La Justicia de Brasil cierra el caso por el apuñalamiento a Bolsonaro

Brasil estaba en plena campaña para una de las elecciones más polarizadas de su historia. Hace diez meses, el entonces candidato Jair Bolsonaro participaba en un mitin en la ciudad de Juiz de Fora (Minas Gerais) cuando sufrió un ataque que casi le cuesta la vida. Adélio Bispo de Oliveira le clavó un cuchillo en el abdomen: creía que el aspirante formaba parte de una conspiración masónica que incluía "el exterminio de los militantes de los partidos de izquierdas y minorías" y que Dios lo había escogido para salvar el país, tal como figura en los documentos adjuntados al proceso judicial de la causa. Los informes médicos han comprobado el trastorno mental del agresor, pero el presidente nunca ha confiado en esa versión. "¿Saben a qué se debe esa historia de ser loco? Porque, de aquí en adelante, si decide delatar a alguien para reducir su condena, ya no valdrá porque está loco", llegó a decir en un directo en la red social Facebook, uno de sus canales de comunicación predilectos.

El hoy presidente pasó entonces a defender que Adélio formaba parte de un presunto intento de asesinato planeado por opositores poderosos. Llegó a enfadarse, incluso, con las investigaciones, que apuntaban a que el agresor había actuado en solitario e incluso acusó a la Policía Federal de "silenciar el caso". "Parece que la Policía Federal actúa en parte como defensa del delincuente. No quiero que se inventen un responsable, lo que quiero es que investiguen el caso", afirmó unas semanas después del atentado.

En junio, la justicia brasileña consideró que Adélio no era imputable porque padecía problemas psicológicos. A Bolsonaro no le gustó y prometió, indignado, que iría "hasta las últimas consecuencias" para que el ataque no quedase impune. También aseguró que sería importante evitar que el caso pasase en autoridad de cosa juzgada para que Adélio tuviese la "oportunidad de decir" quién ordenó matarle. No obstante, esta semana, la justicia brasileña dio por terminado el proceso porque ni el Ministerio Público ni los abogados del presidente  interpusieron recurso alguno.

A pesar de haber defendido un discurso conspiratorio los últimos meses, Bolsonaro optó por no manifestarse sobre el final del proceso. Tampoco explicó por qué no ha recurrido, incluso habiendo criticado el reconocimiento de trastorno mental de su agresor. La última vez que se pronunció sobre este asunto fue en Twitter —otros de sus canales de comunicación preferidos— el 11 de junio: el mandatario publicó un vídeo en el que el abogado de Adélio, Zanone Oliveira, se niega a revelar quién lo contrató por motivos de seguridad. La tesis del mandatario es la de que el responsable de pagar los honorarios del letrado expondría los presuntos autores intelectuales del delito. El hecho de que Adélio hubiese estado afiliado al partido de izquierdas PSOL (Partido Socialismo y Libertad) durante seis años sumó un argumento a la tesis del presidente.

El clan bolsonarista, que durante meses animó a sus seguidores a defender su tesis, mantiene el silencio seis días después de la terminación del proceso. La falta de reacción generó extrañeza incluso entre los compañeros de partido del presidente. "Ni siquiera el apuñalado está interesado en que haya castigo, justicia, ni en dar continuidad al proceso del presunto delito. Este es un Brasil extraño", publicó el diputado Alexandre Frota (PSL).

Exento de responsabilidad por trastorno mental

La Justicia reconoce que Adélio planificó y ejecutó el ataque, pero entiende que no puede responsabilizarse del mismo por su trastorno mental. Adélio permanecerá indefinidamente en el Penal Federal de Seguridad Máxima de Campo Grande (Mato Grosso do Sul) y tendrá que pasar por una revisión psicológica en tres años, cuando se valorará nuevamente su peligrosidad.

Al no haber recursos contra la resolución, el proceso contra Adélio Bispo se da por concluido, pero aún hay una investigación policial en marcha sobre la posible participación de terceros. Hasta el momento, como parte de la investigación, que se lleva en secreto, ya se ha tomado declaración a más de 100 personas. "No había nada que defender en el recurso de la sentencia", dice el fiscal Marcelo Medina, del Ministerio Público, justificando que hay pruebas e informes que confirman el trastorno mental del agresor. Por su parte, el bufete de abogados Moraes Pitombo, que representa al presidente, se limita a decir que prefirió cambiar de estrategia, sin entrar en más detalles. EL PAÍS trató de ponerse en contacto con la oficina de Bolsonaro, pero esta no quiso hacer comentarios sobre el caso.