fuera, Grupo México —cuyas subsidiarias Ferromex, Ferrosur, Intermodal México y Texas Pacífico suenan en todos los pasillos del gobierno, una y otra vez, para participar del desarrollo, construcción y usufructo del mayor crimen ecológico que se llevará a cabo durante el presente sexenio: la construcción del Tren Maya— negaría incluso aquello que las imágenes y los estudios constatan: ríos envenenados de cobre acidulado, cientos de miles de hectáreas muertas por residuos harinosos —deshechos de tierra triturada y lavada con arsénico— y mantos subterráneos destrozados por mercurio y plomo.

Pero la empresa de Germán Larrea, si por su principal accionista fuera, no solo negaría sus ecocidios evidentes y aquellos que esconde, también negaría el trabajo ilegal que mantiene en secreto y las condiciones esclavistas pero legales en las que laboran sus trabajadores: usted seguramente recuerda cómo vivían, cómo llevaban a cabo sus quehaceres y cómo terminaron los 65 mineros de Pasta de Conchos, cuyos cuerpos no valieron, ni muertos ni vivos, la inversión que se requería para rescatarlos.

Lo que usted, sin embargo, no recuerda, es la explotación infantil que he atestiguado en tres Estados diferentes de la República. Por eso se la cuento aquí y ahora, para que desde este mismo instante lo recuerde para siempre: al proceso de extracción del que hablo le dicen pozitos y consiste en lo siguiente: se cava, con una barrenadora, un hoyo profundo, muy, muy profundo pero muy, muy estrecho, tan estrecho que un hombre adulto no puede descender en las canastas que ahí se introducen: por eso se utiliza a niños, niños de entre siete y catorce años, cuyas infancias y expectativas de vida son destrozadas.

Lo tercero que tenemos que preguntarnos es, ahora, por qué un conglomerado de empresas —Grupo México— y una familia —la familia Larrea— goza del privilegio y de la impunidad no solo de explotar a su antojo a los trabajadores de nuestro país y de destruir lo único que todavía nos pertenece a todos: el medioambiente, sino también de no enfrentar nunca las consecuencias que deberían haberles significado los múltiples accidentes ferroviarios que han causado, así como los innumerables fallos, retrasos e incluso no entregas de diversos proyectos de infraestructura. La respuesta a esta pregunta, sin embargo, es la más sencilla de todas.

Y es que la falta de transparencia es el ADN de Grupo México, así como el compadrazgo es su mayor seña de identidad: a través de estas dos formas de actuar, que en nuestro país se han convertido, tristemente, en verdaderas estrategias de negocios, la empresa de Larrea se hizo de la mayoría de sus activos, durante las ventas a dedo, brindis y espantasuegras del periodo neoliberal: sin mayores concursos, los Salinas les entregaron el subsuelo, al tiempo que Zedillo, tiempo después, les entregó las vías de comunicación para que pudieran transportar libremente sus materias primas por toda la república.

Pero durante el periodo de las gangas neoliberales, Grupo México, que hasta entonces se había limitado, básicamente, a trabajar para Pemex, no sólo recibió, de manera por demás opaca, la minería y las vías de ferrocarril, también se hizo de las conexiones con las principales terminales portuarias de nuestro país, así como de los cinco puntos fronterizos de mayor tráfico histórico, presente y futuro. Por supuesto, uno pensaría que con esto no le haría falta, a Grupo México, ninguna ayuda más.

La impunidad, sin embargo, llama a la impunidad: durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón —el hombre cuyo closet está tan retacado de cadáveres que se ha visto obligado, por puro temor personal, ha salir del ostracismo e inventar un nuevo proyecto político, que mejor haría en llamarse ¿Calderón libre?—, Grupo México multiplicó incomparablemente sus concesiones de explotación.

Por supuesto, durante los periodos aquí señalados e incluso antes, muchas de las empresas que conforman el conglomerado de Larrea también fueron saneadas por el propio gobierno, a costo cero para Grupo México y, por supuesto, a costo completo para los impuestos y el dinero de todos los mexicanos.

Los mismos mexicanos que hoy somos envenenados por los ecocidios de Grupo México, los mismos mexicanos que hoy vemos como mueren nuestros mantos profundos, nuestros ríos, nuestros lagos y nuestros océanos. Los mismos mexicanos que vemos morir nuestra flora y nuestra fauna, sin que los gobiernos, sean de las siglas que sean, hagan nada.

Otra vez, el nuevo Gobierno, el gobierno de AMLO, tiene delante una oportunidad para demostrar que es todo aquello que prometió ser: el derrame del Mar de Cortés —cuyas primeras víctimas yacen caparazones arriba sobre las playas— no puede quedar impune. Como tampoco pueden quedar impunes las prácticas cotidianas, ilegales y voraces de una de las empresas más dañinas de la historia de México: ¿o será este nuevo gobierno otro más que haga la vista hacia otro lado ante el trabajo infantil y la explotación asesina de los mineros mexicanos?

Según el propio Grupo México, cada año dedica 4 mil 200 millones de pesos a asuntos de carácter ambiental. Esto es el 2.2% de su ganancia anual. Según el propio gobierno, sin embargo, las empresas de extracción deberían dedicar entre el 25 y el 30 por ciento de sus ganancias a limpiar su impacto.

Esta es, pues, la cuarta y última pregunta que vale la pena hacerse ante esta realidad de devastación y muerte: ¿por qué no empieza, el nuevo gobierno, por obligar a Grupo México a cumplir con este porcentaje?

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